La nueva Ley de Seguridad Nacional impuesta por el régimen chino el pasado martes 30 de junio, ha aumentado aún más la tensión entre China y Estados Unidos en los últimos días.
El pasado jueves, el Senado estadounidense aprobó por unanimidad una legislación que busca imponer penas obligatorias a los funcionarios chinos, a los represores en las protestas y también a los bancos que financian aquellas actividades que intentan arrebatar la independencia de Hong Kong tras la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Nacional.
Ya a finales de mayo el Ministerio de Relaciones Exteriores de China había dicho que Beijing reaccionaría a cualquier sanción de Washington: “Si Estados Unidos insiste en dañar los intereses de China, China tendrá que tomar todas las medidas necesarias para contrarrestar y oponerse a esto”, advirtió el portavoz Zhao Lijian.
Recientemente nuevas desafiantes declaraciones fueron realizadas por una entidad financiera china (que no quiso ser identificada), al South China Morning Post diciendo: “Las autoridades financieras de China continental y Hong Kong ciertamente tienen planes preestablecidos. No permitiremos que otros amenacen o generen problemas libremente”. “[Las sanciones] no son buenas para la economía y las finanzas chinas, por lo que no son buenas para las economías global y estadounidense”, agregó. “Reducirá la confianza de los participantes del mercado internacional y aumentará los riesgos sistémicos para la economía global, los mercados internacionales y, en particular, los mercados financieros estadounidenses”.
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En medio de las múltiples protestas y manifestaciones pro-democracia llevadas a cabo en Hong Kong en el último tiempo, el pasado martes por la noche se promulgó la Ley de Seguridad Nacional, que tipifica como delito “actos de secesión, subversión del poder estatal, actividades terroristas y connivencia con fuerzas extranjeras o externas para poner en peligro la seguridad nacional”. La pena máxima dada por cada uno de esos cuatro delitos principales —secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras— puede ser castigado con cadena perpetua.
El gobierno británico considera que la imposición de esta ley atenta contra la democracia y viola el principio “Un país, dos sistemas” establecido en la Declaración Conjunta Sino-Británica en 1984, cuando Hong Kong pasó a manos de Beijing nuevamente.
El primer ministro Boris Johnson dijo el miércoles pasado que la Ley de Seguridad Nacional “viola el alto grado de autonomía de Hong Kong y amenaza las libertades y derechos protegidos por la declaración conjunta”. Además, prometió que hasta tres millones de residentes de Hong Kong podrían establecerse en el Reino Unido y eventualmente obtener la ciudadanía británica. Ya hay activistas pro-democracia, como el legislador Nathan Law, que han abandonado la región.
En este nuevo contexto, con una dura agencia de seguridad ya funcionando en Hong Kong, se pretende callar la voz del pueblo para “calmar las aguas”, pero contrariamente, las tensiones entre las potencias mundiales aumenta día a día frente a estos hechos.
Cecilia Borrelli
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