Por Daniela Carrasco

La insurrección no cesa en el sur de Chile, en específico en la región de La Araucanía, pues nuevamente hubo una seguidilla de ataques incendiarios en la zona.

Durante la mañana del lunes 22 de febrero el Fundo Miraflores, de la familia García, fue atacada por insurrectos que promueven la Causa Mapuche. En esta ocasión la víctima fue una mujer de edad quien se encontraba durmiendo y se despertó con un arma en su cabeza para que abandonara su casa, la que fue quemada junto a su vehículo.

“Me quemaron la casa, quemaron todo. Nos quemaron hasta el auto. Nos arrancaron todos los sueños que teníamos. Esta casa la construyó mi bisabuela y fue pasando por generaciones durante 90 o 100 años. Aquí se casaron mis abuelos, en este campo hay mucha historia familiar. Hasta que unos cobardes que andan con la cara cubierta nos arrancaron todo”, señala Micaela Becker García, según consigna el medio chileno El Libero.

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Becker García agrega que “querían quemar viva a mi mamá, si no hubiese sido por el empleado que estaba aquí en el campo, que les rogó que por favor dejaran salir a su patrona que estaba dentro de la casa, a mi mamá la queman adentro”. Dos viviendas y un vehículo del fundo Miraflores fueron destruidos finalmente por estas acciones terroristas.

A lo anterior se agrega que durante la madrugada del lunes ocho equipos agrícolas fueron incendiados en el fundo del concejal de Lautaro, Carlos Gutiérrez. El afectado, en entrevista con Radio Bío Bio, pidió a los parlamentarios locales que se haga respetar el Estado de Derecho en la zona. Asimismo, este día también hubo un incendio en el fundo Cahuenmpagne, que resultó con la destrucción de 4 máquinas cosecheras, 3 tractores, 1 carro, más disparos hacia la casa y a los perros del fundo.

Estos actos se desarrollan a dos semanas de la violencia desatada en el pueblo de Panquipulli, donde murió un malabarista que circulaba con machetes en la vía pública, quien al negarse a un control de identidad, atacó a miembros de la policía chilena que procedieron a disparar. Como consecuencia de lo anterior, violentistas militantes de izquierda quemaron el centro del pequeño pueblo sureño, su municipalidad y otros nueve edificios de servicios públicos.

Además, locatarios del condominio Riñimapu, ubicado a las orillas del lago Riñihue en Panguipulli, acusan asedio a la zona.

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Por consiguiente, durante la tarde del lunes 22 de febrero, el presidente Sebastián Piñera convocó a policías, el Ejército, a los ministros del Interior y de Defensa por los últimos ataques en La Araucanía. Y durante la tarde del martes 23 de febrero, el ministro del Interior se reunirá con autoridades de la macro zona sur por los últimos ataques. Por lo que cerca de las 18:00 horas de Chile habrá un balance de este encuentro.

A pesar de esto, un grupo de parlamentarios de La Araucanía perteneciente al partido de centro-derecha Evópoli solicitaron al ministro del Interior que se instale por un mes en la macro zona sur, para que trabaje en terreno. De la misma forma, un grupo de diputados oficialistas han solicitado al presidente Piñera que declare Estado de Sitio en La Araucanía.

Los agricultores de la zona, cansados de esta situación, hicieron un “pantalonazo” para exigir al presidente chileno medidas concretas para detener la insurrección en La Araucanía. Esto también se replicó en la ciudad de Santiago, donde civiles demandaron Estado de Sitio a las afueras de La Moneda, el palacio presidencial chileno.

Esta no es una situación nueva, pues ya en la década de los noventas la “Causa Mapuche” promovió actos subversivos contra empresas privadas para recuperar el territorio que acusan que se les quitó. Sin embargo, con el paso de los años los ataques escalaron en violencia, y comenzaron a atacar a viviendas, fundos y personas, provocando incluso la muerte de ellas. Recordado es el trágico caso del matrimonio de edad avanzada, Luchsinger-Mackay, quienes fallecieron producto de la quema de su hogar en Vilcún, en 2013.

Pero desde el 18 de octubre de 2019 ―fecha en la que todo el territorio nacional se ha visto bajo ataque―,  el terrorismo que vive La Araucanía ha escalado dramáticamente. Por ejemplo, en febrero de 2020, el camionero Juan Barrios falleció producto de una quema a su camión. En agosto de 2020, una niña de 9 años recibió un impacto de bala en su espalda pues viajaba junto a sus padres en el camión que fue atacado. Los fallecimientos durante el mes de octubre de 2020, del cabo segundo Eugenio Naín, quien además era mapuche y fue impactado por una bala, y el de Pedro Cabrera quien murió producto de los ataques incendiarios al fundo donde trabajaba. O el cruel asesinato del candidato a concejal, Orwal Casanova, en enero de 2021, quien se dedicó a defender La Araucanía de la violencia política.

A pesar de que la lista de víctimas es larga y hay una sensación de impunidad, a ratos hay momentos de luz en la justicia chilena. Recientemente fue condenando a cinco años de cárcel al detenido por incendio a una sede de la Universidad Pedro de Valdivia, en el centro de Santiago, en el contexto de la revuelta del 18-O de 2019.

Sin embargo, la izquierda chilena ha apuntado en contra del sentido común al impulsar un proyecto de ley que indulte a los supuestos “presos políticos” (como califican a los insurrectos del 18-O y a aquellos mapuches terroristas).

Fuente: gaceta.es

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