Después de muchos años de tratar de combatir la censura en las redes sociales a través de negociaciones con los “gigántes tecnológicos” como Google, Facebook y Twitter, el presidente Trump finalmente firmó el decreto llamado “Orden Ejecutiva para Prevenir Censura Online” este jueves 28 de mayo.

El decreto de ninguna manera busca agregar nuevas regulaciones al sector privado o interviene en su normal funcionamiento. Lo que esta Orden Ejecutiva busca es terminar con un vacío legal que se había generado desde 1996 por la Sección 230 de la Ley de la Decencia en la Comunicación.

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Este artículo legislado hace más de 20 años le otorga inmunidad legal a cualquier empresa que preste un servicio de interacción social, como lo hace Facebook Inc. con su red social Facebook e Instagram, Google con YouTube, y Twitter Inc. con Twitter, ante cualquier publicación, video, o imagen publicada en sus sitios.

Sección 230: “Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o el orador de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información”.

Esta categoría legal diferencia a estas empresas de cualquier diario o blog, cuyo contenido sí tiene responsabilidad legal y se le pueden iniciar causas legales contra el redactor y editor del mismo.

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En otras palabras, la ley avala que ninguna red social sea responsable por su contenido porque entiende que el servicio que proveen es lo que se conoce como “Foro Público Neutral”, donde la empresa solo ofrece el espacio y la gente interactúa con plena libertad de expresión en el mismo. Esto es equivalente a ser el dueño de un parque que abre sus puertas al público, pero no es responsable legalmente de lo que las personas digan o hagan en ese espacio.

Pero a diferencia del parque, cuando uno se registra en Twitter, Facebook o YouTube, la empresa obliga a sus usuarios a firmar “Términos y Condiciones”, donde estipula todas las acciones que generarían la expulsión de este espacio. Las empresas pueden hacer esto amparados en los derechos de propiedad que garantiza la Constitución de Estados Unidos, pero al mismo tiempo, al hacer esto están entrando en un contrato con cada usuario que se registra en sus sitios web. Estos contratos deben ser respetados.

El problema surge a partir de que estas empresas han censurado contenido en sus redes por fuera de los “Términos y Condiciones” por mucho tiempo, lo cual debería ser ilegal si están disfrutando de los beneficios legales de la Sección 230, pero a su vez aquella ley es ambigua y en el pasado ha quedado a interpretación de la Justicia en cada caso.

La gota que rebalsó el vaso fue cuando, el 26 de mayo, Twitter decidió agregar una nueva funcionalidad a la plataforma, que en ningún momento se menciona en sus “Términos y Condiciones”, y censurar un tweet del presidente Trump donde habla de la potencialidad de fraude electoral que existe si se realiza la votación de noviembre por correo. Twitter agregó una barra abajo del tweet de Trump, advirtiendo que lo mencionado en el mensaje es falso (aunque no lo es), y linkea a una página de chequeado de CNN.

Con esto le dieron a Trump lo que estuvo esperando desde el momento que ingresó a la Casa Blanca; agarró a los “gigantes tecnológicos” cometiendo un enorme acto de censura que debería ser ilegal bajo la Sección 230 y le dio la excusa perfecta para publicar un decreto que lo clarifique.

A partir de ahora, con la nueva Orden Ejecutiva, las empresas que estén bajo inmunidad por la Sección 230 y censuren contenido de su plataforma perderán automáticamente esta inmunidad. Lo que implica que se convertirán en entes legalmente responsables por una y cada una de las publicaciones de cada usuario en todas las redes sociales.

Obviamente esto haría imposible el normal desempeño de cualquier red social, lo que quiere decir es que este decreto obliga a estas empresas a no censurar más el contenido de sus redes.

En Estados Unidos, los decretos presidenciales son ratificados o revocados por la Corte Suprema cuando denuncias de su aplicación llegan a aquella instancia. Por lo que es esperable que el primer paso que den Facebook, Twitter y Google sea denunciar este decreto como inconstitucional, lo cual escalará en las distintas jerarquías judiciales hasta llegar a la Corte Suprema, que actualmente controlan los republicanos con 5 jueces contra 4.

Este proceso será largo y en el medio la Orden Ejecutiva tendrá vigencia pero su aplicación estará sujeta la decisión final de la Justicia, lo que quiere decir que su efecto verdadero lo veremos quizás recién en 2021. Si Trump no gana las elecciones, el nuevo presidente podrá revocar con tan solo una firma este decreto.

Los dueños de redes sociales no aceptarán este decreto tan fácilmente. La razón principal por la que censuran contenido en sus plataformas es porque quieren captar las inversiones en publicidad de muchas empresas cooptadas por el progresismo que dicen que se niegan a publicitar su marca en “redes que estén llenas de odio”. Sin embargo esto no se sostiene por ningún lado, ninguna empresa se va a perder de publicitarse en las redes sociales por diferencias ideológicas con algunos usuarios de esa plataforma.

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ya salió a decir que su empresa no fue responsable de ninguna censura contra las publicaciones del presidente, “esto fue algo que hizo Twitter, no nosotros” y que el decreto no debería afectarlos a ellos.

Además, la Orden Ejecutiva estipula claramente que cualquier empresa que siendo un “Foro Público Neutral” infrinja la Sección 230 no podrá nunca más recibir financiación del Estado, sea en forma de subisidios, contratos gubernamentales, etc.

El presidente Trump también anunció que todas las publicidades del Estado que se promuevan a través de redes sociales que infrinjan este decreto entrarán “bajo revisión”, cortando una de las principales fuentes de financiación que tienen hoy en día tanto Facebook como Twitter.

Otro anuncio del presidente en la rueda de prensa de hoy es que le indicó al Departamento de Justicia que inicie inmediatamente una investigación en el por qué las redes sociales han censurado a sus usuarios.

Principalmente, el Fiscal General William Barr se fijará si hubo una censura desproporcionada contra usuarios negros, conservadores, religiosos, o simpatizantes de Trump o de algún otro político.

La Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe a las empresas a denegar un servicio por excusas raciales o religiosas, y se sospecha que Twitter particularmente ha estado suspendiendo cuentas de conservadores afroamericanos católicos por mostrarse utilizando parafernalia como por ejemplo la gorra roja MAGA de Trump, lo cual podría desembocar en un enorme juicio contra la empresa por discriminación racial y religiosa.

Por último, Trump convocó a todos los diputados y senadores republicanos a llevar esta Orden Ejecutiva al Congreso, para poder plasmar todo esto en una ley que perdure en el tiempo.

FuenteDerecha Diario

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