Traducido de Breit Bart News por TierraPura.org
La directora general de Planned Parenthood dijo que espera que el presidente electo (mediante fraude electoral) Joe Biden comience inmediatamente a deshacer el “daño” que el presidente Donald Trump ha causado en Estados Unidos con sus políticas provida.
“Tenemos un montón de trabajo que hacer para deshacer el daño de los últimos cuatro años, pero saber que tenemos campeones allí que entienden lo que debe suceder en los primeros 100 días es tremendamente emocionante”, dijo Alexis McGill Johnson a NBC News en una entrevista publicada el lunes, en la que se refiere a Biden como un “católico devoto”.
Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris han prometido una inmediata y agresiva agenda pro aborto a partir del miércoles, día de la inauguración.
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Harris está entre los principales “campeones” del derecho al aborto, una política que ha mantenido estrechos lazos con el mayor proveedor de abortos de América a lo largo de su carrera.
Fue Harris quien, como fiscal general de California, dirigió su oficina para conducir la redada en el proyecto del Centro para el Progreso Médico (CMP) que dirigió David Daleiden después de que el CMP publicó videos encubiertos que exponían las prácticas de venta de tejido fetal de Planned Parenthood.
Fue la oficina de Harris la que colaboró con Planned Parenthood para producir la legislación que criminalizaría a los periodistas encubiertos de CMP por publicar y distribuir grabaciones de comunicaciones privadas con proveedores de abortos en California.
Durante su campaña, Biden prometió defender el derecho al aborto, al que la industria del aborto se refiere como “cuidado de la salud de la mujer”, y se ha comprometido a adoptar la agenda pro aborto del Partido Demócrata, que incluye la codificación de Roe contra Wade, la financiación completa de Planned Parenthood y la obligación de los contribuyentes estadounidenses de financiar los abortos.
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En diciembre, Johnson, de Planned Parenthood, dijo a Newsweek que el proveedor de abortos está “listo para comenzar a trabajar desde el primer día”, con el objetivo de obtener una orden ejecutiva después de la inauguración que muestre el compromiso de la administración Biden con el aborto a pedido.
Dijo que lo más importante para los activistas del aborto es que Biden designe “personal clave” que se asegure de que su agenda se cumpla.
“Sabemos que el personal es la política”, dijo Johnson. “Así que nos aseguramos de que esos puestos estén llenos de campeones de la salud sexual y reproductiva”.
Planned Parenthood y otros miembros del lobby del aborto crearon un “Plan para la Salud Sexual y Reproductiva, Derechos y Justicia”, en el que explican sus demandas para que Biden deshaga las políticas provida específicas de la administración Trump que, en su opinión, han supuesto “ataques hostiles” a la “libertad reproductiva” de las mujeres.
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Entre las políticas provida que los activistas del derecho al aborto esperan haber anulado inmediatamente está la Política de la Ciudad de México, que Trump amplió para prohibir a las organizaciones en el extranjero que son receptoras de fondos de asistencia sanitaria de los Estados Unidos que promuevan o realicen abortos.
El Plan exige una “política exterior que priorice la salud y los derechos sexuales y reproductivos”.
Además, los defensores del aborto a petición están buscando una revocación inmediata de la regla del Título X de Trump, una que subraya que el aborto no es un medio de planificación familiar.
En febrero de 2019, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Trump publicó la norma que bloquearía unos 60 millones de dólares en fondos de planificación familiar para Planned Parenthood y otros proveedores de servicios de aborto que remiten a niñas y mujeres para que se realicen abortos.
La regla reinstauró la “Regla de Protección de la Vida” del presidente Ronald Reagan, que prohibía la “co-ubicación” de clínicas de planificación familiar financiadas por el gobierno federal con clínicas de abortos.
En julio de 2019, Planned Parenthood anunció que abandonaría el programa del Título X y renunciaría a la financiación de los contribuyentes en lugar de cumplir con la regla. Desde entonces, la organización ha presionado a los estados para que aporten los fondos federales del Título X que cedió voluntariamente para proteger sus servicios de aborto.
En su agenda para las mujeres, la campaña de Biden se comprometió a codificar en la Constitución la decisión de la Corte Suprema de 1973 en el caso Roe v. Wade, que creó el derecho al aborto, con el fin de impedir que los estados aprobaran leyes provida que, según afirman los activistas pro aborto, “violan” el fallo.
Los activistas exigieron en su “Anteproyecto” la derogación de la Enmienda Hyde, una disposición de larga data que se ha adjuntado a los proyectos de ley de gastos y que ha bloqueado la financiación de los abortos por los contribuyentes.
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