En el orwelliano mundo en el que estamos viviendo ya parece todo perdido y ni siquiera los familiares tienen la última palabra acerca de qué hacer, o no, con respecto a sus seres queridos imposibilitados para decidir por sí mismos.
Un juzgado de Alicante ha obligado a vacunar contra el covid a dos ancianos ingresados en residencias geriátricas pese a la oposición de sus familiares. La magistrada titular del juzgado de Primera Instancia número diez de Alicante, Sandra Peinado, había recibido simultáneamente hasta tres peticiones de la sección de incapacidades de la Fiscalía alicantina para que personas internadas en distintos geriátricos del área de Alicante fueran vacunadas al negarse a que recibieran la vacuna sus tutores legales. En uno de los tres casos, no fue necesaria la intervención del juzgado, ya que al ponerse en marcha el procedimiento el familiar acabó autorizando la vacunación.
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Pero lo más grave de todo esto es que cómo se han iniciado esos procesos judiciales. Increíble porque esas residencias de ancianos preguntan a los tutores responsables sobre si quieren vacunar a sus familiares o no y sí contestan que no, lo llevan ante el juzgado. ¿Para qué sirve entonces la preguntita de marras si van a seguir haciendo lo que les de la gana? ¿Quiénes son ellos, quién es un juez para decidir sobre la vida de un familiar por encima de la de un familiar responsable en la toma de sus decisiones? ¿Qué clase de basura tenemos en la justicia española?
Y aquí llega lo más importante, ¿qué clase de responsabilidad asume un juez al tomar este tipo de decisiones? Porque si a un familiar le pasa algo tras ser vacunado, debería ser el juez que ha ordenado esa vacunación quien pagara todas las consecuencias. Hace muchos, muchos años ya que España ha dejado de ser un país de derecho, si lo ha sido alguna vez, ahora mismo es un país de completo desecho en el que todo está completamente podrido. Y la sociedad española, calladita por si entran moscas.
Fuente: eldiestro.es
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