Por Mamela Fiallo para La Gaceta
Existe una agenda internacional de control de población. Y son cada vez más los países, sin importar cuan pequeños sean, que lo enfrentan. El último y más destacado fue Guatemala. Desde Centroamérica expulsó al mayor proveedor de abortos en el mundo: Planned Parenthood.
El ministro de interior que autorizó el ingreso de Planned Parenthood al país renunció a su cargo, luego de la enorme campaña contra la instalación de la misma.
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#FueraPlannedParenthood fue tendencia número 1 en redes sociales. El presidente y el vicepresidente del país se sumaron a la iniciativa y afirmaron su compromiso en defensa de la vida.
“En estos temas no hay chance de grises. O se es blanco o se es negro”, exclamó el presidente Alejandro Giammattei.
“Reconozco la vida desde su concepción y por lo tanto en mi Gobierno no toleraré ningún movimiento que viole lo que está dispuesto en nuestra Constitución Política de la República (el derecho a la vida desde la concepción), que vaya en contra de los valores con los que fui criado y que riña con mis principios como médico“, afirmó.
Derogó la instalación de Planned Parenthood por parte del ministro de interior y aceptó su renuncia. Y explicó “que no era una posición de Gobierno” la inscripción de la organización no gubernamental.
“La verdad es que a mí me sorprendió el que se hubiera autorizado a una ONG que tiene los antecedentes que tiene”, aseguró Giammattei desde su despacho.
“Con sólo entrar a Planned Parenthood uno encuentra a qué se dedica y cuando uno busca a su historial encuentra historias de terror”, añadió el mandatario.
El historial de Planned Parenthood muestra que fue fundado por Margaret Sanger, oradora del KKK, que fomentaba “remover la hierba mala de la sociedad para que puedan florecer los mejores retoños”.
Hace 104 años fue fundado Planned Parenthood, inspirado en el auge de la eugenesia como política pública, el darwinismo social.
En EE.UU., por ejemplo, de los 65 millones de abortos practicados en EE.UU. desde la legalización en 1973, 20 millones se han practicado contra personas negras. Pese a ser solo el 12 % de la población, son cerca del 30 % de los abortados.
Esta agenda aplicada en suelo americano, busca ser llevado a los países hispanoamericanos con impuestos de los contribuyentes de EE.UU., si el Partido Demócrata llega al poder.
El aspirante a la presidencia Joe Biden, nombrado presidente por los medios masivos (el colegio electoral recién revelará el resultado electoral el 14 de diciembre), anunció ue en caso de ganar revocaría el Acuerdo de la Ciudad de México que impide usar el dinero de los impuestos de EE.UU. para financiar abortos en países del tercer mundo.
Es decir, la izquierda americana es promotor de una agenda de control de población de la mano de la ONU.
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La ONU ha exigido a los países más afectados modificar sus constituciones para remover la protección de la vida a cambio de recibir ayuda “humanitaria”.
Desde Sudamérica, Ecuador dijo no. La candidata provida a la vicepresidencia del país Martha Cecilia Villafuerte llamó “chantaje económico” al accionar de la ONU.
En colaboración con la sociedad civil, un puñado de ocho legisladores y el veto presidencial, Ecuador también ha resistido a legalizar el aborto.
El objetivo 2 de la página 22 del “Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19” de la ONU exige: “mantener la continuidad de la salud materna, neonatal e infantil y otros servicios de salud sexual y reproductiva (NdR: término que incluye la anticoncepción y el aborto) durante la pandemia”.
Busca “sensibilizar y capacitar al personal de salud” para que se implemente “el Paquete Inicial de Servicios Mínimos PIMS”, que promueve el “acceso a anticoncepción, incluida anticoncepción de emergencia, aborto seguro legal y la atención posterior al aborto”.
El país que más ha enfrentado la agenda pro aborto de la ONU ha sido los EE.UU bajo la administración de Donald Trump.
Mediante una carta al Secretario General de la ONU, el administrador interino de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) de Estados Unidos, John Barsa, dijo:«La ONU no debería usar esta crisis como una oportunidad para avanzar en el acceso al aborto como un «servicio esencial»».
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EE.UU. ha liderado la Declaración de Ginebra que establece que «no hay derecho internacional al aborto». Por ello, desde el Congreso de Guatemala han instado al presidente a llevar la iniciativa provida un paso más allá y firmar la Declaración de Ginebra.
“No existe un derecho internacional al aborto, ni ninguna obligación internacional por parte de los Estados de financiar o facilitar el aborto, de conformidad con el consenso internacional de larga data de que cada nación tiene el derecho soberano de implementar programas y actividades coherentes con sus leyes y políticas”, explica el documento.
Guatemala es una país tan Provida que incluso políticos que han sido históricamente centralistas han apoyado la iniciativa, como es el caso del diputado Álvaro Arzú.
A menudo la causa provida se limita a la protección de fetos y embriones, las personas más indefensas. Sin considerar cómo, desde el otro lado, el plan es más amplio y profundo: controlar la vida desde sus inicios y darle al Estado y a organismos paraestatales la potestad de determinar desde (y hasta) cuándo se debe proteger la vida.
En contraposición, se está gestando una resistencia a favor de la vida y contra esta agenda de control que busca quitar a las naciones su autonomía y a la persona su valor individual.
Guatemala ya dio un primer gran paso y servirá de ejemplo para la región y el mundo.
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