En la mañana de ayer en Córdoba comerciantes de toda la ciudad acudieron a la Plaza San Martín en una especie de «Cabildo Abierto» manifestándose en contra del endurecimiento de la cuarentena. El lunes pasado el intendente de la ciudad, el peronista Martín Llaryora, había dado marcha atrás con las nuevas reglas de la cuarentena, luego de que se registraran 55 casos nuevos de coronavirus en 72 horas el fin de semana pasado.

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A pesar de ese pico, el aumento de la cantidad de casos no es significativo, según denunció el prestigioso Jefe de Guardia del Sanatorio Allende, y los comerciantes cordobeses exigen que se les permita reabrir los comercios.
El «Cabildo Abierto» de ayer fue autoconvocado. Una de las comerciantes explicó para Cadena 3 lo siguiente:

«Exigimos la apertura comercial y económica. Tenemos que empezar a trabajar todos. Es imprescindible. Necesitamos un protocolo con medidas de seguridad para regresar a trabajar. Hay mucha gente que ha quebrado. Ya no es una cuestión solo económica. También es una cuestión social y una cuestión de desesperación y de salud mental. Eso agrava mas aún la situación del virus, que entendemos que vino a quedarse»

La movilización generó un trending topic en Twitter: #Cordobazo, recordando la masiva movilización de cordobeses en el año 1969, en contra del gobierno de facto de Onganía, que había impuesto un toque de queda en la provincia; salvando las distancias, con las mismas consecuencias en los comerciantes que esta cuarentena.

El presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, José Viale, apoyó esta movilización y criticó al Centro de Operaciones de la provincia, acusando tanto al gobernador Schiaretti como al intendente Llaryora de retroceder con la flexibilización de la cuarentena sin evidencia suficiente que el aumento de casos sea excesivamente preocupante.

«Veníamos mal por la cuarentena y fue una gran decepción la marcha atrás a la flexibilización. Le pedimos al COE que esclarezca cuál es el origen de la medida que se estableció esta semana», dijo en diálogo con Cadena 3.

Durante la marcha, de claro tinte liberal, los comerciantes pidieron eximir a los comercios de impuestos provinciales y tasas municipales mientras dure la crisis, diferir el pago de las tarifas de luz y gas y flexibilizar las condiciones de contratos de trabajo ante la imposibilidad del pago de salarios de las PyMEs que no recibieron ayuda del Estado nacional.

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Los comerciantes aseguran que ellos están tomando todos los recaudos necesarios -de hecho en la marcha no se vio ni a una persona sin barbijo- y que han utilizado estos 2 meses de inactividad para acondicionar sus locales a la «nueva normalidad» que menciona el gobierno. Entre otras cosas, menos caudal de personas en los locales, reducir el contacto entre ellos y el cliente y proveer de alcohol en gel todos sus puntos de entrada.

Otros países como España, Italia o Francia, que han tenido niveles de contagio cientos de veces mayor ya han reabierto su economía de pequeña y mediana escala, y los comercios han sido beneficiados a través de estímulos fiscales.

En Argentina, no hay ningún indicio de que algo así vaya a pasar, y la gran mayoría de los políticos exigen a los comerciantes que «es hora de ganar menos».

El pasado 6 de mayo ya había tenido lugar otra movilización, convocada por la organización Comerciantes Unidos, pidiendo por una flexibilización de la cuarentena, que finalmente fue otorgada por el gobernador Schiaretti el 11 de mayo. Lamentablemente, tan solo una semana después, el 18 de mayo, se decidió ir marcha atrás lo que disparó esta nueva movilización de hoy.

El presidente Alberto Fernández está recorriendo varias provincias del país esta semana, recorriendo algunas pocas fábricas que pudieron reabrir en los puntos menos afectados del interior y de paso aprovechando para sacarse fotos proselitistas. Sin embargo, debido al fuerte rechazo a la cuarentena en la Provincia de Córdoba, el presidente eligió saltearse este destino por el momento, cancelando el 19 de mayo una visita ala planta Tecme, la cual ya había tenido un encontronazo con Fernández cuando el presidente decidió expropiar su producción de respiradores.

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La otra cara de la moneda: las movilizaciones violentas del sindicalismo

A parte del «Cabildo Abierto» de comerciantes, más entrada la tarde del día de ayer, el gremio de los empleados municipales – SUOEM – se movilizó con protestas violentas al centro de la ciudad manifestándose en contra de la reducción de sueldos del intendente Llaryora.

La mayoría de los empleados municipales están sin trabajar hace casi 2 meses y sus jornadas laborales fueron fuertemente reducidas, en concordancia con sus sueldos. Esta situación es grave ya que si bien los escalafones más bajos del erario público reciben enormes recortes a sus sueldos, la casta política, los eruditos de la cuarentena, no han tomado ni una sola medida que reduzca su salario, que en algunos casos es hasta 10 veces mayor al sueldo de los «munipas«.

Además, el día jueves por la tarde choferes del transporte público se movilizaron al edificio de la Municipalidad, con una caminata desde la sede central del gremio UTA, reclamando por el sueldo de abril, que aseguran que nunca recibieron. Este reclamo no tiene sentido ya que las empresas de transporte en Córdoba no están intervenidas por el Estado como están las del AMBA, y las demandas deben ser correspondidas a las empresas en cuestión y no al intendente, o a lo sumo al gobierno nacional, que a través del programa ATP ha prometido pagar más de 2 millones de sueldos del sector privado este año, que las empresas de transporte nunca recibieron. El transporte público lleva 2 semanas sin funcionar por una paro del sindicato.

La Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria, organismo creado para profundizar las medidas de la cuarentena en el marco de la pandemia de coronavirus, identificó a 21 personas que hoy fueron imputadas por violar el aislamiento obligatorio en la marcha de ayer. Entre los acusados, está la secretaria general de UTA, Carla Esteban, y Pablo Farías, miembro de la comisión directiva del sindicato.

Queda por definir si en las marchas, tanto de comerciantes como de empleados municipales, se realizarán estos rastreos y se procederá a imputar a los trabajadores que están exigiendo por uno de los derechos más importantes de Argentina, el derecho a trabajar.

Fuente: Derecha Diario

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