El actual líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, y el exdictador chino Jiang Zemin. (Imagen de archivo)

Redacción Tierra Pura

La expansión del coronavirus, también llamado ‘virus PCCh’, ha afectado gravemente a todo el planeta. Pero, a su vez, viéndolo dialécticamente, ha interpelado a todos los países para que estos puedan adoptar una postura recta frente a la responsabilidad del régimen comunista chino en esta tragedia para la humanidad.

La información que ya ha salido a la luz demuestra que el Partido Comunista chino (PCCh) mintió y ocultó información de vital importancia para que la comunidad internacional pudiera adoptar una temprana postura de precaución ante la, entonces, incipiente epidemia. Aún más, cada día aparecen nuevos y reveladores indicios que infieren que el coronavirus se pudo haber creado en un laboratorio de Wuhan.

Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la dictadura comunista? Probablemente aún no sepamos toda la verdad pero en muchos lugares ya se abrieron demandas judiciales porque, en efecto, existen elementos suficientes para probar su, cuanto menos, irresponsable accionar.

El actual cabecilla del Partido Comunista chino, Xi Jinping. (Imagen de archivo)

No todas las demandas presentadas hasta ahora son iguales. La absoluta mayoría de ellas son pedidos de resarcimientos económicos (multimillonarios) ante el desastre sanitario y económico que ha dejado el avance del virus PCCh en todo el mundo. Estamos hablando de cientos de miles de muertos, millones de infectados y un número inconmensurable de daños materiales.

Entre todas esas presentaciones se destaca una de Argentina, en donde un escrito de carácter penal apunta, nada más ni nada menos, a juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen chino. ¿De qué se trata esta denuncia? ¿Es viable? ¿Argentina podría investigar y eventualmente condenar a las autoridades del PCCh? ¿Sería un hecho histórico? ¿Hay antecedentes?

Sin lugar a dudas, los tribunales argentinos, en este sentido, pueden jugar un rol especial porque, de hecho, ya han demostrado su compromiso con la justicia universal y han pedido la captura internacional de un exdictador chino por otros crímenes de lesa humanidad.

“Genocidio virósico”

El 16 de abril un abogado de la Ciudad de Buenos Aires presentó una denuncia penal -hasta ahora la única del mundo- acusando al régimen chino de provocar un “genocidio virósico”. Como tal, el mismo representaría -según la demanda- un crimen de lesa humanidad.

“Todos los caminos conducen a la responsabilidad del gobierno chino”, apunta en comunicación con TierraPura.org el Dr. Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien presentó la denuncia ante los tribunales de Comodoro Py.

En el marco de una investigación penal, Kalbermatten insta a la justicia argentina a que exhorte, es decir que requiera, a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue no solo qué, quién y por qué se originó el virus PCCh sino cuál fue la motivación geopolítica detrás de ello. Es más, también apunta a la complicidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por demorar en advertir a la comunidad internacional sobre la propagación inicial del virus.

La base de la presentación del abogado argentino son las -cada vez más- pruebas que señalan que el virus PCCh se habría originado en el laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan, el cual se encuentra a escasos kilómetros del mercado de mariscos donde supuestamente comenzó el brote.

Instituto de Virología de Wuhan

De hecho, el abogado citó un artículo de The Washington Post que señala que funcionarios estadounidenses alertaron hace dos años sobre las inapropiadas medidas de seguridad tomadas en ese laboratorio. De acuerdo con el Post, en las instalaciones se estaban realizando investigaciones riesgosas sobre coronavirus de murciélagos.

Es por ello que la demanda de Kalbermatten busca establecer si las muertes y crisis “económicas, sanitarias y sociales constituyen ‘genocidio’ o crímenes contra la humanidad” que deban ser investigados y juzgados por la CPI de acuerdo al Estatuto de Roma, el cual fue ratificado por Argentina en el año 2001.

Kalbermatten acaba de ser notificado por la justicia argentina para que esta semana ratifique su denuncia vía remota (por la cuarentena obligatoria que rige en el país).

“La denuncia va perfectamente encaminada”, destaca el abogado.

Sin embargo, juristas consultados por TierraPura.org muestran sus reparos acerca de la viabilidad de la causa. Entre otras observaciones, destacan que el delito expuesto no existe como tal en ningún código legal y además que la República Popular China no ha adherido al Estatuto de Roma, por lo cual no forma parte de él.

Sede de la Corte Penal Internacional de La Haya, Países Bajos

“Todos compartimos que es ‘raro’ lo ocurrido en China con el coronavirus; pero lo único objetivo es que el virus comenzó allí y desde allí se propagó. A mi modo de ver esa situación acarrea responsabilidad civil pero no penal… por lo menos por ahora”, destaca una de las fuentes consultadas.

“Si llegara a determinarse que este virus es un ‘arma’ biológica; eventualmente deberá tratarse como crímenes de guerra”, apunta una voz experimentada en materia penal al ser consultada por TierraPura.org.

En ese marco, Kalbermatten argumenta que el delito de “genocidio” es uno de los crímenes de lesa humanidad que la CPI tiene potestad de juzgar.

Asimismo, afirma que, a pesar de que el régimen comunista chino no ha adherido al Estatuto de Roma, la CPI, por iniciativa de los países que adhieren al tratado, igualmente tiene la capacidad de intervenir y eventualmente juzgar los crímenes expuestos.

“Que China no esté en el Estatuto de Roma no significa que no pueda ser condenada”, apunta Kalbermatten.

“El Estatuto de Roma le permite a la Argentina demandar a China y obtener un resarcimiento económico”, señala.

Por otro lado, Kalbermatten explica que, aplicando la jurisdicción universal, la justicia argentina puede iniciar paralelamente una investigación para determinar la eventual responsabilidad penal de los funcionarios a cargo del laboratorio de Wuhan y de las autoridades del PCCh, los dos grupos denunciados en su querella.

“Puede haber una investigación paralela local con la de la Corte Penal Internacional”, detalla al proyectar un camino alternativo que puede tomar la causa.

“Le pido a las autoridades del gobierno argentino que promuevan una investigación a nivel nacional y, a su vez, que exhorten a la Corte Penal Internacional a que haga lo propio”, reafirma.

Las víctimas demandan al PCCh

Países tan distantes pero igualmente afectados por el virus PCCh, como Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña o Nigeria, han abierto demandas civiles contra el régimen chino representando a cientos de miles de conciudadanos que se vieron afectados de igual manera por la pandemia.

En este punto, Kalbermatten adelantó que también llevará a cabo una “acción de clase” para representar a las víctimas afectadas por el virus PCCh a nivel nacional.

Las acciones de clase son acciones colectivas que representan intereses de personas víctimas o damnificadas por determinado hecho.

De esta forma, una «acción de clase» posibilita que un fallo sea aplicable a todas las personas que estén en una misma situación. Y facilita que todos estén representados en un mismo juicio por una organización que los agrupe (una ONG, por ejemplo).

Si bien es cierto que este mecanismo no existe legalmente en Argentina, con el tiempo la Corte Suprema, a través de distintos fallos, fue dejando la posibilidad de que se instrumenten estas acciones y en la práctica ya se realizan.

En este marco cabe destacar que en el país sudamericano, el virus PCCh ha provocado más de 200 muertes y cerca de 5 mil infectados.

La presentación de Kalbermatten habilita al Poder Ejecutivo de Argentina a que pueda participar como querellante en la causa.

“Los especialistas se plantean el motivo de la creación de un virus tan poderoso como letal con el que tendremos que lidiar por mucho tiempo”, señala Kalbermatten.

“Tampoco se descarta una posibilidad que deja helado y expectante al mundo: si el coronavirus fue o no creado con un claro objetivo: ser un arma letal”, añade.

La causa más avanzada del mundo que juzga al PCCh está en Argentina

Si bien puede sonar utópico que un país pequeño como Argentina pueda juzgar a las máximas autoridades del régimen comunista chino, la realidad ha demostrado que a la justicia del país sudamericano no le ha temblado el pulso a la hora de investigar los crímenes de lesa humanidad ejecutados por el gigante asiático.

En 2009, luego de casi cuatro años de investigación, el entonces juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid pidió la captura internacional del exdictador chino Jiang Zemin, por considerarlo el máximo responsable del genocidio religioso que ocurre en China contra los practicantes de la disciplina de la Escuela Buda llamada Falun Dafa.

Casualmente, desde los mismos tribunales federales de la calle Comodoro Py donde el Dr. Kalbermatten presentó recientemente su denuncia, el entonces juez Aráoz de Lamadrid, a cargo del Juzgado Federal N° 9, determinó en diciembre de 2009 que había pruebas suficientes para realizar el llamado a indagatoria -con notificación roja de Interpol incluido- de Jiang y de Luo Gan, por entonces secretario de la poderosa y temida Comisión de Asuntos Políticos y Legales del Comité Central del PCCh.

“Claramente fue un hecho histórico”, destaca el Dr. Aráoz de Lamadrid en diálogo con TierraPura.org al recordar lo sucedido hace poco más de una década.

La brutalidad de esta persecución religiosa es tal que especialistas de derechos humanos han demostrado que incluye, además de torturas sistemáticas, violaciones grupales, campos de trabajo forzado y sesiones de lavado de cerebro, sustracción forzada de órganos de personas vivas. Este último hecho ha sido descrito como “una maldad nunca antes vista en este planeta” por el reconocido abogado canadiense de DD. HH, David Matas.

“Luego de una minuciosa investigación de más de tres años (que incluyó recibir testimonios de víctimas directas de torturas refugiados en distintos países), consideramos reunidos suficientes elementos objetivos como para fundar un estado de sospecha para recibirles declaración indagatoria a los imputados Jiang Zemin y Luo Gan, en orden a los delitos de lesa humanidad cometidos en la República Popular China (torturas, desapariciones forzadas, extracciones de órganos, etc.)”, apunta el Dr. Aráoz de Lamadrid.

La sustracción de órganos es uno de los crímenes que forman parte de la persecución religiosa contra los practicantes de Falun Dafa en China

“Tratándose de delitos que están reprimidos con pena privativa de la libertad, y siendo que los imputados no se encontraban en el país, correspondía librar orden de captura nacional e internacional respecto de los nombrados a través del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina, para que una vez habidos, sean puestos a disposición del Tribunal”, describe.

Después de muchas idas y vueltas, por la presión de la embajada china en Buenos Aires para que se cierre la investigación, la causa judicial Nro. 17.885/2005 («LUO GAN JIANG ZEMIN s/ imposición de torturas y genocidio») sigue abierta en el juzgado federal N°9 bajo el fin de comprobar la culpabilidad de Jiang y Luo en el genocidio.

El Dr. Alejandro Cowes de la Ciudad de Buenos Aires es quien patrocina la demanda presentada inicialmente en el 2005. Desde hace 15 años, el Dr. Cowes viene aportando una inmensa cantidad de pruebas y testigos que han permitido superar, una y otra vez, las interferencias de la embajada china en Buenos Aires y han contribuido al avance de la investigación.

Desde hace unos años, la causa está en manos del juez federal Luis Rodríguez, quien está a cargo del Juzgado Federal N°9. Esta investigación es la más avanzada del mundo y podría determinar que, eventualmente, la justicia argentina podría volver a citar a indagatoria a los máximos responsables de estos crímenes de lesa humanidad.

En cuanto al virus PCCh, el Dr. Kalbermatten no tiene dudas de la responsabilidad del régimen comunista, tanto en su origen como en su propagación.

“Siendo un régimen comunista, era obvio que estas cosas las iban a tratar de ocultar… Hay una situación extraña”, reflexiona sosteniendo que inclusive en la línea de investigación no se puede descartar que el virus haya sido creado artificialmente con fines criminales, es decir, un auténtico caso de bioterrorismo.

“No me parece tan descabellado porque en la mente de un gobierno de esas características, pasan esas cosas”, afirma.

“La responsabilidad es penal porque han matado gente, y mucha. Esto ha sido letal”, concluye el Dr. Kalbermatten.

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