Chile continúa viviendo una situación excepcional en torno a la pandemia. Por un lado, se ha ido consolidando como uno de los países con la campaña de vacunación contra el coronavirus más avanzada del mundo, pero por otro lado, se encuentra en la paradójica situación de ser uno de los países que más está restringiendo las libertades de sus habitantes.
El presidente Sebastián Piñera no cede ante las flexibilizaciones que demanda la población, a pesar de que más del 40% de los chilenos ya se han vacunado (7.779529 sobre los 18 millones de habitantes).
Durante el año 2020 se registraron tímidos avances hacia la flexibilización de las medidas restrictivas locales, lo que se denominó como “Plan Paso a Paso” que, si bien continúa en vigencia, cada vez avanza más lento y en la última semana se volvió al Paso 1 en el área metropolitana.
Chile además se ha convertido en uno de los países que más insiste con el uso obligatorio del barbijo, decretado el 8 de julio de 2020, los ciudadanos pueden ser castigados con multas de hasta US$ 3.400 si son identificados por la Policía no acatando la orden.
A pesar de la masiva campaña de vacunación, desde principios de febrero que la cantidad de casos está en ascenso. Sin embargo, es considerablemente menor que el pico de junio del año pasado donde se superó los 7.000 casos diarios y debería empezar a ceder en cualquier momento.
A diferencia de países como Brasil, Suecia o algunos Estados de los Estados Unidos de América (por ej. Iowa, Texas y Mississippi), donde las restricciones ya han sido levantadas totalmente, en Chile ocurre lo contrario.
Resulta ciertamente hipócrita por parte del gobierno de Piñera, el hecho de que la Policía ha sido totalmente laxa con actos de violencia de los grupos de izquierda, mientras se ha optado por ensañarse con los ciudadanos comunes, persiguiendo a aquellos que no usan el barbijo o que salen sin ser personal esencial.
Dichas medidas draconianas, por supuesto, no aplican a los activistas y terroristas de izquierda, que continúan realizando manifestaciones y grandes aglomeraciones, como ocurrió con los movimientos feministas el #8M.
En algunos sectores de Chile las medidas restrictivas han sido verdaderamente alarmantes.
Jorge Martínez, Intendente de la región de Valparaíso, señaló a los ciudadanos esta semana, que “tomen las precauciones de volver a su hogar antes de las 22:00 horas porque serán arrestados“.
“Quien sea sorprendido después de ese horario, seremos muy estrictos y será detenido por infringir una norma sanitaria que constituye un delito en el Código Penal“, amenazó a sus habitantes.
Sobre los permisos de trabajo que habilitó su municipio, comentó: “se ha visto un abuso en los permisos de comisaría virtual, por tanto el control de permisos será más estricto y las personas que porten uno deben, además, portar el contrato de trabajo respectivo“.
Martínez, quien pertenece al espacio de “centro-derecha” del Presidente Piñera, pretende que los ciudadanos salgan con el contrato laboral en la mano. “Queremos evitar cualquier tipo de mal uso, así que deben portar el contrato y debe ser de un trabajo esencial. Quienes no tengan este permiso, que no porten contrato o que su trabajo no sea esencial, van a ser detenidas y vamos a fiscalizar a la empresa que entrega estos permisos a trabajadores que no tenían trabajo esencial o no prestaban servicio real para dicha empresa. Esto será muy duro“, indicó.
Fuente: derechadiario.com.ar
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