Un total de 500 familiares de personas que murieron «por COVID-19» en Italia presentaron una demanda el miércoles contra las autoridades regionales y nacionales que, según afirman, son responsables de negligencia criminal debido a su manejo de la pandemia.

La demanda civil es contra el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, el ministro de Salud, Roberto Speranza, y Attilio Fontana, el gobernador de la región de Lombardía. La acción legal busca un total de $ 122 millones en daños, informó Reuters.

Aunque la demanda se centra en la decisión de febrero de los funcionarios de reabrir un hospital en Lombardía unas horas después de que se detectara un brote de COVID-19, el principal escollo de la demanda es la supuesta ausencia de un plan nacional de pandemias actualizado y un fracaso de las autoridades regionales.

“Estas quejas son nuestro regalo de Navidad para aquellos que deberían haber hecho lo que se suponía que debían hacer y no hicieron mientras estaban en Italia, el 25 de diciembre, habrá 70.000 sillas vacías”, Luca Fusco, presidente del grupo de defensa Noi Denunceremo, que inició la demanda, dijo en un comunicado.

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Noi Denunceremo, que se estableció en abril para representar a las familias de quienes murieron en la ciudad de Bérgamo en Lombardía, ha presentado cientos de denuncias legales en los últimos meses que arrojan luz sobre cómo murieron algunas personas. 

Las preocupaciones sobre la mala gestión de la pandemia en Italia resurgieron recientemente después de que los fiscales interrogaran a Francesco Zambon, un epidemiólogo que fue coautor de un informe sobre la respuesta COVID-19 de Italia que determinó que el manejo del gobierno de la crisis fue «improvisado, caótico y creativo».

Aunque el informe fue publicado en mayo por la OMS, fue eliminado un día después por «inexactitudes fácticas». Sin embargo, Zambon dijo a Associated Press que fue presionado por el Dr. Ranieri Guerra, un alto funcionario de la OMS, para alterar los datos sobre el plan de Italia. 

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Guerra, que trabajaba como enlace con el gobierno italiano en ese momento, fue responsable de actualizar el plan pandémico del país durante su tiempo en el Ministerio de Salud italiano entre 2014 y finales de 2017.

Consuelo Locati, abogada que encabeza la demanda, explicó a The Guardian el martes que “incluso si [el antiguo plan] se hubiera implementado, no habría funcionado ya que carecía de una serie de pasos que debían haberse seguido para poder estar preparados para esta pandemia «.

“No tenían pautas”, subrayó.

Fuente: TRIKOOBA.COM

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