Las disposiciones de la recién impuesta ley de seguridad de Hong Kong no solo estarían destinadas a prohibir cualquier movimiento antigubernamental en el territorio, sino que además deja el camino abierto para que quienes no han pisado el suelo hongkonés sean de igual modo juzgados por las autoridades si se considera que han violado la ley.

De acuerdo con el artículo 38 de la mencionada ley de seguridad, “la Ley se aplicará a los delitos previstos cometidos contra la Región Administrativa Especial de Hong Kong desde fuera de la Región por una persona que no sea residente permanente de la Región”.

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Si se sigue al pie de la letra las nuevas disposiciones para la Región Administrativa Especial entonces cualquier persona, independientemente de si se encuentra en Hong Kong o no, podría ser acusada y enjuiciada desde que el gobierno central de Beijing considere que ha infringido la ley.

“Todo se puede estirar según sea necesario para cubrir algo hecho por la persona a la que se dirige”, escribió Donald Clarke, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington en un blog sobre China.

“Está afirmando la jurisdicción extraterritorial sobre cada persona en el planeta”, agregó Clarke.

Como indica National Review, el Partido Comunista chino (PCCh), podría valerse del artículo 38 para enjuiciar delitos que son ilegales en China pero que son medidas legales en occidente. En otras palabras, los occidentales podrían ser arrestados por agentes de seguridad de la nueva base de Beijing en la ciudad por el hecho de hablar abiertamente sobre las democracias occidentales.

Kevin Carrico, investigador principal de la Universidad de Monash en Melbourne, recordó el secuestro que se produjo en el 2015 de cinco empleados de la empresa Causeway Bay Books, una librería independiente que vendía obras que trataban temas políticos considerados material sensible por las autoridades del continente.

Los empleados de la compañía terminaron siendo desaparecidos y hay fuentes que confirmaron que fueron secuestrados por las autoridades del gobierno central de Beijing. Tales medidas tomadas por el régimen chino comprobarían su deseo por promover una autoridad policial extraterritorial.

Como ha señalado National Public Radio, tanto los medios de comunicación extranjeros así como las organizaciones no gubernamentales y otros grupos internacionales, podrían afrontar aún más regulaciones y censuras estrictas en Hong Kong.

Actualmente varios países mantienen tratados de extradición con Hong Kong, pero incluso entre ellos hay varios que ni siquiera han firmado un acuerdo de esa naturaleza con el continente. Esto implica que Beijing pueda aplicar sanciones que considere ilegales a extranjeros por actos cometidos en el extranjero.

De acuerdo con Terri Marsh, directora ejecutiva de la Human Rights Law Foundation, para el régimen chino es muy difícil llegar a ciudadanos no chinos que viven en países extranjeros sin dichos tratados de extradición, ya que no existirían los términos para reclamar la jurisdicción sobre ellos, informó National Review.

Por ahora tanto Canadá como Australia han llevado a cabo una suspensión de los tratados de extradición con Hong Kong en respuesta a la draconiana nueva ley de seguridad nacional.

Por su parte, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda se está planteando una reevaluación sobre dicho tratado de extradición.

“Habrá un inventario de las relaciones entre Nueva Zelanda y Hong Kong. Cualquier decisión que tome Nueva Zelanda, incluso en relación con la extradición, será el resultado de esta evaluación”, anunció un portavoz de ese despacho, según informó Taiwán News.

Nueva Zelanda ha decidido involucrarse en el tema luego de abordar una condena hacia la nueva ley de seguridad de Hong Kong elaborada por la alianza de inteligencia Five Eyes, de la cual forman parte países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y el mismo Nueva Zelanda.

Según los críticos las medidas asumidas por el gobierno central de Beijing sobre la Región Administrativa Especial constituyen una violación de la política de ‘un país, dos sistemas’, la cual fue acordada por el régimen chino en conjunto con la administración de Hong Kong luego de dejar de ser una colonia de Reino Unido en 1997, prometiendo soberanía para el territorio hasta por al menos 50 años.

Por: César D. Múnera

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