Traducido de News Thud por TierraPura.org

USAToday informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió a los funcionarios estatales y locales el viernes de la posible ilegalidad de sus órdenes de permanencia en el hogar, ya que el organismo sigue vigilando las restricciones destinadas a contener la propagación de COVID-19.

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En una carta a los funcionarios de Los Ángeles, el fiscal general adjunto Eric Dreiband dijo que sus comentarios recientes sugieren que las órdenes de quedarse en casa por más tiempo «pueden ser tanto arbitrarias como ilegales».

El Departamento de Justicia también dijo que las «amplias limitaciones» del Gobernador de Illinois J.B. Pritzker a los residentes plantean problemas constitucionales.

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El Procurador General William Barr dijo el mes pasado que el Departamento de Justicia intervendría si las órdenes de permanencia en el hogar en respuesta a la pandemia del coronavirus se vuelven demasiado restrictivas, ordenando a los fiscales federales «estar alertas» a las directivas estatales y locales que podrían estar violando los derechos constitucionales.

En un memorando, Barr reconoció que si bien los cierres son «necesarios» para detener la propagación del virus, esas restricciones han impuesto «tremendas cargas» a los estadounidenses.

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«Si una ordenanza estatal o local cruza la línea de un desempeño apropiado de la autoridad para detener la propagación de COVID-19 en una infracción excesiva de las protecciones constitucionales y estatutarias, el Departamento de Justicia puede tener la obligación de abordar ese exceso en un tribunal federal», dijo Barr.

Los comentarios del Departamento de Justicia del viernes sobre Los Ángeles e Illinois no llegan a declarar acciones legales contra los funcionarios locales. Pero advierte de potenciales violaciones de las libertades civiles.

«El Departamento de Justicia no busca dictar cómo las ciudades y condados como Los Ángeles determinan el grado de actividad e interacción entre persnas que se debe permitir para proteger la seguridad de sus ciudadanos», dijo Dreiband en la carta a los funcionarios de Los Ángeles.

«Sin embargo, estamos encargados de proteger los derechos federales estatutarios y constitucionales de todas las personas en nuestro país, y de asegurar que las restricciones gubernamentales no sean inconstitucionalmente graves».

«En pocas palabras, no hay ninguna excepción a la Constitución de los EE.UU. y su Declaración de Derechos».

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