Por Oriana Rivas
El régimen chino no puede ocultar la naturaleza detrás de su línea comunista. La sistemática violación a los derechos humanos es algo que parecen defender los gobiernos apegados a esta corriente ideológica, que profesan una supuesta igualdad social.
China lo ha puesto en práctica desde hace décadas contra sus disidentes o sus minorías. Una de ellas es contra la minoría musulmana uigur en la región de Xinjiang, que es sometida en «centros de reeducación» que no serían más que lugares de tortura.
Los testimonios de los sobrevivientes son escalofriantes. Violaciones, adoctrinamiento, abusos y esterilizaciones forzadas están a la orden del día en estos campos de concentración controlados por el Partido Comunista de China (PCCh).
Ellos relatan cómo durante la noche los guardias de seguridad llegan a la celdas y se llevan a las mujeres más jóvenes, algunas no volvían. Las violaciones no solo eran repetitivas, sino que las hacían en grupos de varios guardias. «No puedes contarle a nadie lo que pasó, solo puedes acostarte tranquilamente», contó Gulzira Auelkhan a la BBC . «Está diseñado para destruir el espíritu de todos».
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El tema llamó hace años la atención de la comunidad internacional. Estados Unidos ha rechazado en reiteradas ocasiones estas prácticas. El último pronunciamiento ocurrió desde la administración de Donald Trump, acusando al régimen chino de “genocidio y crímenes de lesa humanidad” contra la comunidad uigur. La acusación generó tal molestia que Xi Jinping sancionó a 28 exfuncionarios, entre ellos el exsecretario de Estado, Mike Pompeo.
Cuentos de horror
Tursunay Ziawudun pasó nueve meses dentro del vasto y secreto sistema de campos de internamiento de China en la región de Xinjiang. Cuenta que fue torturada y luego violada en grupo en tres ocasiones, indicó la BBC tras recopilar los testimonios de varias sobrevivientes. Ella fue liberada y logró escapar a Estados Unidos.
Gulzira Auelkhan, otra sobreviviente relató a ese medio que fue obligada a desnudar a las mujeres uigures y esposarlas, antes de dejarlas a solas con hombres chinos. «Mi trabajo consistía en quitarles la ropa por encima de la cintura y esposarlas para que no se movieran. Entonces dejaba a las mujeres en la habitación y entraba un hombre, algún chino de fuera o un policía. Me sentaba en silencio junto a la puerta, y cuando el hombre salía de la habitación, llevaba a la mujer a dar una ducha», explica.
Los detalles son gráficos y crueles, sin embargo el régimen chino desestima cualquier tipo de acusación de esta violencia institucionalizada. Aseguran que son “centros de formación profesional”, así lo afirmó el presidente de la región, Shohrat Zakir a finales de 2019.
El funcionario comunista dijo que los centros están destinados a prevenir el extremismo y la radicalización. “Con la ayuda del gobierno, los estudiantes han encontrado un empleo estable y mejorado su calidad de vida”, reseñó Infobae.
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Justamente un mes antes, se había filtrado un documento del régimen con más detalles que comprobaban la persecución de Xi Jinping por motivos religiosos.
Una de las sobrevivientes, exiliada en Francia, se atrevió a contar sus vivencias a través de un libro llamado «Sobreviviente del gulag chino». Ella fue victima de tratamientos obligatorios de esterilización. «Nos hicieron inyecciones dos veces al año. Vi a muchas jóvenes dejar de menstruar», dice Gulbahar Haitiwaji.
Una amenaza para el mundo
Human Rights Watch (HRW) denunció el año pasado los abusos de Xi Jinping dentro de su propio país al crear un estado de vigilancia «omnipresente» con el fin de lograr un control social absoluto.
La acusación tiene bases. Desde lo económico hasta lo humano, el país está envuelto en un control absoluto. La economía, una de las más sólidas del mundo, ha crecido bajo el control del gobierno.
Según el informe de HRW, las autoridades han clausurado organizaciones cívicas, silenciado al periodismo independiente y cercenado gravemente el diálogo en línea. «Pekín ha empleado la tecnología como elemento central para la represión», afirmó Kenneth Roth, director ejecutivo.
Hace pocos días ocurrió algo que va de la mano con la advertencia. Con la llegada de una comisión de expertos de la OMS, el gobierno comenzó a censurar grupos en redes sociales de familiares de fallecidos por COVID-19. Además ha ido casa por casa pidiendo silencio a cambio de dinero.
La organización advirtió que los abusos chinos amenazan al resto del mundo, convirtiéndose en una amenaza contra el sistema global de protección de los derechos humanos.
“Hace mucho que Pekín reprime a los críticos en el país”, explicó Kenneth Roth. “Ahora el Gobierno chino intenta extender esa censura al resto del mundo. Para proteger el futuro de todos, los gobiernos deben actuar juntos y oponer resistencia al embate de Pekín sobre el sistema internacional de derechos humanos”.
Fuente: panampost.com
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