Por Nitu Pérez Osuna
Un nuevo manifiesto contentivo de 33 puntos, ha lanzado el Grupo de Puebla el pasado 10 de febrero. El mismo plantea la estrategia basada en cinco líneas de acción, para la toma del poder en América Latina.
La primera es la construcción de un modelo socialista para toda la región. Segundo, manipular la pandemia del covid-19 con fines políticos. Tercero, desatar un novedoso esquema de “guerra jurídica” o “lawfare”, para victimizarse a sí mismos y criminalizar a sus adversarios. La cuarta línea es promover una nueva forma de integración regional con el fin de conformar una Unión de Repúblicas Socialistas del Sur (URSS). Quinto, fomentar la ideología de género, el ecologismo y el indigenismo con el objetivo de destruir el concepto de familia y la cultura judeo-cristiana occidental.
Los primeros cinco puntos del Manifiesto Progresista –disponible si hace clic aquí–.
así como los puntos que van del 12 al 21, están dedicados al tema económico, financiero, bancario y fiscal. Muchos de estos planteamientos parecieran atractivos porque proyectan reducir la pobreza, proteger a los más necesitados, fomentar la inclusión y la justicia social. Conceptos hermosos con los que los progres adornan sus discursos para alcanzar su propósito totalitario.
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La verdad es que se trata del mismo esquema que viene promoviendo el Foro de São Paulo desde hace treinta años, con las terribles consecuencias en los países donde se han aplicado, particularmente en Venezuela.
Basta leer el manifiesto con detenimiento y resaltar las siguientes citas para constatarlo: promover un “rol activo y protagónico para el Estado”; “eliminar restricciones a la propiedad intelectual”; “asumir la salud como bien público global”; “promover más control público y menos mercado”; fomentar una economía basada en “la acción colectiva y no por mecanismos que presumen al mercado como una interacción perfecta entre oferta y demanda”; subsidiar a 83 millones de latinoamericanos mediante una “Renta Básica Solidaria”; crear “impuestos directos a los ingresos y al patrimonio”; “acudir a emisiones directas de los bancos centrales para los gobiernos”; rechazo a la austeridad y así sucesivamente. Es decir, marxismo puro y duro.
En cuanto a la pandemia del covid-19, el Grupo de Puebla responsabiliza a los gobiernos democráticos de América Latina por la crisis, alegando que “han defendido posturas negacionistas sobre la pandemia, dejando entrever su incompetencia y negligencia”.
Paralelamente, promueven un sistema de salud limitado básicamente al sector público y atacan duramente los servicios de salud privados. En este sentido, el manifiesto propone que “el acceso universal a la vacuna del covid-19 debe ser una exigencia del progresismo, que ve con preocupación cómo se especula con su distribución y se somete a la lógica del mercado bajo el régimen del derecho privado”.
Increíblemente, el Grupo de Puebla nada dice sobre los orígenes chinos del covid-19 y la responsabilidad del gobierno comunista de China en su expansión mundial. A quienes todavía lo duden, recomendamos leer los muchos informes que así lo demuestran, incluyendo el de la Universidad de Southampton, en el que se señala que “el número de casos de covid-19 en China podría haberse reducido en un 86% si las primeras medidas, que se tomaron el 20 de enero de 2020, se hubieran implementado dos semanas antes”.
Por su parte, la ONG Reporteros Sin Fronteras denunció que “si los medios internacionales hubieran tenido acceso total a la información que tenían las autoridades chinas sobre la escala de la epidemia antes del 13 de enero de 2020, es probable que la comunidad internacional hubiera evaluado la crisis y la hubiera anticipado mejor, reduciendo el riesgo que la epidemia se propagase fuera de China y, posiblemente, evitando su transformación en una pandemia”.
Pero, el Grupo de Puebla silencia estas realidades deliberadamente, para ocultar el rol del comunismo en la propagación de la pandemia.
El concepto de “lawfare”
Los miembros del Grupo de Puebla dedicaron los puntos 8, 9 y 10 del manifiesto en cuestión, a introducir una nueva herramienta de lucha denominada “guerra jurídica” o “lawfare” –en inglés– mediante la cual pretenden explicar que los escandalosos casos de corrupción de sus integrantes no existen, a pesar de estar comprobados y bien documentados como el caso “Lava Jato”, por ejemplo.
Afirman además, que de lo que se trata es de persecución política: “esta nueva forma de golpe se puso en marcha contra Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Manuel Zelaya y Evo Morales”, y agrega que “la principal estrategia de esta nueva forma de guerra consiste en los golpes de Estado que, a diferencia del pasado, no ocurren apelando a los militares, sino recortando las facultades de los Congresos y violando los derechos de los opositores con acciones como la violación de los domicilios, la represión generalizada y la intimidación en medios de comunicación y redes sociales”.
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Olvida pues, el Grupo de Puebla muy convenientemente, que la política del régimen de Nicolás Maduro, está basada justamente en el asesinato, la tortura, el encarcelamiento, el allanamiento a los hogares y la persecución feroz a toda forma de disidencia, debido a lo cual ha sido acusado por varias naciones ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Y en lo referente a “intimidar” a los medios de comunicación, llama poderosamente la atención que es eso, exactamente, lo que han hecho durante décadas, los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sin que el Grupo de Puebla siquiera lo mencione ¡vaya cinismo!
De hecho, el punto 10 del manifiesto está dedicado a “defender a Cuba, Nicaragua y Venezuela de las agresiones e injerencias de potencias o terceros Estados”, alegando que “han sido objeto de acciones tendientes a la desestabilización a través de la imposición de bloqueos, sanciones económicas y políticas unilaterales contrarias al derecho internacional”. El Grupo de Puebla añade que estas sanciones constituyen “una amenaza contra el proceso de integración”. Este párrafo en particular demuestra la doble moral del Grupo y su alianza con las peores tiranías de nuestro continente.
El Grupo de Puebla reconoce en el manifiesto que ha creado un instituto dedicado exclusivamente a la guerra jurídica, con el objetivo de presentar a sus miembros como víctimas de la injusticia y a la vez perseguir a quienes los adversan: “En este sentido, destacamos la labor que viene desarrollando el Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia (CLAJUD), creado por el Grupo, contra la judicialización de la política y la politización de la justicia”.
Como puede comprobarse en la página del CLAJUD, en su equipo juega un rol preponderante el exjuez Baltasar Garzón, condenado a 11 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo de España por el delito de prevaricación. Recordemos que Garzón es también el abogado del principal testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, preso en Cabo Verde, esperando ser extraditado a los Estados Unidos por haber cometido numerosos delitos.
La Unión de Repúblicas Socialistas del Sur
El punto 25 del texto dice: “El Grupo de Puebla propone un proceso de convergencia de sus actuales mecanismos de integración subregional, hasta llegar a un escenario de articulación y diálogo en la CELAC”.
Nótese que deliberadamente se omite a la OEA como mecanismo natural de articulación, puesto que el CELAC fue creado en el año 2011 por Fidel Castro y sus aliados, justamente para sustituir a una OEA que les resultaba incómoda, debido a la presencia de Estados Unidos y de Canadá.
En el punto 26 podemos leer: “resulta indispensable reimpulsar la integración latinoamericana para que, conjuntamente los países de la región, recuperen la autonomía frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y las instituciones del capital financiero internacional, como las agencias calificadoras de riesgo, las cuales, bajo la amenaza de revisar evaluación por país, provocan crisis cambiarias”.
Una vez más, el descaro latente, ya que el texto omite el descalabro económico de Venezuela, donde la inflación acumulada y anualizada al cierre de 2020 fue nada menos que de 3 mil 713 por ciento, la más alta del mundo; sin que el FMI haya tenido nada que ver con dicho desempeño.
Pero sigamos. “Al apoyar la necesaria reforma del sistema de Naciones Unidas, el Grupo de Puebla reitera también su apoyo al multilateralismo como fórmula de convivencia global, su rechazo a las hegemonías y la necesidad de crear un orden internacional más simétrico, justo y multipolar”. El orden al que hace referencia el Grupo en este punto 27, es a un nuevo orden mundial socialista, que en América Latina estaría expresado mediante una Unión de Repúblicas Socialistas del Sur, viejo sueño de los comunistas de la región.
El apartado 31, aborda el tema de la ideología de género: “luchar contra el patriarcado, combatir el racismo estructural y todas las otras formas de discriminación, como la lesbofobia, la homofobia, la transfobia y todas aquellas relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género”. Nada sobre la defensa de la familia y los valores de la civilización judeo-cristiana occidental, puesto que, siguiendo los lineamientos de Antonio Gramsci, el objetivo es justamente destruir estos valores universales, para que los conceptos materialistas del marxismo puedan tener cabida.
En otros apartes, el manifiesto hace hincapié en los mismos conceptos indigenistas y ecologistas que viene promoviendo el Foro de São Paulo desde hace tres décadas; y para ello propone, por un lado, “retomar las enseñanzas de los pueblos originarios (…) como marco de referencia para el mejoramiento de la calidad de vida dentro de una hermandad histórica, cultural y espiritual. Esta noción de los pueblos originarios andinos coincide con la propuesta del Papa Francisco de estimular la fraternidad global”; y por el otro “un nuevo modelo de desarrollo fundamentado en el reemplazo de las actividades extractivistas por una nueva industrialización bajo parámetros de sostenibilidad ambiental y en clave de transición ecológica”.
Resulta paradójico que los textos del Papa Francisco, como por ejemplo “Fratelli Tutti”, puedan servir de munición ideológica para el Grupo de Puebla con el fin de atacar los valores universales de la propia Iglesia Católica.
Finalmente, en el punto 33, el Grupo de Puebla deja abierta la puerta para que la “brisita bolivariana” –como la llama Nicolás Maduro– siga incendiando a nuestro continente con protestas vandálicas, como las que azotaron a Chile, Colombia y Ecuador en el año 2019.
El texto dice: “El Grupo de Puebla respalda las movilizaciones sociales como una expresión genuina de inconformidad y cambio que debe garantizarse como un derecho. A su vez, expresa su preocupación por la militarización de las respuestas a la protesta social. La movilización social es un derecho y una garantía inscrita dentro de los sistemas democráticos, por lo que el uso desproporcionado de la fuerza para combatirla constituye una grave amenaza contra la democracia”.
Olvidan otra vez, el uso desproporcionado de la fuerza del régimen de Maduro, cada vez que los ciudadanos salen a protestar, legítimamente, por la falta de todo en un país que en el pasado, fue de los más prósperos de América Latina y que hoy atraviesa la crisis humanitaria mas grande de la región en toda su historia.
Este nuevo manifiesto del Grupo de Puebla, que plantea sin pudor sus planes para apoderarse de nuestra región, debe servirnos de advertencia respecto a la urgente necesidad de articular planes regionales por parte de los movimientos políticos de derecha -como lo hace la izquierda- para presentar propuestas que emocionen a nuestros pueblos y sirvan para contrarrestar las fórmulas caducas del Socialismo del Siglo XXI, que solo producen hambre, miseria y éxodo.
Fuente: gaceta.es
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