Por José Hermosa
La alcaldesa de la ciudad de Tampa Bay, Florida, Estados Unidos, Jane Castor, dijo que los espectadores que asistieron sin tapaboca a la Super Bowl, la máxima atracción del fútbol americano, serían identificados y que la policía se encargaría de sus casos.
“Estoy orgullosa de nuestra comunidad, pero esos pocos malos actores serán identificados y el Departamento de Policía de Tampa se encargará de ello”, dijo Castor en una entrevista de acuerdo con The Blaze del 9 de febrero.
Pocos días antes del intenso partido entre los equipos Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs, Castor impuso la obligación de que los residentes utilizaran el tapaboca aún en las actividades al aire libre.
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Aunque se suponía que era una norma de cumplimiento voluntario, el incumplimiento podría causar una citación y una multa de hasta 500 dólares.
No obstante, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, estableció que no se podía multar a las personas por violar las restricciones de la pandemia.
En un entorno en el que la asunción al poder ejecutivo del presidente, Joe Biden, se inclina cada vez más hacia el cumplimiento de la agenda de fuerte tendencia izquierdista que prometió su partido demócrata durante la campaña, no faltan las reacciones que aluden a ella.
Al parecer la actitud de Castor podría calificarse con términos drásticos, como lo hizo el usuario de Twitter @WinniLeaks.
“Más fascismo de los demócratas”, fue el lacónico pero significativo mensaje de @WinniLeaks, enviado el 9 de febrero ante la noticia de The Blaze.
Los primeros días de la presidencia de Joe Biden se destacan por la firma de docenas de órdenes ejecutivas, predominantemente orientadas a destruir el legado del expresidente Donald Trump, y a imponer las políticas izquierdistas que caracterizan a los demócratas.
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En particular despierta recelo el proyecto de Ley de Prevención del Terrorismo Doméstico de 2021 (DTPA, por la sigla en inglés) que causó revuelo entre los estadounidenses. Supuestamente fue motivado por los desórdenes registrados en el Capitolio el 6 de enero.
Para el autor Robert Wheeler: “La DTPA es esencialmente la criminalización de la palabra, la expresión y el pensamiento. Lleva la cultura de la cancelación un paso más allá y prácticamente proscribe las opiniones impopulares”, según escribió el 27 de enero en el sitio web The Organic Prepper.
Y agrega: “Esta ley facultará a los servicios de inteligencia, a las fuerzas del orden e incluso a las alas militares de la clase dirigente estadounidense para reprimir a las personas que se adhieran a determinados sistemas de creencias e ideologías”.
La DTPA autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Oficina Federal de Investigación (FBI), para supervisar, investigar y perseguir los casos de terrorismo doméstico.
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