La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que sanciona a los bancos y a los funcionarios del Partido comunista de China (PCCh) que se involucren en la represión de los ciudadanos de Hong Kong que defienden su autonomía.

Cumpliendo con su constante apoyo a los hongkoneses, los legisladores determinaron por unanimidad que la nueva ley del régimen chino viola el tratado internacional que permitía a la próspera ciudad ciertos derechos fundamentales, informó Reuters el 1° de julio. 

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Hong Kong obtuvo del Reino Unido, un poder judicial independiente, libertad de expresión, de prensa y de reunión, además del “sufragio universal” para elegir al jefe del Ejecutivo y al Consejo Legislativo.

El Reino Unido, mediante un tratado internacional, en 1997 cedió la soberanía de la ciudad al régimen comunista chino que juró respetar los derechos que gozaban los hongkoneses, pero este recientemente aprobó una ley de seguridad nacional que vulnera todas esas concesiones.

De este modo, los hongkoneses quedan sometidos a los dictados totalitarios del PCCh al igual que todos los demás chinos, situación que los hongkoneses rechazan con vehemencia a pesar de la violenta represión de que son víctimas.

La ley del PCCh crea una oficina de seguridad nacional en Hong Kong, para confrontar la subversión al poder estatal, el terrorismo, el separatismo y las conspiraciones con fuerzas extranjeras.

Durante el primer día de vigencia de la controvertida ley, que entró en vigor el 1° de julio, se calcula que fueron detenidos 380 manifestantes, algunos de los cuales sufrieron violencia extrema pro parte de la policía, como se aprecia en múltiples videos publicados en las redes sociales. 

Además de Estados Unidos, varios países buscan formas de apoyar a los hongkoneses.

Por su parte Gran Bretaña considera conceder la residencia a cerca de tres millones de ellos, mientras que Australia también estudia la posibilidad de recibirlos en su territorio. Muchos de ellos ya han emigrado a Taiwán.

El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos pasará a consideración del Senado y luego sería ratificado por el presidente estadounidense Donald Trump, antes de ser aplicada.

Esta ley se sumaría a otros actos legislativos que tratan de disuadir al régimen chino de abolir la autonomía que disfrutaba Hong Kong.  

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