Traducido de Washington Examiner por TierraPura.org
El gobierno de Estados Unidos ha tomado una audaz postura pro-vida contra la burocracia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al afirmar que “la ley internacional de derechos humanos no reconoce ningún ‘derecho al aborto'”. Esta declaración es en respuesta a una carta del 27 de mayo, enviada a los Estados Unidos por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, en la que se afirmaba que Estados Unidos estaba vulnerando el llamado, “derecho al aborto”, como resultado de la pandemia del COVID-19 (también conocido como Virus PCCh).
En una respuesta poderosa, Estados Unidos ha aprovechado la oportunidad para tomar dos acciones extremadamente importantes. Primero, ha aclarado que el aborto no es un “derecho humano”. Segundo, ha emitido un fuerte rechazo al alcance burocrático coercitivo de la ONU. Ambas acciones tendrán efectos de gran alcance, más allá de informar a la ONU de la oposición estadounidense a su programa de aborto.
A medida que aumenta la evidencia de que la ONU está usando su ayuda para el coronavirus con el fin de promover el aborto, la importancia crucial de la resistencia de los Estados Unidos debe ser subrayada. Al enfrentarse a la ONU, Estados Unidos no solo defiende su propia integridad soberana, sino también la de muchos estados miembros que a menudo se encuentran demasiado vulnerables a las presiones de la ONU para defenderse.
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Ecuador, por ejemplo, que recibió 8 millones de dólares en ayuda de la ONU por el COVID-19 con la disposición de legalizar el aborto, sin duda se beneficiará de la afirmación pro-vida de los Estados Unidos. El aborto es ilegal en Ecuador y, sin embargo, la ONU entregó kits de aborto en caja como parte de su “Paquete de Servicio Iniciales Mínimos” para ayuda humanitaria.
La carta del Grupo de Trabajo, a la que Estados Unidos se refiere como “extraña e inexplicable”, señalaba medidas pro-vida en Texas, Oklahoma, Alabama, Iowa, Ohio, Arkansas, Louisiana y Tennessee. Su afirmación es que estos estados “con una larga historia de prácticas restrictivas contra el aborto, parecen estar manipulando la crisis [del COVID-19] para restringir severamente los derechos reproductivos de las mujeres”. Ahondar en las políticas pro-vida no solo de un país soberano, sino también de sus estados individuales, representa una grave interferencia en nuestros asuntos internos.
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El aborto, como Estados Unidos dejó claro en su respuesta, no es un asunto de jurisdicción internacional. Además, es de vital importancia que se proteja la autonomía de nuestros 50 estados. La ONU no tiene derecho a inmiscuirse en la estructura federal tan esencial para la identidad democrática americana. Es severamente inapropiado que la ONU intente anular el debate nacional sobre el aborto que se desarrolla a nivel estatal en nuestro país.
Estados Unidos es inequívocamente correcto: no hay derecho al aborto en el derecho internacional. De hecho, como se indica en los travaux preìparatoires del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho internacional reconoce explícitamente los derechos humanos del niño no nacido. El párrafo 5 del artículo 6 del tratado protege el derecho a la vida de los niños no nacidos cuyas madres han sido condenadas a muerte. Se podría argumentar enérgicamente lo contrario de lo que sostiene la ONU: El derecho internacional, de hecho, ordena la protección del derecho a la vida para todos en todas sus etapas.
La respuesta de Estados Unidos afirma que los esfuerzos de la ONU para promover el aborto son “una perversión del sistema de derechos humanos y de los principios fundadores de las Naciones Unidas”. Esto es exactamente correcto. El proyecto internacional de derechos humanos, creado tras la Segunda Guerra Mundial, se puso en marcha para hacer frente a los verdaderos y acuciantes abusos de los derechos humanos. Estados Unidos, en su carta, hace referencia a la inacción de la ONU con respecto a, entre otros, el aborto forzado en China como prueba de su enfoque mal dirigido e hipócrita. Como afirma Estados Unidos, “el sistema de las Naciones Unidas… ha sido notablemente silencioso en este tema, aun cuando encuentran amplias oportunidades para opinar sobre cuestiones de interés político interno estadounidense”.
Sin rodeos, la respuesta enfatiza que los Estados Unidos consideran el sistema de derechos humanos de la ONU como “completamente roto”. Esto es como resultado de su inclinación a promover falsos derechos, “una práctica que devalúa toda la iniciativa de los derechos humanos y conduce a resultados absurdos como la carta [del Grupo de Trabajo] antes mencionada”. El trágico corolario de la promoción del aborto miope por parte de la ONU es un desprecio catastrófico por las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en todo el mundo sin reparación.
Como quedó claro recientemente en el borrador del informe de la Comisión de Derechos Inalienables del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la ONU no es el lugar apropiado para discutir agendas no consensuadas, como el aborto. La comisión señala que el proyecto internacional de derechos humanos es más fuerte cuando “se basa en principios tan ampliamente aceptados que están fuera de todo debate” y “más débil cuando se emplea en controversias entre grupos rivales de la sociedad sobre prioridades políticas”. La solución es que las reivindicaciones controvertidas de nuevos “derechos” se manejan mejor a nivel nacional de cada Estado soberano.
La carta de Estados Unidos se cierra con una llamativa advertencia: “Si realmente le preocupa la integridad del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, le instamos a reconsiderar el enfoque que le ha llevado a usted y a sus colegas a este triste punto, tan lejos del noble propósito para el que se fundó esta institución hace 75 años”.
El restablecimiento de la integridad del proyecto de derechos humanos, tan empañado por los pasos en falso de las Naciones Unidas, exige que las instituciones internacionales se abstengan de promover cuestiones controvertidas que deberían ser tratadas por los países individuales. Defender el derecho a la vida es esencial si queremos asegurar el futuro del sistema de derechos humanos.
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