La democracia está siendo mutilada y manipulada para que solo queden aquellos que obedezcan bajo un régimen totalitario
La agenda de las grandes farmacéuticas de vacunas y del Partido Comunista chino (PCCh), planeada por poderes internacionales desde hace décadas, se está cumpliendo con éxito en Argentina. Quizás incluso comenzó con el primer gobierno peronista, cuando estas fuerzas ya trataban silenciosamente de imponer las bases de su plan para dominar al mundo y la humanidad con un nuevo orden mundial comunista.
A lo largo de generaciones, cada paso estuvo previamente planificado, organizado y constantemente actualizado con una precisión y ejecución tan perfectas que solo pudieron ser diseñados por capacidades superiores a las del cerebro humano: la maldad.
Una de las medidas es elevar la ciencia sobre un pedestal, lo que hace que la gente la adore y la considere (casi) un dios. Por tanto, la ciencia tiene el mayor poder de decisión sobre la humanidad.
Los que están detrás del nuevo orden comunista mundial usan la ciencia para silenciar a aquellos que se atreven a hablar. Ejemplo de ello son las medidas para combatir el virus
PCCh. A menudo, la lógica, la razón y el sentido común tienen que dar paso a la ciencia. “La ciencia dijo esto”, “la ciencia dijo aquello”; es el “dios”, y el resto tiene que callarse en frente de los científicos que representan la ciencia “piadosa”.
Esto se debe a que la ciencia excluye a la divinidad porque los métodos científicos no pueden probar la existencia de lo divino. Por lo tanto, lo que la ciencia empírica no puede ver, no existe. Y la gente, guiada como corderos, acepta esto automáticamente.
Sin embargo, la ciencia mata, mutila y forja la codicia, el poder y el control social. La ciencia rechaza a Dios y se entrega a la falta de restricción moral.
Y la ciencia es un medio para que aquellos humanos sin restricciones de su codicia y egoísmo alcancen la riqueza y el poder.
Cuando un gobierno elegido democráticamente, que debería proteger a su gente, se alinea con las corporaciones “científicas”, pierde el interés hasta por el cuidado de la salud pública. Los beneficios políticos de utilizar esta “ciencia” surgen de la traición a quienes votaron por ellos. Esta ley se aprobó obviamente porque ellos, las grandes farmacéuticas occidentales, el PCCh y el gobierno nacional -con la complicidad de buena parte de la oposición- ya saben que hay muchos riesgos y peligros al aplicar una vacuna producida apresuradamente en tan poco tiempo, omitiendo muchos protocolos de seguridad para ahorrar tiempo.
Si el propósito es luchar contra el virus, proteger a la ciudadanía y mantener a la gente sana, entonces los representantes del pueblo nunca deberían votar apresuradamente una ley que, antes que nada, le da inmunidad e impunidad a los productores de vacunas. ¿Están anticipando que habrá parálisis, mutaciones y muertes repentinas por incorporar un improvisado cóctel de bacterias y virus, vivos o inactivos, y otros adyuvantes, al cuerpo humano?
Si esto ocurriera, los que votaron para proteger a las grandes farmacéuticas alegando que se preocupan por el pueblo, porque quieren que la gente esté protegida, simplemente están mintiendo. Estos políticos elegidos por el pueblo tienen que rendir cuentas en la justicia por votar una ley que protege a las farmacéuticas internacionales en lugar de sus representados, el pueblo.
Esto ya no es democracia, están usurpando y manipulando las instituciones republicanas para avanzar hacia un totalitarismo. La vida del pueblo ya dejó de ser un tema de interés, lo más importante es el poder y, por supuesto, hay mucho dinero en juego.
Ahora depende de la gente si acepta o no esto, porque cuando una ley es ilegítima y está hecha en contra del pueblo, ¿la gente la tiene que acatar bajo un presunto sistema democrático?
Por amplia mayoría, aunque con fuertes advertencias y prevenciones de la oposición por las concesiones que les otorga al Poder Ejecutivo y a las farmacéuticas, el Senado sancionó la ley que le garantiza un virtual blindaje jurídico a los laboratorios con los que el Estado pretende sellar contratos para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19.
La ley, que fue sancionada por 56 votos a favor y 12 en contra, declara de interés público la Investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de la vacuna y su sanción fue reclamada con urgencia por el Gobierno con el argumento de que es necesario ubicar a la Argentina entre los países con prioridad para acceder a la provisión de la vacuna.
Sin embargo, desde la oposición se escucharon duros cuestionamientos por las fuertes concesiones jurídicas que la norma faculta al Poder Ejecutivo a otorgar a los laboratorios al momento de firmar los contratos.
Los puntos más cuestionados fueron la falta de un valor de referencia de las dosis a adquirir y las cláusulas que blindan jurídicamente a los laboratorios al establecer la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales extranjeros, la garantía de indemnidad patrimonial ante eventuales reclamos por daños o efectos adversos y la confidencialidad sobre los excipientes de las vacunas.
Tantas prevenciones llevaron a que la oposición votara divida. Una parte apoyó en general el proyecto y se abstuvo en los artículos más controvertidos. La otra, lo votó en contra y respaldó un dictamen en minoría impulsado por las radicales María Belén Tapia (Santa Cruz) y Silvia Elías de Pérez (Tucumán).
El oficialismo cerró filas y apoyó sin cortapisas la iniciativa y rechazó los cuestionamientos lanzados desde la oposición.
“Hoy estamos brindando una herramienta al Gobierno nacional para una posible vacuna”, afirmó Ana Almirón (Corrientes), quien justificó la urgencia en el hecho de que “de las seis mil millones de unidades que se fabricarían, la mitad ya están reservadas por los países desarrollados”.
Además, defendió la prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros equiparando la cláusula con las cedidas en la negociación de la deuda y dijo que la indemnidad por daños “no alcanza a terceros afectados, que pueden reclamar ante los tribunales nacionales”.
“Dudas e incertidumbre”
También defendió la garantía de confidencialidad, al afirmar que “de ninguna manera esto implica que se va a adquirir una vacuna que no tenga conocimiento tanto de la Anmat como del Ministerio de Salud”.
Respondió de esta manera a las críticas planteadas por el radical Mario Fiad (Jujuy), quien señaló que había “artículos que generan muchísimas dudas e incertidumbres”.
“Estamos ante un proyecto que consagra excepciones y le suma amplias facultades a un Poder Ejecutivo que ya viene gobernando con poderes de excepción”, afirmó el presidente de la Comisión de Salud.
Más crítica aún fue la santacruceña Tapia, quien demolió los aspectos más controvertidos de la iniciativa. Así, dijo que la norma “establece una suerte de blindaje sobre los laboratorios a través de la prórroga de jurisdicción y la renuncia de la inmunidad soberana” y se preguntó “por qué piden los laboratorios estas condiciones y por qué estamos dispuestos a dárselas”.
“Estas cláusulas son las resultantes de un mercado internacional en el que, por su propia naturaleza, lo que prima es el lucro y la ganancia, no la salud o el interés general”, advirtió Tapia.
Por último, el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) fustigó el doble discurso del kirchnerismo al recordar que “en gobiernos anteriores les fastidiaba la prórroga de jurisdicción”. “Ahora adhieren tan mansamente a esta transferencia de jurisdicción”, concluyó.
Fuente: La Nación
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