El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha demandado a la Justicia que los decretos de autoridades locales que imponen cierres de las actividades económicas para contener el COVID-19 sean autorizados previamente por los legislativos regionales.
Esa exigencia, que tiende a limitar el poder de los gobernadores y alcaldes para imponer medidas restrictivas, consta en una demanda presentada este viernes por la Abogacía General de la Unión (AGU) a la Corte Suprema, en representación del Gobierno.
En el documento se pide al Supremo que «establezca que, aun en casos de emergencia sanitaria comprobada, medidas de cierres de servicios no esenciales exigen respaldo legal y deben preservar el mínimo de autonomía económica de las personas, posibilitando su subsistencia personal y familiar».
El «respaldo legal» que reclama la AGU es una autorización previa de los legislativos regionales o municipales, según sea el caso.
La demanda ha sido presentada en momentos en que Brasil vive un repunte de la pandemia, frente a lo cual muchos gobernadores y alcaldes han adoptado medidas para restringir la circulación de personas.
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En el marco de esas decisiones, han sido suspendidas en todas las principales ciudades del país muchas de las actividades económicas, medidas a las que Bolsonaro se opone, alegando que es necesario preservar la salud pero también la economía, porque «el hambre también mata».
La demanda presentada al Supremo se limita a medidas adoptadas en los estados de Río Grande do Sul, Bahía y el Distrito Federal de Brasilia, pero si fuera acogida por la Corte Suprema pasaría a ser considerada de «repercusión general» y extendida a todo el país, según dijeron fuentes judiciales consultadas por EFE.
Bolsonaro anunció esa acción este jueves, durante una habitual transmisión semanal por las redes sociales, en la cual reiteró que, desde su punto de vista, las medidas adoptadas por gobernadores y alcaldes superan los límites constitucionales y son propias de un «estado de sitio».
También anticipó que su Gobierno planea enviar al Parlamento un proyecto de ley para ampliar las llamadas «actividades esenciales», permitidas aún con las restricciones pero que, en su opinión, «son todas aquellas que le permiten a un padre de familia llevar comida a su casa».
Fuente: Panampost
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