Por Mamela Fiallo Flor

Circula una verdad a medias: Donald Trump permitirá la transición a favor de Joe Biden. El presidente de Estados Unidos anunció que continuará peleando la elección por la vía legal, con las evidencias sobre el fraude electoral en mano.

Aunque Trump haya autorizado iniciar los protocolos de transición, esto no detiene su lucha en las cortes. ¿Qué tiene que ver el hecho de que la GSA esté autorizada para trabajar preliminarmente con los demócratas con continuar con nuestros diversos casos sobre lo que se considera la elección más corrupta en la historia política estadounidense? Avanzamos a toda velocidad. Nunca cederé a votos falsos ni a «Dominion».

No obstante, señaló que pondrá fin a las amenazas y acosos contra los empleados públicos a cargo de la transición presidencial. En este sentido, permitirá el uso de fondos a favor del traspaso e instruirá a su equipo para que trabaje en esa dirección.

«Quiero agradecer a Emily Murphy de la GSA por su firme dedicación y lealtad a nuestro país. Ella ha sido acosada, amenazada y abusada, y no quiero que esto le suceda a ella, su familia o empleados de la GSA. ¡Nuestro caso continúa FIRMEMENTE, seguiremos dando la pelea, y creo que prevaleceremos! Sin embargo, en el mejor interés de nuestro país, recomiendo que Emily y su equipo hagan lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales, y le he dicho a mi equipo que haga lo mismo», dijo Trump en Twitter.

No hubo obstrucción, sí hubo amenazas 

Mediante una carta dirigida al candidato demócrata, la administradora de la Administración de Servicios Generales de los EE. UU. (GSA, por sus siglas en inglés), Emily Murphy, indicó que los recursos y servicios están disponibles para él.

Contrario a los informes e insinuaciones de los medios de comunicación, explica que su decisión no se tomó por miedo o favoritismo.

Y aclara: «Nunca fui presionada directa o indirectamente por ningún funcionario de la rama Ejecutiva, incluidos los que trabajan en la Casa Blanca o la GSA, con respecto al fondo o el momento de mi decisión. Para ser claros, no recibí ninguna instrucción para retrasar mi determinación. Sin embargo, recibí amenazas en línea, por teléfono y por correo dirigidas a mi seguridad, mi familia, mi personal e incluso mis mascotas en un esfuerzo por obligarme a tomar esta determinación prematuramente. Incluso frente a miles de amenazas, siempre mantuve el compromiso de respetar la ley».

Próxima parada: la Corte Suprema

Posteriormente detalla: La GSA no dicta el resultado de disputas legales y relatos, ni determina si dichos procedimientos son razonables o justificados. Estos son asuntos que la Constitución, las leyes federales y las leyes estatales dejan al proceso de certificación electoral y las decisiones de los tribunales de jurisdicción competente. No creo que una agencia encargada de mejorar las adquisiciones federales y la administración de la propiedad deba colocarse por encima del proceso de elección constitucional. Insto encarecidamente al Congreso a considerar enmiendas a la ley.

Como es bien sabido, el administrador de la GSA no elige ni certifica al ganador de una elección presidencial, continúa. El ganador real de las elecciones presidenciales será determinado por el proceso electoral, detallado en la Constitución, concluye.

Tal como indicó la administradora de la GSA, el ganador de la elección presidencial no lo determina ella ni su agencia y tampoco los medios, lo hará la Constitución y el proceso electoral que aún está en marcha.

El papel de la GSA es proporcionar un equipo de transición presidencial con espacio para oficinas en Washington y con coordinación de acceso a las agencias federales. Y para esto, dispone de 6,3 millones de dólares como parte del fondo para la transición.

Con la autorización para iniciar estos protocolos no se detiene el proceso de elección. Será el 14 de diciembre cuando los electores estatales emitan sus votos ante el Colegio Electoral. Mientras tanto, la campaña del presidente Donald Trump sigue adelante con la lucha ante la justicia.

Próxima parada: la Corte Suprema.

Fuente: panampost.com

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