Traducido de LifeSiteNews por Tierrapura.org

El clero católico, encabezado por el ex nuncio papal Arzobispo Carlo Maria Viganò y los cardenales Gerhard Ludwig Mueller, Joseph Zen y Janis Pujats, se han unido a un llamamiento «para la Iglesia y el mundo» que advierte que la pandemia de COVID-19 está siendo utilizada como «pretexto» por los líderes mundiales para «controlar» a las personas, despojándolas de sus derechos fundamentales, al tiempo que proporciona un «inquietante preludio para la realización de un gobierno mundial más allá de todo control». 

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Ante las restricciones que existen en todo el mundo para la celebración pública de los sacramentos, los firmantes reclaman el derecho de la Iglesia a ofrecer un culto público, sin que las intervenciones del Estado lo impidan.  

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Por último, como pastores responsables del rebaño de Cristo, recordemos que la Iglesia reivindica firmemente su autonomía para gobernar, rendir culto y enseñar. Esta autonomía y libertad son un derecho innato que Nuestro Señor Jesucristo le ha dado para llevar a cabo sus fines. Por esta razón, como Pastores reafirmamos el derecho a decidir autónomamente sobre la celebración de la Misa y los Sacramentos, así como también reclamamos una autonomía absoluta en los asuntos de nuestra jurisdicción, como las normas litúrgicas y las formas de administrar la Comunión y los Sacramentos. El Estado no tiene derecho a interferir, por ningún motivo, en la soberanía de la Iglesia. 

Los firmantes piden que «se eliminen las restricciones a la celebración de ceremonias públicas».

Junto con los 4 cardenales que firman la petición hay 8 obispos, 3 sacerdotes, 21 periodistas, 11 médicos, 13 abogados, 18 profesores y profesionales, y 12 grupos y asociaciones diversas.

En referencia a las medidas de confinamiento debidas al  coronavirus en todo el mundo y a la reducción de las libertades civiles de los individuos, los firmantes manifiestan que creen que hay poderes que actúan en la sociedad «interesados en crear pánico entre la población mundial con el único objetivo de imponer permanentemente formas inaceptables de restricción de las libertades, de controlar a las personas y de seguir sus movimientos». 

«La imposición de estas medidas antiliberales es un preludio inquietante para la realización de un gobierno mundial fuera de todo control», afirman. 

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Argumentando que los cierres generalizados de tiendas y negocios han «precipitado en algunos casos una crisis que ha derrumbado sectores enteros de la economía», los firmantes continúan manifestando preocupaciones sobre posibles cambios radicales en el panorama geopolítico. Afirman que esas economías debilitadas «fomentan la injerencia de potencias extranjeras y tienen graves repercusiones sociales y políticas». 

«Aquellos con responsabilidad gubernamental deben frenar estas formas de ingeniería social, tomando medidas para proteger a los ciudadanos a quienes representan, y para los cuales tienen la gran responsabilidad de mantener sus intereses», dice la carta.

La carta también aborda directamente varias cuestiones relacionadas con los tratamientos médicos para el Virus PCCh.

En primer lugar, la carta insta a los gobiernos y a los organismos internacionales a que no permitan que «intereses comerciales turbios» influyan en sus respuestas hacia el coronavirus.

«No es razonable desestimar los remedios que han demostrado ser eficaces, y que a menudo son baratos, solo porque se desea dar prioridad a tratamientos o vacunas que no son tan buenos, pero que garantizan a las empresas farmacéuticas beneficios mucho mayores, y exacerban los gastos de salud pública», escriben los firmantes.

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Sobre la cuestión de las posibles vacunas contra el coronavirus, los firmantes dicen que «para los católicos es moralmente inaceptable desarrollar o utilizar vacunas derivadas de de fetos abortados». También insisten en que los individuos deben ser libres de rechazar tales vacunas sin que se les imponga ninguna sanción.

La carta también pide a los gobiernos que no adopten iniciativas de controlar a las personas mediante «sistemas de rastreo o cualquier otra forma de localización», y exhorta a que la crisis no sea utilizada como excusa para aumentar los niveles de censura en los medios de comunicación y para eliminar  las voces disidentes.

«No permitamos que se borren siglos de civilización cristiana con el pretexto de un virus, y que se establezca una vil tiranía tecnológica, en la que personas anónimas y sin rostro puedan decidir el destino del mundo confinándonos a una realidad virtual», insta la carta. 

Los firmantes subrayan que, ante la crisis actual, los seguidores de Dios deben tratar de comprender la situación actual a la luz de los Evangelios.

«Esto significa tomar una posición: ya sea con Cristo o contra Cristo. No nos dejemos intimidar o asustar por aquellos que quieren hacernos creer que somos una minoría: El bien está mucho más extendido y poderoso de lo que el mundo nos quiere hacer creer.», indican.

«Con fe, supliquemos al Señor que proteja a la Iglesia y al mundo. Que la Santísima Virgen, Auxilio de los Cristianos, aplaste la cabeza de la vieja Serpiente y frustre los planes de los hijos de las tinieblas», concluye el llamamiento.

Lea a continuación la carta completa:

LLAMAMIENTO PARA LA IGLESIA Y PARA EL MUNDO
A los fieles católicos y a los hombres de buena voluntad

Veritas liberavit vos
Jn 8,32

En un momento de gravísima crisis, los Pastores de la Iglesia Católica, en virtud del mandato que hemos recibido, nos consideramos en el sagrado deber de hacer un
llamamiento a nuestros Hermanos en el Episcopado, al Clero, a los Religiosos, al pueblo santo de Dios y a todos los hombres de buena voluntad. Suscriben también
este llamamiento intelectuales, médicos, abogados, periodistas y profesionales diversos que comparten su contenido, y pueden suscribirlo asimismo cuantos deseen adherirse al mismo.
Los hechos han demostrado que, bajo el pretexto de la epidemia de Covid-19 se ha llegado en muchos casos a vulnerar derechos inalienables de los ciudadanos, limitándose de forma desproporcionada e injustificada sus libertades fundamentales, entre ellas el ejercicio de las libertades de culto, de expresión y de movimiento. La salud pública no debe ni puede convertirse en excusa para conculcar los derechos de millones de personas en todo el mundo, y menos aún para que las autoridades civiles eludan su obligación de obrar con prudencia en pro del bien común. Esto es tanto más cierto cuanto más aumentan las dudas planteadas por muchos en torno a la verdadera capacidad de contagio, peligrosidad y resistencia del virus. Muchas voces autorizadas del mundo de la ciencia y de la medicina confirman que el alarmismo que han manifestado los medios informativos
al Covid-19 no parece totalmente justificado.
En base a los datos oficiales sobre la incidencia de la epidemia en el número de fallecimientos, tenemos motivos para creer que hay fuerzas interesadas en generar pánico entre la población con el único fin de imponer de modo permanente formas inaceptables de restricción de las libertades, control de las personas y vigilancia de sus movimientos. Esta forma de imposiciones antidemocráticas preludian de manera inquietante un Gobierno Mundial que escapa a todo control.
Creemos igualmente que las medidas de protección adoptadas en algunas
situaciones, incluido el cierre de las actividades comerciales, han desencadenado una crisis que ha hundido a sectores enteros de la economía, favoreciendo con ello la interferencia de potencias extranjeras, con graves repercusiones sociales y políticas. Quienes ejerzan cargos gubernamentales deben impedir estas formas de
ingeniería social, adoptando medidas encaminadas a la tutela de sus ciudadanos, a quienes representan y en cuyo interés tienen la grave obligación de realizar sus funciones. Ayúdese igualmente a la familia, célula de la sociedad, evitando penalizar irrazonablemente a los débiles y los ancianos al obligarlos a sufrir dolorosas separaciones de sus seres queridos. La criminalización de las relaciones personales y sociales debe considerarse asimismo una parte inaceptable del proyecto de quienes promueven el aislamiento de las personas para manipularlas y dominarlas mejor.

Pedimos a la comunidad científica que vele porque se promuevan honradamente y con miras al bien común curas para el Covid-19, evitando escrupulosamente que intereses inicuos influeyan en las decisiones de los Gobernantes y los organismos internacionales. No es razonable penalizar remedios que se han revelado eficaces, en muchos casos de bajo costo, para privilegiar curas o vacunas no tan eficaces pero que garantizan ingresos mucho mayores a las empresas farmacéuticas, aumentando los costos de la sanidad pública. Como Pastores que somos, recordemos también que para un católico es moralmente inaceptable inocularse con vacunas en cuya
producción se ha utilizado material procedente de fetos abortados.
Pedimos asimismo a los Gobernantes que garanticen que se eviten de la forma más rigurosa los medios de control de las personas sea mediante sistemas de rastreo
electrónico o cualquier otra forma de ubicación: a pesar de la gravedad de la situación, el combate al Covid-19, no debe servir de pretexto para respaldar turbias intenciones de entidades supranacionales que albergan marcadísimos intereses comerciales y políticos en este proyecto. En particular, debe permitirse a los ciudadanos la posibilidad de rechazar semejantes limitaciones a las libertades personales, sin imponer forma alguna de penalización para quien no desee beneficiarse de las vacunas, de los métodos de localización y de cualquier otro instrumento análogo. Téngase en cuenta la flagrante contradicción que se observa entre quienes persiguen políticas de reducción drastica de la población y al mismo
tiempo se presentan como salvadores de la humanidad sin tener la menor
legitimación política ni social. Por último, la responsabilidad política de quien representa al pueblo no puede ser confiada en modo alguno a técnicos que encima exigen para ellos mismos formas de inmunidad personal que resultan como mínimo inquietantes.
Solicitamos enérgicamente a los medios de comunicación que se empeñen
activamente en facilitar una información correcta que no sancione el disenso aplicando formas de censura, como está sucediendo de forma generalizada en las redes sociales, la prensa y la televisión. La veracidad de la información exige que se dé lugar a voces no alineadas con el pensamiento único para que los ciudadanos puedan evaluar la realidad con conocimiento de causa, sin ser influidos en gran medida por intervenciones partidistas. Un diálogo democrático y franco es el mejor antídoto contra el riesgo de imponer formas sutiles de dictadura presumiblemente peores de las que ha visto nacer y morir nuestra sociedad en épocas recientes.
Recordemos, para terminar, como Pastores a quienes se ha encomendado la
importante misión de guiar la grey de Cristo, que la Iglesia reivindica con firmeza su propia autonomía de gobierno, de culto y de predicación. Dicha autonomía y libertad son un derecho de nacimiento que le concedió Nuestro Señor Jesucristo para que cumpla las finalidades que le corresponden. Por este motivo, los Pastores reivindicamos enérgicamente el derecho a decidir de forma autónoma en lo que se refiere a la celebración de la Santa Misa y los Sacramentos, como también exigimos plena autonomía en materias que están dentro de nuestra inmediata competencia y jurisdicción, como por ejemplo las normas litúrgicas y la manera de administrar la Comunión y otros Sacramentos. El Estado no tiene el menor derecho a interferir por motivo alguno en la soberanía de la Iglesia. La colaboración de las Autoridades Eclesiásticas, que jamás ha sido negada, no supone por parte de las civiles prohibiciones ni limitaciones al culto público o el ministerio sacerdotal. Los derechos de Dios y de los fieles son ley suprema de la Iglesia que ésta no quiere ni puede abrogar. Solicitamos que nos sean retiradas las limitaciones a la celebración del culto público.
Invitamos a las personas de buena voluntad a no sustraerse a su deber de colaborar al bien común, cada cual según su propio estado y posibilidades y en espíritu de Caridad fraterna. Esta cooperación, auspiciada por la Iglesia, no puede prescindir sin embargo del respeto a la ley natural ni a la garantía de las libertades individuales.
Los deberes civiles a los que están obligados los ciudadanos suponen el
reconocimiento de sus derechos por parte del Estado.
Todos estamos llamados a valorar la situación actual de forma coherente con las enseñanzas del Evangelio, y ello exige tomar partido: o con Cristo o contra Cristo. No nos dejemos intimidar ni asustar por quienes nos hacen creer que somos minoría: el bien está mucho más difundido y es mucho más poderoso de lo que el mundo quiere que creamos. Nos enfrentamos a un enemigo invisible que hace separaciones entre sus ciudadanos, entre los hijos y los padres, entre nietos y abuelos, fieles y pastores, alumnos y docentes, clientes y vendedores. No permitamos que con la excusa de un virus se borren siglos de civilización cristiana para instaurar una odiosa tiranía tecnológica en que personas sin nombre y sin rostro decidan la suerte del mundo confinándonos a una realidad virtual. Si tal es el
proyecto que tienen para dominarnos los poderosos de la tierra, sepan que
Jesucristo, Rey y Señor de la Historia, ha prometido que «las puertas del Infierno no prevalecerán» (Mt.16,18).
Encomendamos al Dios Todopoderoso a los Gobernantes y a cuantos rigen el destino de las naciones para que los ilumine y oriente en estos momentos de grave crisis. No se olvide que del mismo modo que el Señor nos juzgará a los Pastores según por la grey que nos ha confiado, también juzgará a los Gobernantes por los pueblos a los que tienen la obligación de defender y gobernar.
Roguemos con fe al Señor para que proteja a la Iglesia y al mundo. La Virgen Santísima, Auxilio de los Cristianos, aplaste la cabeza de la vieja Serpiente y frustre los planes de los hijos de las tinieblas.

8 de mayo de 2020
Virgen del Rosario de Pompeya

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