Un informe de una entidad australiana señala que el régimen chino continúa extrayendo forzadamente muestras de ADN a sus ciudadanos, violando la legislación nacional e internacional de derechos humanos.
Las muestras conforman la mayor base de datos del mundo al servicio de la policía, de acuerdo con el informe del Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI), publicado el 17 de junio.
El objetivo de la base datos de ADN sería “mejorar de forma integral la capacidad de los órganos de seguridad pública para resolver casos y gestionar y controlar la sociedad”, según el informe.
El Partido Comunista de China (PCCh) registra las secuencias de ADN de millones de personas sin antecedentes penales graves, incluyendo a los niños.
Por otro lado, a los ciudadanos no se les informa el destino de las muestras extraídas.
Si bien el procedimiento ya se había aplicado a los habitantes del Tíbet y de Xinjiang, predominantemente pertenecientes a la etnia Uigur, a partir de 2017 el Ministerio de Seguridad Pública amplió las extracciones al resto de China.
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En esta gigantesca campaña participan multinacionales como la estadounidense Thermo Fisher Scientific, y las dependientes del régimen chino AGCU Scientific y Microread Genetics, que podrían considerarse cómplices de la violación de los derechos de los ciudadanos interceptados.
También se recalcó que, la pandemia del virus PCCh no impide que se sigan tomado las muestras de ADN, y en particular los agentes se enfocaron en las poblaciones rurales, según Bitter Winter.
Los aldeanos son amenazados con la pérdida de sus pensiones o con “tener problemas con el gobierno y la policía en el futuro”, tal como les ocurrió a los residentes de una aldea próxima a Guilin, una ciudad al sur de la región de Guangxi en China.
“Cuatro policías y cuatro médicos estaban en la oficina ese día, con pañuelos de papel, botellas de vidrio, jeringas, yodo y otros artículos médicos dispuestos en cuatro mesas”, relató uno de los aldeanos a Bitter Winter.
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En cuanto al destino de las muestras de sangre obtenidas se les dijo que servirían para “encontrar más fácilmente a los niños y a las mujeres víctimas de la trata en el futuro”.
Las personas obligadas a entregar las muestras tiene que suministrar también la información acerca de “su etnia y número de identificación [del gobierno]”.
La arbitrariedad del procedimiento genera preocupación en los padres, uno de los cuales dijo: “Es ilegal y viola los derechos humanos. Los profesores siguieron ciegamente las órdenes de los oficiales, aunque no son médicos profesionales”, de acuerdo con Bitter Winter.
Asimismo, se suelen tomar muestras de saliva, de cabello y otras muestras biométricas, sin que se les notifique a las personas cómo se utilizarán.
El PCCh es reconocido mundialmente por las persistentes violaciones a los derechos humanos, lo que ha generado un fuerte rechazo internacional.
Las más desastrosas violaciones consisten en la extracción forzada de órganos, que son vendidos para trasplantes a pacientes de todo el mundo.
De acuerdo con las investigaciones, a las víctimas, entre ellas practicantes de Falun Dafa, ni siquiera se les aplica anestesia mientras son asesinadas en tan horrendo procedimiento, tal como ha denunciado durante décadas el medio especializado Minghui.
Igualmente, se rechazan los centros de trabajo forzados en los que se calcula que se concentran a millones de ciudadanos por el simple hecho de pertenecer a etnias minoritarias y a diversas religiones, prohibidas por el PCCh.
José Ignacio Hermosa
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