Por Juan Sanchez para El American
A pesar del parsimonioso conteo de votos, de la incertidumbre de los resultados en algunos estados y de numerosas impugnaciones judiciales por fraude electoral que cuestionan la integridad de las elecciones, Joe Biden se ha apresurado a perfilar un gabinete a la medida de sus intereses, integrado por personas de absoluta confianza que podrían ocupar puestos claves dentro de su gobierno.
Según han revelado fuentes cercanas al candidato demócrata, ya existe un primer borrador del organigrama del ejecutivo con nombres incluidos a falta de cerrar algunos altos cargos y competencias.
Pese a que la investidura está aún en el aire, pendiente de que el resultado de las elecciones se decida en los tribunales, ya se habla incluso de que Jacob J. Sullivan podría detentar el puesto de asesor de Seguridad Nacional.
Las maniobras de Biden para manejar a placer los asuntos relacionados con la seguridad del país se evidencian con el nombramiento de Sullivan, quien además de haber sido asesor de Seguridad Nacional en la etapa de Biden como vicepresidente, se le relaciona con el escándalo sobre el manejo de información clasificada a través de la cuenta de correo personal de Hillary Clinton cuando Sullivan era su director adjunto en la secretaria de Estado. Asimismo, al nuevo fichaje estrella de Biden se le atribuye una presunta implicación en la operación de inteligencia que fabricó mediáticamente la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016.
Con experiencia, por tanto, en la fontanería interna de los departamentos de seguridad, Sullivan tendrá la difícil tarea de blanquear asuntos tan controversiales como la supuesta trama de corrupción de Hunter Biden con naciones extranjeras que salpica a su padre, y los entresijos del “expediente Steel”, uno de los episodios más graves de la historia de la lucha del Estado de derechos en EE. UU. contra la injerencia del Deep State. Sullivan deberá ser capaz de mantener un perfil duro que contenga las críticas de los sectores conservadores y contentar a ambos electorados.
La inteligencia bajo sospecha
Ajustada también al discurso oficial de Biden, suena para ocupar la dirección de Inteligencia Nacional, Avril Haines, quien fuera asesora adjunta de Seguridad Nacional del presiente Obama. De asumir finalmente el cargo, Haines tendrá una enorme tarea por delante en esta estratégica institución después de la tormenta interna que se desató cuando ex director de la CIA, John Brennan, fue acusado por otros mandos de la comunidad de inteligencia de colaborar en una serie de investigaciones inconstitucionales contra el entorno de Trump, lo que ha dejado en una situación muy comprometida ante la justicia a algunos funcionarios de inteligencia de la administración de Obama.
Tanto Sullivan como Haines tendrán una misión casi imposible: convencer a la opinión pública de que el gobierno de Obama-Biden, no utilizó a los cuerpos de la seguridad del país con fines partidistas. El encubrimiento de que la policía se prestó para la guerra sucia de las cloacas del Estado también formará parte de su encargo de gobierno.
Además de la simetría que imponen las machaconas premisas de implantar la paridad de género, una tónica que impera en la nominación del nuevo ejecutivo parece ser, a todas luces, la de intentar satisfacer la agenda política del expresidente Obama y de los círculos de poder de los Clinton, además de calmar los ánimos dentro del partido.
Hablamos de un tipo de liderazgo donde la voluntad de poder prevalece por encima de la existencia de un verdadero programa de gobierno.
Al frente del delicadísimo departamento de Estado, podría estar Antony Blinken, quien fuera subsecretario de Estado y asesor adjunto de Seguridad Nacional durante el Gobierno de Obama. Con un perfil marcadamente político, la agenda exterior que podría asumir Blinken estaría alineada, sin lugar a duda, con la agenda multilateral dictada por los organismos internacionales, aunque ello represente ir contra los intereses nacionales.
La apuesta del Partido Comunista Chino (PCCh) por militarizar la política exterior para proteger los intereses económicos y la influencia del país asiático en el mundo -especialmente en EE. UU. que bajo la condescendencia de la administración de Obama consiguió una penetración sin precedentes en la vida estadounidense pondrá contra las cuerdas a una administración débil y comprometida con los intereses de la gobernanza global.
La hemeroteca no deja lugar a la amnesia. Blinken fue también el funcionario que se opuso a designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) como una organización terrorista extranjera, cerrando filas para sacar adelante el “Plan Conjunto de Acción Comprehensiva” (JCPOA, por sus siglas en inglés), considerado un hito en la política exterior del entonces mandatario estadounidense Barack Obama con el que Irán se comprometía a limitar el programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones económicas. Pero el acuerdo terminó en un absoluto fracaso.
Capitular y pasar página
El buenismo diplomático otorga un estatus en las labores domésticas, sobre todo si trata de complacer las filas divergentes del Partido Demócrata. Blinken priorizará la apertura de las fronteras, la cancelación de las sanciones a China e Irán —con todo lo que ello supone la producción de uranio por encima de lo pactado—, el acuerdo para que los socios europeos no tengan que gastar más en seguridad, la lucha contra el cambio climático y las relaciones a la carta con dictaduras como Cuba y Venezuela, una nueva política exterior que encaja perfectamente con el legado de Obama.
La figura de Janet Yellen, expresidente de la Reserva Federal, emerge como posible candidata para ocupar la cartera de la secretaria de Tesoro.
Los inversores miran con atención el improvisado experimento Biden-Harris, con una agenda ideológica bicéfala que despierta grandes dudas, sobre todo, en el incremento del gasto público.
Probablemente, la idea sea combinar el pragmatismo de la socialdemocracia europea con un barniz más keynesiano. La maniobra cumpliría con el propósito de satisfacer a los críticos marxistas del partido sin incomodar tampoco a Wall Street. Yellen, además de ser también la primera mujer que ocupa el cargo, tendrá la difícil encomienda de diseñar la ingeniería fiscal que prepara Biden para subir los impuestos a las empresas, a los trabajadores y a las clases medias.
A ello hay que unir, también, el vuelco que planean dar a los presupuestos para llenar las arcas de los gobernadores demócratas a costa de la estridencia apocalíptica de la pandemia, el aumento del salario mínimo, el desmantelamiento de la policía para invertir en asuntos de contenido social y la financiación de la agenda de “Black Lives Matter”. Terreno abonado para utilizar los recursos públicos como banderín de reclutamiento de votos.
La secretaria de trabajo es una de las carteras que quiere controlar el núcleo duro del socialismo radical, aunque al parecer Biden estudia fórmulas para no entregarles el departamento completo.
Pero por encima de todas las cosas, en la configuración de su nuevo ejecutivo, Biden se está esmerando en elegir bien a los responsables de “velar” por la seguridad de EE. UU. Los nuevos altos cargos tendrían la tarea de limpiar urgentemente la estructura del departamento —convertido en una fábrica de dosieres políticos y de procedimientos oscuros— y dar la vuelta a gran parte de las investigaciones que se llevaron a cabo contra Trump y su equipo durante los últimos años, en el marco de una deshonesta guerra sucia para la aniquilación política del adversario.
Precisamente, uno de los últimos espectáculos fue la desclasificación de una serie de documentos que demuestran que la CIA podría haber desempeñado un papel esencial en la investigación ilegal que el FBI llevo a cabo en 2016 sobre los presuntos vínculos entre Rusia y la campaña del entonces candidato Donald Trump.
Los documentos desclasificados por el Departamento de Justicia apuntan directamente a las más altas instancias de los servicios de inteligencia y de la dirección de Seguridad Nacional, en un asunto gravísimo y sin precedentes en el uso inconstitucional de las instituciones públicas para sabotear unas elecciones y derribar un gobierno electo democráticamente en las urnas.
Un asunto de máxima gravedad que no sólo incapacita al actual candidato demócrata a la presidencia Joe Biden, sino que obliga a levantar las alfombras y limpiar a fondo la estructura de instituciones que son básicas en un Estado de derecho y que bajo ningún pretexto pueden ser motivo de sospecha.
Pero como dice un proverbio judicial que muchas veces se cumple: una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; y otra es hacerla esperar para convertirla en favoritismo.
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