Traducido de conservativefiringline.com por TierraPura.org
En una victoria de la Primera Enmienda, la Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado que un estudiante universitario citado por la policía del campus por “conducta desordenada” por hablar de su fe cristiana y distribuir literatura religiosa en el campus puede demandar a los funcionarios por violar sus derechos de libertad de expresión.
En el fallo de 8 a 1 en el caso “Uzuegbunam contra Preczewski”, la Corte Suprema falló a favor de los derechos de libertad de expresión del estudiante universitario Chike Uzuegbunam, dictaminando que sufrió una violación de sus derechos constitucionales cuando los funcionarios aplicaron sus políticas de expresión contra él.
El Instituto Rutherford había pedido al Tribunal Supremo que se asegurara de que las políticas del campus y los administradores del Georgia Gwinnett College cumplieran la Primera Enmienda.
“Este caso nos recuerda que no hay cabida para la confianza en la relación entre la ciudadanía y el gobierno”, dijo el abogado constitucionalista John W. Whitehead, presidente del Instituto Rutherford y autor de Battlefield America: The War on the American People. “Si se confía en que el gobierno se vigile a sí mismo, éste esquivará la ley en todo momento. La única manera de garantizar que los funcionarios del gobierno obedezcan la ley y respeten los derechos de la ciudadanía, como reconoció Thomas Jefferson, es amarrarlos con ‘las cadenas de la Constitución'”.
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Chike Uzuegbunam es cristiano y fue estudiante del Georgia Gwinnett College, que tiene un campus de 1000 kilómetros en Lawrenceville, Ga.
Dado que la fe de Chike requiere que comparta sus creencias religiosas con los demás, intentó hacerlo en 2016 repartiendo literatura y hablando a los estudiantes desde una espaciosa plaza de hormigón cerca de la biblioteca de la universidad. Un agente de seguridad del campus lo detuvo y le advirtió que no podía distribuir material escrito allí porque no estaba en una de las dos “zonas de expresión” que la universidad había establecido.
De acuerdo con las políticas de la universidad, los estudiantes debían reservar horas para una de las dos “zonas de expresión”, que consistían en un patio y una acera que representaban el 0,0015% de la superficie total del campus. Las políticas también exigían que los estudiantes solicitaran una reserva con al menos tres días de antelación y otorgaban a los funcionarios de la universidad una discreción ilimitada para decidir quién podía hablar, cuándo podía hacerlo y qué material podía repartir.
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A pesar de que Chike reservó adecuadamente un tiempo para compartir su fe desde una de las zonas, un agente de seguridad del campus le impidió de nuevo hablar.
El agente le dijo que, como alguien se había quejado de su discurso, estaba incurriendo en “conducta desordenada” según las políticas de la universidad.
Chike interpuso entonces una demanda contra la universidad alegando que sus políticas y su aplicación para impedirle hacer uso de su discurso religioso violaban la Primera Enmienda. Tras meses de litigio, la universidad solicitó que se desestimara el caso por considerarlo discutible, ya que había modificado sus políticas de “zona de expresión”, y el tribunal de primera instancia aceptó la petición.
Chike apeló, argumentando que su caso no era discutible porque tenía derecho a una indemnización nominal por la interferencia con sus derechos de la Primera Enmienda, pero el tribunal de apelación confirmó la desestimación.
Chike solicitó y obtuvo la revisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
En su informe amicus curiae en apoyo de Chike, el Instituto Rutherford argumentó que la desestimación de la demanda violaba un precedente judicial establecido desde hace mucho tiempo que afirmaba el derecho de los ciudadanos a obtener una indemnización por daños y perjuicios nominales, contra los funcionarios del gobierno cuando violan los derechos constitucionales de una persona.
La opinión del Tribunal Supremo y el escrito de amicus curiae del Instituto Rutherford en el caso Uzuegbunam v. Preczewski están disponibles en www.rutherford.org. El abogado a cargo del caso, Michael J. Lockerby, de Foley & Lardner, LLP, en Washington, DC, ayudó al Instituto Rutherford a presentar los argumentos en el caso Uzuegbunam.
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