El juez de la Corte Suprema de EE. UU., Samuel Alito, se expresó el jueves en la Sociedad Federalista advirtiendo que el derecho a la libertad religiosa está siendo debilitado por ciertos sectores de la sociedad. El juez advirtió, según reportó BreitBart, que en determinados sectores las libertades religiosas están siendo afectadas y que el virus del PCCh ha despertado tendencias inquietantes que ya estaban presentes, incluso con anterioridad.

Durante su discurso recordó algunos casos públicos que mostraron atentados graves contra la libertad religiosa en algunos Estados de los Estados Unidos. Uno de ellos fue el caso del dueño de la “farmacia de Ralph Thriftway”, quien fue enjuiciado por negarse a vender medicamentos abortivos en su farmacia.

En 2007, el estado de Washington aprobó una ley que indica que todas las farmacias deben entregar “todos los medicamentos o dispositivos recetados legalmente” de manera oportuna a todos los clientes. Esta “regla de entrega” contiene varias exenciones, como razones comerciales o de conveniencia para no almacenar ciertos medicamentos, pero no hay exenciones para objeciones religiosas. 

El argumento para no vender estos medicamentos por parte de farmacia Ralph, no fue otra que el de “razones religiosas”, los propietarios creen que al dispensar estas drogas estarían ayudando a la destrucción de la vida humana, contradiciendo directamente su fe cristiana.

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Ralph’s, junto con dos farmacéuticos con creencias similares que trabajan en otras farmacias, sostiene que las regulaciones apuntan a la destrucción de las bases morales motivada por la religión y, por lo tanto, “suprimen las creencias o prácticas religiosas”.

Sin embargo el Tribunal de Distrito no autorizó el derecho a negarse. Si bien aclaró que cualquier farmacia puede negarse a vender un medicamento por razones de rentabilidad, no puede negarse por motivos religiosos.

En este sentido el juez Alito, luego de relatar el caso de la farmacia y otros similares, también señaló casos en los que la Corte Suprema confirmó las restricciones al coronavirus que “discriminaban descaradamente los lugares de culto”, sobre todo en varias demandas efectuadas en California y Nevada. Alito afirmó que en ambos casos, esta deferencia significaba que se trataba a “los casinos de manera más favorable que las casas de culto”.

Durante esta semana, la Diócesis Católica Romana de Brooklyn está recurriendo a la Corte Suprema por las restricciones al virus del PCCh que impuso el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, que incluyen límites sobre la cantidad de feligreses que pueden reunirse para los servicios religiosos, informó Fox News.

La denuncia presentada en la Corte de Emergencia presentada el jueves, compara las prohibiciones que padecen las casas de culto con las libertades otorgadas a muchas empresas bajo una orden que Cuomo, emitió en octubre.

A medida que avanzan las políticas progresistas con su agenda de izquierda a nivel mundial, se puede notar un retroceso cada vez mayor en cuanto a las libertades de conciencia. 

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El caso más paradigmático de esta situación, es sin dudas el que actualmente se padece bajo el régimen comunista chino. Allí las denuncias informan de millones de personas que son perseguidas, encarceladas, torturadas y asesinadas, tan sólo por practicar su fe, entre ellos los uigures, tibetanos, cristianos, y practicantes de Falun Dafa. 

Una persecución sin precedentes

Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, es una disciplina espiritual de la escuela Buda. Por sus efectos en la salud y sus respuestas espirituales, Falun Dafa se hizo muy popular durante su difusión pública en China entre 1992 y 1999. A comienzos de 1999, había un estimado de entre 70 y 100 millones de practicantes en China. 

El 20 de julio de 1999, el líder del PCCh, Jiang Zemin, ordenó al régimen que en un plazo de tres meses se erradique a Falun Dafa. Desde ese día comenzó una brutal persecución hacia los practicantes de Falun Dafa, que continúa hasta el día de hoy incluso fuera de China. 

La persecución de Falun Gong es una campaña ateísta ordenada por el Partido Comunista Chino, y liderado por la oficina 610, un grupo de tareas especial extra constitucional, creado específicamente para exterminar a los practicantes de Falun Dafa. La campaña se centra en la implementación de un sistema de propaganda ateo y de desprestigio hacia Falun Dafa, un programa de conversión ideológica y reeducación forzada y una variedad de medidas coercitivas ilegales, como detenciones arbitrarias, trabajo forzado, tortura física, sustracción forzada de órganos y muerte

Por: Andrés Vacca

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