Traducido de justice.gov por Tierrapura.org

Baltimore, Maryland – Mathew Palmer, de 44 años, de Severna Park, Maryland, se declaró hoy culpable de distribución de pornografía infantil. En el momento de cometer los hechos, Palmer ocupaba cargos en el gobierno del estado de Maryland, entre ellos el de funcionario legislativo adjunto de la Oficina del Gobernador de Maryland y el de director de operaciones del Departamento de Comercio de Maryland.

La declaración de culpabilidad fue anunciada por el fiscal interino de los Estados Unidos para el distrito de Maryland, Jonathan F. Lenzner; el agente especial encargado James R. Mancuso, de Homeland Security Investigations (HSI) Baltimore; y el coronel Woodrow W. Jones III, superintendente de la policía estatal de Maryland.

“La explotación de menores es una amenaza y un problema grave que ha crecido en el transcurso de la pandemia”, dijo el fiscal federal en funciones Jonathan Lenzner.  “Los individuos como Palmer que comercian y poseen este material ilegal en línea están esencialmente facilitando un mercado criminal subterráneo.  Este caso debe servir de recordatorio de que las fuerzas del orden perseguirán a cualquiera que ponga en peligro a los niños, y que nadie está por encima de la ley.”

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“Ningún delito nos afecta más profundamente que el abuso sexual de niños inocentes. Quienes comercian con material de explotación participan en ese abuso y lo perpetúan”, declaró el agente especial de Los Servicios de Seguridad Interna (HSI) a cargo, James Mancuso. “HSI utilizará todos los recursos y autoridades disponibles para investigar y buscar el enjuiciamiento de aquellos que dañan y explotan a los niños”.

Según su acuerdo de culpabilidad, los investigadores de HSI recibieron informes de una aplicación de mensajería instantánea en los que se avisaba de que múltiples cuentas que utilizaban nombres de usuario similares, que incluían todos “anonjohnny” como parte del nombre, habían subido al menos una imagen de pornografía infantil o material sensible a los niños entre abril de 2019 y septiembre de 2019.  Cada vez que la aplicación detectaba el material de explotación infantil, cerraba la cuenta infractora.

La investigación reveló que la misma dirección de protocolo de Internet (dirección IP) se utilizó para acceder a las cinco cuentas de “anonjohnny” y fue atendida por el mismo proveedor de servicios celulares registrado bajo el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y la dirección del hogar de Palmer en Severna Park, Maryland. Los registros mostraron que también se había accedido a la cuenta de la aplicación de mensajería desde direcciones IP que resolvían al Estado de Maryland, lo que demostraba que el usuario accedía a los materiales desde los servicios de Internet del gobierno estatal.

El 11 de agosto de 2020, los investigadores ejecutaron una orden de registro en la residencia de Palmer en Severna Park y se incautaron de varios dispositivos electrónicos, incluidos el ordenador portátil y el teléfono móvil personal de Palmer. El teléfono móvil de Palmer también estaba vinculado a la dirección de correo electrónico de su oficina. El teléfono de Palmer estaba conectado a una nueva cuenta “anonjohnny” en la aplicación de mensajería instantánea. Palmer admitió que utilizó esta cuenta para participar en chats con varios otros usuarios en relación con la explotación infantil.

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Por ejemplo, en una conversación con un usuario, en su primer mensaje Palmer dijo: “Hola, tengo pensamientos traviesos sobre mis hijas adolescentes”. A continuación, Palmer envió al usuario imágenes de dos niñas menores de edad que Palmer representaba como sus hijas. En realidad, estas menores no eran hijas de Palmer. En una conversación con un segundo usuario, Palmer declaró que su preferencia eran los niños de ocho años en adelante. Palmer volvió a enviar fotos de dos niñas menores de edad, representando falsamente al segundo usuario que eran sus propias hijas.

En el teléfono móvil de Palmer se encontraron al menos 936 imágenes y 368 vídeos de pornografía infantil, que incluían a menores prepúberes, pornografía infantil con niños pequeños y pornografía infantil con bondage y otros actos sádicos.

Además de poseer cientos de imágenes y vídeos que constituyen pornografía infantil, Palmer admitió que recibía y distribuía pornografía infantil. Palmer tenía una aplicación en su teléfono que se utiliza para enviar mensajes encubiertos y cifrados. Palmer poseía otros dos vídeos de pornografía infantil en esa aplicación, y las pruebas demostraron que Palmer utilizó esa aplicación para distribuir un vídeo de pornografía infantil a un grupo de chat de 58 personas. El teléfono de Palmer también incluía varios enlaces en la sección de “notas” a sitios web activos de pornografía infantil. 

Como se detalla en su acuerdo de culpabilidad, Palmer deberá registrarse como delincuente sexual en los lugares en los que reside, es empleado y es estudiante, de acuerdo con la ley de registro de delincuentes sexuales y de no discriminación (SORNA).

Palmer se enfrenta a una sentencia mínima obligatoria de cinco años de prisión y a una máxima de veinte años de prisión por distribución de pornografía infantil. La jueza de distrito Stephanie A. Gallagher aún no ha programado la sentencia.

Este caso se presentó como parte del Proyecto Infancia Segura, una iniciativa nacional lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. Dirigido por las Fiscalías de los Estados Unidos y la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad de la División Penal, el Proyecto Infancia Segura reúne recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y procesar a los individuos que explotan sexualmente a los niños, y para identificar y rescatar a las víctimas. Para más información sobre el Proyecto Infancia Segura, visite www.justice.gov/psc.       

El fiscal federal en funciones, Jonathan F. Lenzner, elogió al HSI y a la policía estatal de Maryland por su trabajo en la investigación. El fiscal federal interino Lenzner agradeció al fiscal federal adjunto Daniel A. Loveland, Jr. que está llevando el caso federal.

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