El pasado 8 de julio el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo hizo un llamado al régimen chino para que cumpla con sus “obligaciones internacionales de derechos humanos” en medio de la conmemoración por el quinto aniversario de la Ofensiva Nacional del 9 de julio en Beijing.
“El 9 de julio, hace cinco años, el Partido Comunista Chino (PCCh) lanzó una ofensiva nacional dirigida a cientos de abogados defensores y defensores de derechos humanos por detención, interrogatorio y cargos penales por motivos políticos”, dijo Pompeo en un comunicado de prensa el miércoles.
“La represión ‘709’, llamada así por la fecha en que comenzó el 9 de julio de 2015, fue diseñada para intimidar a una generación de abogados y activistas de representar o ayudar a cualquiera que el PCCh perciba como una amenaza a su poder absoluto. Le mostró al mundo lo que significa gobernar a través del “estado de derecho”, en lugar de un sistema basado en el estado de derecho”, agregó el funcionario estadounidense en el comunicado.
Pompeo enfatizó que pese a que han pasado 5 años de la Ofensiva Nacional del 9 de julio, la sed de control absoluto que ejerce el Partido Comunista Chino no había disminuido, señalando que por el contrario seguía igual de firme y ello se podía evidenciar en el juicio secreto en contra del abogado Yu Wensheng defensor de las víctimas de represión en 2015.
Según sostuvo el funcionario estadounidense, la situación de muchos otros abogados en China no es muy diferente, argumentando a que algunos son mantenidos bajo arresto domiciliario mientras que algunos otros son inhabilitados.
“Después de detener a abogados de derechos humanos como Wang Quanzhang durante años y negarles las visitas de sus familiares y abogados elegidos, la RPC detuvo a los propios abogados defensores de esos abogados, como Yu y Li Yuhan”, sin el debido proceso.
“Las autoridades de la RPC continúan manteniendo a algunos abogados de derechos humanos bajo arresto domiciliario (Jiang Tianyong) y han excluido a otros (Wang Yu, Tang Jitian, Li Jinxing y Wen Donghai) incluso después de su liberación de la prisión”, señaló Pompeo en el informe.
Del mismo modo hizo mención de aquellos activistas “que han trabajado con abogados de derechos humanos para proteger los derechos de los ciudadanos chinos y defenderse de los abusos de los funcionarios del gobierno”.
El comunicado finalizó haciendo un llamamiento al Partido Comunista Chino y sus líderes afiliados para que se garantice la protección de las libertades básicas civiles.
Entretanto, Pompeo anunció el pasado martes que EE. UU. restringiría la emisión de visas a funcionarios del régimen chino comprometidos en obstruir los viajes al Tibet de periodistas, diplomáticos y turistas estadounidenses en relación con el abuso de los derechos humanos.
Para hoy jueves dio a conocer la imposición a tres funcionarios chinos de alto rango entre los que figura un miembro del politburó gobernante señalado de estar implicado en el abuso de derechos humanos contra minorías étnicas y religiosas en la parte occidental del país.
“Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras el Partido Comunista Chino comete abusos contra los derechos humanos contra los uigures, los kazajos étnicos y los miembros de otros grupos minoritarios en Xinjiang , para incluir el trabajo forzoso, la masa arbitraria detención y control forzado de la población, e intentos de borrar su cultura y fe musulmana”, expresó Pompeo a través de un comunicado.
Por: César D. Múnera
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