Traducido de thenationalpulse.com por Tierrapura.org

El presidente Biden ha revocado una orden ejecutiva de la era Trump que pretendía mantener a los países y empresas extranjeras fuera de los sistemas de energía a granel de Estados Unidos -principalmente entidades asociadas al Partido Comunista Chino- como parte de su “Orden Ejecutiva sobre la protección de la salud pública y el medio ambiente y la restauración de la ciencia para hacer frente a la crisis climática.”

La orden ejecutiva, que ejecuta los principios clave de la agenda de cambio climático del Presidente Biden, fue publicada en el primer día del ex vicepresidente en el cargo.

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La sección 7 de la orden masiva, que incluye la revocación del permiso para el oleoducto Keystone XL, también revoca varias órdenes ejecutivas centradas en el clima y la energía redactadas por la administración Trump.

El subpunto C señala que “la orden ejecutiva 13920 del 1 de mayo de 2020 (asegurar el sistema de energía a granel de los Estados Unidos), se suspende por 90 días”.

La orden de la era Trump buscaba prohibir, reemplazar y establecer nuevos criterios sobre los equipos eléctricos del sistema de energía a granel (BPS) provenientes de un país o nacional extranjero que representara una amenaza para la seguridad nacional.

“Los adversarios extranjeros están creando y explotando cada vez más vulnerabilidades en el sistema de energía a granel de los Estados Unidos, que proporciona la electricidad que apoya nuestra defensa nacional, los servicios de emergencia vitales, la infraestructura crítica, la economía y la forma de vida.”

“El sistema de energía a granel es un objetivo de quienes buscan cometer actos maliciosos contra Estados Unidos y su pueblo, incluidas las actividades cibernéticas maliciosas, porque un ataque exitoso a nuestro sistema de energía a granel presentaría riesgos significativos para nuestra economía, la salud y la seguridad humana, y haría que Estados Unidos fuera menos capaz de actuar en defensa de sí mismo y de sus aliados”, decía la introducción de la orden ejecutiva.

La medida “prohibía cualquier adquisición, importación, transferencia o instalación de equipos eléctricos de la red de distribución de energía eléctrica (BPS) por parte de cualquier persona o sobre cualquier propiedad en la que un país extranjero o un miembro del país tenga algún interés, que suponga un riesgo indebido para la seguridad o la resistencia de las infraestructuras críticas de Estados Unidos o la economía de Estados Unidos, o la seguridad nacional de Estados Unidos o la seguridad y protección de las personas de Estados Unidos”.

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Al DOE (Departamento de Energía de los Estados Unidos) también se le encomendó la tarea de identificar los equipos eléctricos actuales de la BPS, que violaran la prescripción mencionada y “desarrollar recomendaciones para identificar, aislar, monitorear o reemplazar estos equipos, según corresponda.”

Publicada el 1 de mayo de 2020, los poderes previstos en la orden ejecutiva fueron usados por el DOE a principios de diciembre en lo que respecta al Partido Comunista Chino.

El 16 de enero de 2021, el entonces Secretario de Energía, Dan Brouillette, emitió una “orden de prohibición diseñada para reducir los riesgos que las entidades asociadas a la República Popular China suponen para el BPS de la nación”.

“La orden prohíbe a las empresas de servicios públicos que suministran a las instalaciones críticas de defensa (CDF) que adquieran de la República Popular China equipos eléctricos específicos de la BPS que supongan un riesgo indebido para la BPS, la seguridad o la resistencia de las infraestructuras críticas, la economía, la seguridad nacional o la seguridad de los estadounidenses”, añade un comunicado de prensa.

Ahora, según la orden ejecutiva de Biden, el destino de la orden ejecutiva y de la BPS de Estados Unidos está en manos del Secretario de Energía y del Director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de Biden:

“El Secretario de Energía y el Director de la OMB considerarán conjuntamente si recomiendan que se emita una orden de sustitución”.

The National Pulse expuso que el director de la OMB de Biden fue anteriormente presidente del Center for American Progress (CAP), un think tank del establishment que ha realizado viajes a China y ha sido coautor de informes junto a una operación de influencia respaldada por el Partido Comunista Chino.

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Es más, el hijo de Biden, Hunter, estuvo previamente involucrado en varias relaciones comerciales con el presidente de CEFC China Energy, Ye Jianming.

“Después de que su padre dejara el cargo en 2017, Hunter Biden trabajó en la obtención de un acuerdo con CEFC China Energy para invertir en proyectos energéticos de Estados Unidos, según documentos publicados por los republicanos”, señaló CNN.

Del mismo modo, una firma de inversión dirigida por Hunter Biden canalizó millones en China General Nuclear Power Corp, una empresa estatal de energía culpable de robar tecnología nuclear estadounidense para su uso por el Partido Comunista Chino durante décadas.

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