Dos secretarios de estado estadounidenses, tanto de la administración Trump como de la administración Biden, han reconocido que el partido comunista chino (PCCh) ha cometido genocidio y crímenes contra la humanidad.
El exsecretario Mike Pompeo, en su último día completo en el cargo, el 19 de enero de 2021, anunció con determinación que la China comunista “ha cometido un genocidio contra los uigures predominantemente musulmanes y otros grupos étnicos y religiosos minoritarios en Xinjiang” y que “este genocidio está en curso”.
El sucesor de Pompeo, el secretario Antony Blinken, coincidió el 27 de enero, un día después de jurar su cargo. “Mi juicio sigue siendo que se cometió un genocidio contra… contra los uigures y que… eso no ha cambiado”, dijo Blinken.
Sin embargo, el genocidio y los crímenes contra la humanidad del PCCh no se limitan a los uigures. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado a China como País de Especial Preocupación -un país con un mal historial de derechos humanos- cada año en su informe anual sobre derechos humanos desde 1999.
Desde su creación, el PCCh ha perseguido y asesinado a los chinos. Ha llevado a cabo muchas campañas políticas contra diferentes grupos de personas desde que llegó al poder en 1949, que resultaron en más de 80 millones de muertes no naturales.
Por ejemplo, el movimiento de reforma agraria (1949 – 1953) acabó con la clase terrateniente en China, y Mao Zedong estimó que hasta 2 o 3 millones de terratenientes fueron asesinados. La tercera campaña (1951) y la quinta campaña (1952) obligaron a muchos capitalistas y empresarios a suicidarse. La revolución cultural (1966 – 1976) tuvo como objetivo a los rivales políticos de Mao y a los capitalistas. La masacre de Tiananmen (1989) mató a los estudiantes y ciudadanos que exigían democracia. Por último, la persecución a Falun Dafa (1999 – actualidad) sigue vigente después de más de dos décadas.
Entre todos los grupos que el PCCh persigue actualmente, los practicantes de Falun Dafa han sufrido el trato más brutal.
Genocidio contra los practicantes de Falun Dafa
En julio de 1999, el entonces jefe del PCCh, Jiang Zemin, y su camarilla político lanzaron abiertamente una campaña nacional para erradicar a los practicantes de Falun Dafa, una práctica de cultivación de cuerpo y mente basada en los principios de Verdad-Benevolencia-Tolerancia.
El PCCh desarrolló muchos procesos y métodos de persecución en su campaña contra Falun Dafa. Luego los aplicó a otros grupos, como cristianos, tibetanos, uigures, mongoles, defensores de los derechos humanos y personas de Hong Kong, Taiwán u otros países.
Estas medidas incluyen la creación de organizaciones especiales de control, como la oficina 610, para anular a los organismos judiciales y policiales, condena de personas sin juicio, tortura y asesinato, lavado de cerebro, sustracción forzada de órganos en vida y aplicación de análisis y vigilancia de grandes datos.
Un documento de “alto secreto” del PCCh, filtrado y obtenido por The Epoch Times aporta pruebas sobre los crímenes del PCCh. El documento es una opinión judicial emitida el 30 de noviembre de 2020 por cinco agencias, incluyendo el tribunal popular supremo, la procuraduría popular suprema, el ministerio de seguridad pública, el ministerio de seguridad del estado y el ministerio de justicia.
El documento enfatizaba que “los departamentos políticos y legales de todos los niveles deben implementar con determinación” las “importantes instrucciones de Jiang Zemin para erradicar a Falun Dafa”. Enumera los cargos penales que se imputan a diversas actividades de Falun Dafa y los grados de castigo.
El documento también afirmaba que el manejo de los casos de Falun Dafa por parte del PCCh estaba “orientado a lo político, a lo legal y a la política” y exigía que “los departamentos políticos y legales de todos los niveles cooperaran estrechamente bajo la dirección unificada del comité central del partido”.
El PCCh está llevando a cabo la orden dada por Jiang Zemin de “arruinar la reputación [de los practicantes de Falun Dafa], arruinarlos económicamente y destruirlos físicamente” desde hace 21 años. Según los datos recopilados por Minghui.org, al menos 4.485 practicantes de Falun Dafa murieron debido a la persecución del PCCh entre 1999 y 2020.
Lea también: Cruel persecución a practicantes de Falun Dafa en China condenada en un condado de Virginia
En 2020, al menos 80 practicantes fueron perseguidos hasta la muerte. Entre ellos, 21 murieron mientras estaban detenidos en prisiones, centros de detención o comisarías. Al menos 15.235 practicantes fueron también objeto de persecución en 2020, incluidas 6.659 detenciones y 8.576 casos de acoso. Otros 622 practicantes fueron condenados a prisión.
Practicantes asesinados por sus órganos
La sustracción forzada de órganos a practicantes vivos del PCCh, una “forma de maldad aún no vista en este planeta”, fue expuesta por primera vez en 2006. Desde entonces, más de 2.000 grabaciones de voz y relatos de testigos han demostrado la existencia de una práctica sistemática de sustracción forzada de órganos en la que operan el estado, el ejército y los hospitales chinos. Este crimen aberrante sigue sucediendo en la actualidad.
La última revelación vino de Lu Shuheng, que vive en Estados Unidos, el 17 de enero de 2021, quien informó que Mao Shuping, ex subdirector de la oficina de reforma por medio del trabajo (laogai) de Shanghái y más tarde subdirector de la oficina de justicia de Shanghái, y la esposa de Mao, Zhou Qing, directora de obstetricia y ginecología del hospital de Pudong y más tarde presidenta del hospital Wanping, han participado en el negocio de la sustracción forzada y trasplante de órganos.
Zhou es la hermana de la cuñada de Lu. La pareja reveló a Lu su participación en la sustracción de órganos en un intento de que consiguiera pacientes que necesiten trasplantes en Estados Unidos.
Mao fue ascendido a altos cargos en el sistema judicial de Shanghái por su activa participación en la represión a Falun Dafa. Dispuso que su esposa sustrajera órganos a practicantes vivos de Falun Dafa.
El Tribunal de China, presidido por Sir Geoffrey Nice, QC, un destacado experto británico en derechos humanos, emitió su sentencia final el 1 de marzo de 2020, declarando que la campaña china de sustracción forzada de órganos de víctimas inocentes es un “crimen contra la humanidad” que constituye una de las “peores atrocidades cometidas” en el mundo en el último siglo.
El Tribunal de China, un tribunal popular independiente con sede en Londres, se creó para investigar la sustracción forzada de órganos a presos de conciencia en China. Concluyó el 17 de junio de 2019 que el PCCh había estado sustrayendo órganos a practicantes de Falun Dafa vivos en China durante muchos años y que este crimen aún continúa.
El tribunal examinó los testimonios de 29 testigos y 26 expertos en dos audiencias. El conjunto de pruebas incluía tanto a practicantes de Falun Dafa a los que se les habían extraído muestras de sangre en exceso en contra de su voluntad, como grabaciones de voz de conversaciones telefónicas con altos funcionarios del PCCh, altos cargos militares, médicos e intermediarios de trasplantes de órganos.
Consenso y sanciones internacionales
Cada vez más comunidades internacionales han reconocido el genocidio y los crímenes contra la humanidad del PCCh.
El Jerusalem Post informó que 921 legisladores y políticos de 35 países firmaron una declaración condenando la persecución del PCCh a Falun Dafa el 10 de diciembre de 2020, Día de los Derechos Humanos. “La persecución de las minorías en China es uno de los peores crímenes contra los derechos humanos que el mundo ha visto. Ha sido descrita como un genocidio por algunos observadores internacionales y autoridades judiciales”, señaló Ann-Sofie Alm, diputada sueca.
Samuel D. Brownback, embajador de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, declaró el 18 de noviembre de 2020 que China tiene una de las peores persecuciones religiosas del mundo, si no la peor.
En su informe titulado “La oscuridad se profundiza: La represión de los derechos humanos en China 2016-2020”, publicado el 13 de enero de 2021, la Comisión de Derechos Humanos del Partido Conservador del Reino Unido declaró: “El uso de prácticas aborrecibles como el encarcelamiento y la tortura de disidentes, la vigilancia masiva, la sustracción forzada de órganos y el uso de mano de obra esclava muestra al partido comunista chino tal y como es”. Instó al gobierno británico a “liderar el establecimiento de una coalición internacional de democracias para coordinar una respuesta global a la crisis de derechos humanos en China”.
La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, ha comenzado a tomar medidas contra el PCCh.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con 27 víctimas de persecución religiosa, incluida la señora Zhang Yuhua, practicante de Falun Dafa, en la Casa Blanca, el 17 de julio de 2020.
El exsecretario de Estado Mike Pompeo emitió una declaración oficial el 20 de julio de 2020 en la que afirmaba: “Pedimos al gobierno de la RPC que ponga fin inmediatamente a sus depravados abusos y maltratos contra los practicantes de Falun Dafa, que libere a los encarcelados por sus creencias, como Ma Zhenyu, y que se ocupe del paradero de los practicantes desaparecidos”. Veintiún años de persecución a los practicantes de Falun Dafa es demasiado tiempo, y debe terminar”.
Robert Destro, subsecretario de Estado, y el embajador Sam Brownback se reunieron con cinco practicantes de Falun Dafa el mismo día de la declaración de Pompeo.
Lea también: [VIDEO] Secretario de Estado de EE.UU. condena la persecución a Falun Dafa en China
El Departamento de Estado de EE. UU. anunció sanciones contra 17 funcionarios extranjeros por cometer violaciones de derechos humanos, entre ellos Huang Yuanxiong, jefe de una comisaría de policía en China que “está relacionado con violaciones especialmente graves de la libertad religiosa de los practicantes de Falun Dafa”.
El representante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Scott Perry, junto con los representantes Tim Burchett y Scott DesJarlais, presentaron una legislación el 1 de octubre de 2020 para añadir al PCCh al listado de las principales organizaciones criminales internacionales en la mira y proporcionar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Estados Unidos una directiva estratégica para atacar la actividad maligna del PCCh.
El 16 de diciembre de 2020, el senador estadounidense Tom Cotton y los representantes de la Cámara de Representantes Chris Smith y Tom Suozzi presentaron conjuntamente la Ley para detener la sustracción forzada de órganos. La ley “pretende impedir que el partido comunista chino sustraiga órganos de los presos de conciencia”.
En su declaración, el senador Cotton afirmó: “Según un tribunal internacional de Londres, los médicos chinos sustraen órganos de los detenidos en los campos penitenciarios chinos -muchas veces mientras los prisioneros están vivos- para venderlos en un mercado valorado en mil millones de dólares al año”.
El Grupo de Trabajo sobre China del Partido Republicano en el Congreso de Estados Unidos dio a conocer su informe final el 30 de septiembre de 2020. El informe recomendaba a Estados Unidos emprender acciones y medidas de sanción contra sustracción forzada de órganos del PCCh. El representante Guy Reschenthaler, miembro del grupo de trabajo, presentó la resolución “Stop Predatory Organ Trafficking Act (Ley para detener el tráfico predatorio de órganos”.
Los practicantes de Falun Dafa han presentado demandas ante el Tribunal Penal Internacional y los tribunales de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Países Bajos, España, Bélgica, Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, Corea del Sur y muchos otros países desde 2002. Estas demandas acusan al exlíder del PCCh, Jiang Zemin, y a otros funcionarios, como Zeng Qinghong y Zhou Yongkang, y a la oficina 610 de haber cometido crímenes contra la humanidad y genocidio.
Pronto llegará el momento de hacer responsable al PCCh de sus crímenes contra Falun Dafa.
Fuente: Minghui.org
Envía tu comentario
Últimas
