Por Miguel Díaz
Congresistas estadounidenses buscan aprobar una ley para sancionar a las personas implicadas en la sustracción de órganos de creyentes religiosos en China. La normativa fue presentada por un grupo bipartidista y se introdujo en ambas cámaras del Congreso.
El proyecto de ley se denomina “Ley para Poner Fin a la Sustracción Forzada de Órganos de 2020”. Fue presentado el 15 de diciembre en el Senado por Tom Cotton (S.5016) y en la Cámara de Representantes (H.R.8972)por Chris Smith (R-N.J.) y Tom Suozzi (D-N.Y.).
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“Hay cada vez más pruebas de que el Partido Comunista Chino ha sustraído y sigue sustrayendo órganos de prisioneros y miembros de grupos religiosos chinos”, expresó el senador Tom Cotton (R-Ark.) en un comunicado de prensa.
“Ya es hora de hacer responsable a Beijing de estos actos atroces”, añadió.
Los congresistas se hacen eco de diversos reportes, informes e investigaciones que desde hace años vienen documentado lo que especialistas en derechos humanos han catalogado como un “genocidio”.
En 2019, un tribunal internacional con sede en Londres concluyó que médicos chinos extraen órganos de creyentes religiosos encarcelados por su fe. Sostuvieron que la macabra práctica se realiza inclusive mientras las víctimas aún están con vida, alimentando un lucrativo negocio valorado en miles de millones de dólares al año.
La denominada Corte de China estuvo presidida por el prestigioso abogado británico Geoffrey Nice, junto a un panel de expertos en temas de derecho internacional, derechos humanos, medicina de trasplantes y relaciones internacionales.
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El informe destacó que hay pruebas concisas sobre la extracción forzada de órganos en China desde hace por lo menos 20 años.
Concluyó que la práctica, autorizada por el Estado, de la sustracción forzada de órganos, se estaba produciendo a “escala significativa” en China, siendo los practicantes de la disciplina de la Escuela Buda Falun Dafa la principal fuente de órganos.
Los practicantes de Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, están siendo perseguidos por su creencia religiosa desde el año 1999.
De acuerdo con estimaciones de Falun Dafa Information Center, millones de personas que siguen esta creencia espiritual son enviados a prisiones, campos de trabajo, pabellones psiquiátricos y otras instalaciones. Cientos de miles han sufrido torturas.
En 2016, la Cámara de Representantes votó por unanimidad una resolución que expresaba preocupación sobre “los persistentes y creíbles informes sobre la sustracción de órganos sistemática y dirigida por el Estado contra prisioneros de conciencia que no dieron su consentimiento, en la República Popular de China”.
“La sustracción de órganos es un acto bárbaro, inhumano y atroz de importancia mundial ya que las pandillas transnacionales de tráfico de personas, las organizaciones terroristas, los especuladores e incluso los gobiernos —en particular el régimen comunista de China— matan a personas inocentes y venden sus órganos con fines de lucro”, expresó el representante Smith.
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“Durante años, el Partido Comunista de China ha seguido aprovechándose de los prisioneros, miembros de minorías étnicas y grupos religiosos. Hoy, todavía estamos siendo testigos de cómo se aprovechan aún más de estos grupos mediante la sustracción de órganos”, añadió por su parte el congresista Suozzi.
De ser aprobado el proyecto de ley, el gobierno de Estados Unidos podría denegar o revocar pasaportes a compradores ilegales de órganos.
Asimismo, el Departamento de Estado debería realizar informes anuales sobre la sustracción forzada de órganos en países extranjeros, identificando a los funcionarios y entidades extranjeros responsables de estos crímenes.
Además se solicita un informe anual sobre las instituciones estadounidenses que capacitan a cirujanos de trasplantes de órganos afiliados a entidades extranjeras involucradas en esta práctica.
Por otro lado, prohíbe la exportación de dispositivos de cirugía de trasplante de órganos a entidades responsables de la sustracción forzada de órganos.
Y por último facultaría a la Casa Blanca para que pueda sancionar a los funcionarios y entidades extranjeros que se dedican a semejante aberración.
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