Por Álvaro Colombres Garmendia
A partir del 3 de febrero de este año, el estado de Texas dejará de proveer de fondos públicos a la abortista internacional Planned Parenthood y cualquier otro proveedor médico que promueva o realice abortos, reportó Breitbart.
Luego de una batalla legal que duró cinco años entre la abortista y el estado de Texas que se oponía a usar dinero de los contribuyentes para ser usados en abortos, en noviembre del 2020 la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, anuló el fallo de la corte federal baja para darle la razón al fiscal general de Texas, Ken Paxton.
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Al ser considerada un proveedor de servicios médicos aunque finalmente su función principal es promover el aborto, Planned Parenthood recibe dinero de los contribuyentes mediante uno de los programas de salud pública del gobierno federal llamado Medicaid.
Si bien el programa es federal, los estados tienen la libertad de elegir cómo utilizar esos fondos.
El Dr. Paxton, argumentó que la clínica abortista no calificaba para recibir fondos públicos debido a que la organización quedó involucrada en la venta de partes fetales.
“Un vídeo encubierto muestra claramente que Planned Parenthood admitió una conducta moralmente ruinosa e ilegal, incluyendo la violación de la ley federal al manipular el momento y los métodos de los abortos para obtener tejido fetal para su propia investigación”, declaró el Dr. Paxton.
En el video mencionado por el fiscal de Texas, se ve a un periodista encubierto del Centro para el Progreso Médico hablando de comprar partes de bebés con la Dra. Deborah Nucatola, directora de Planned Parenthood encargada de supervisar los abortos a nivel nacional.
Nucatola confirmó en el video que podía proveer de partes fetales y puso los precios aproximados de cada parte.
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El argumento que utilizó la abortista para apelar la decisión de Texas fue que los pacientes deben tener la libertad de elegir su proveedor médico y el estado no puede interferir en esa decisión.
Sin embargo, la jueza que falló a favor de Texas, la Dra. Priscila Owen dijo que “la Ley de Medicaid deja en manos del Estado la determinación de si el contrato de Medicaid de un proveedor concreto debe ser rescindido porque no está ‘calificado’ o por otros motivos”, y no es una cuestión de gusto personal del paciente.
La financiación del gobierno es una de las principales fuentes de ingreso de Planned Parenthood.
Según Live Action News los reembolsos y subvenciones de los servicios sanitarios gubernamentales representan un 37% de la fuente de ingresos de la clínica abortista.
Abortos disfrazados de servicios médicos
El falso lema de Planned Parenthood es hacer que los abortos sean “seguros, legales y poco frecuentes”. Sin embargo las estadísticas muestran que la clínica incrementa cada año la cantidad de abortos, poniendo en seria duda su intención de hacerlos “pocos frecuentes”.
En 2018 la clínica realizó 332.757 abortos a nivel nacional, mientras que en 2019 la cifra subió 345.672. En solo dos años casi 700 mil vidas fueron tomadas por Planned Parenthood antes de nacer.
Live Action News observó que el dinero de los contribuyentes a Planned Parenthood aumentó un 69,8% en la última década, que pasó de recibir 363.2 millones de dólares en 2008 a 616.8 millones de dólares en 2018.
La noticia fue bien recibida por la comunidad religiosa
“Estamos agradecidos de que Texas haya dado finalmente los pasos necesarios para eliminar por completo a los proveedores de abortos de toda la financiación estatal de Medicaid”, dijo Jennifer Allmon, directora ejecutiva de la Conferencia Episcopal de Texas.
El estado de Missouri también fue noticia recientemente al haber sido nombrado el primer estado libre de abortos, pero no por haber quitado la financiación a las abortistas, sino porque sus residentes decidieron dejar de acudir a las mismas.
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