Traducido de Naturalnews.com por Tierrapura.org
En 2009, el fabricante de vacunas contra el coronavirus de Wuhan (COVID-19), Pfizer, pagó $ 2.3 mil millones en lo que fue, y sigue siendo, el acuerdo de fraude de atención médica más grande de la historia. Se trata de resolver la responsabilidad penal y civil derivada de la promoción ilegal de determinados productos farmacéuticos.
El Departamento de Justicia de EE. UU. multó a Pfizer en septiembre de 2009 después de que una de sus subsidiarias, Pharmacia & UpJohn Company, se declarara culpable de comercializar cuatro medicamentos “con la intención de defraudar y engañar”. Además de promover la venta de un medicamento antiinflamatorio no aprobado, la compañía farmacéutica también fue sancionada por hacer afirmaciones falsas a los programas de atención médica del gobierno y sobornar a los proveedores de atención médica para que prescribieran dichos medicamentos.
Pfizer multada por comercializar drogas de forma falsa
Antes de retirar Bextra del mercado en 2005, Pfizer había promovido su venta para varios usos y dosis que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se negó específicamente a aprobar debido a preocupaciones de seguridad. Por ello, la empresa y su subsidiaria Pharmacia & UpJohn pagó una multa de $1.195 millones. Además de esto, Pfizer también tuvo que perder $105 millones por una restitución criminal total de $1.3 mil millones.
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Además, Pfizer también acordó pagar 1.000 millones de dólares para resolver las acusaciones de que la empresa había promocionado ilegalmente otros tres medicamentos además de Bextra, Geodon, un medicamento antipsicótico; Lyrica, un medicamento antiepiléptico; y Zyvox, un antibiótico. La empresa también hizo que se presentaran reclamaciones falsas a los programas gubernamentales de asistencia sanitaria para usos que no eran indicaciones médicamente aceptadas y, por tanto, no estaban cubiertas por esos programas.
Un ex gerente de ventas del distrito de Pfizer fue acusado y sentenciado a prisión domiciliaria por destruir documentos relacionados con la promoción ilegal de las drogas. Mientras tanto, un gerente regional se declaró culpable de la distribución de un producto mal etiquetado y fue multado con $75,000 mientras estaba en libertad condicional de 24 meses.
También se resolvieron en el acuerdo civil las acusaciones de que Pfizer pagó sobornos a los proveedores de atención médica para que prescribieran los medicamentos antes mencionados, así como otros medicamentos. En total, este fue el acuerdo de fraude civil más grande contra una empresa farmacéutica en la historia.
Pfizer ahora está ganando dinero con la vacuna contra el coronavirus
Que Pfizer haya estado involucrado en el mayor reclamo de fraude farmacéutico de la historia es importante, ya que la compañía comienza a lanzar su nueva vacuna contra COVID-19. Para cubrir el costo de inocular a 50 millones de personas, el gobierno de EE. UU. está pagando a la compañía y a su socio alemán, BioNTech, casi $2 mil millones, unos cientos de millones menos de lo que la compañía pagó en 2009.
El contrato es lo máximo que el gobierno de EE. UU. ha acordado gastar en una vacuna, aunque los acuerdos anteriores con otros fabricantes de vacunas estaban destinados a ayudar a pagar los costos de desarrollo. Pero para que se le pagara a Pfizer, la vacuna tenía que tener éxito en grandes ensayos clínicos, lo que supuestamente tuvo. La vacuna recibió recientemente la aprobación de emergencia de la FDA y la vacunación masiva en Estados Unidos ya está en marcha.
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Desde que llegaron a un acuerdo con el gobierno, los representantes de Pfizer han afirmado que la empresa se ha reformado.
“Las razones para confiar en Pfizer son porque, mientras recorría los pasillos de Pfizer, se veía que la gran mayoría de nuestros empleados pasan la vida dedicados a llevar medicamentos verdaderamente importantes a los pacientes y médicos de una manera adecuada”, dijo Amy W . Schulman , abogado general de Pfizer, en 2009.
Como parte del acuerdo, la compañía celebró un amplio acuerdo de integridad corporativa con la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Este acuerdo garantiza que existan procedimientos y revisiones para evitar que se repita la conducta indebida anterior de la empresa.
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