La Procuraduría de Bolivia ha paralizado la decisión de un tribunal de La Paz de trasladar este viernes a la expresidenta interina Jeanine Áñez desde la cárcel de Obrajes a una clínica sanitaria para ser atendida por su hipertensión.
La corte había tomado la decisión tras un recurso de acción de libertad presentado por su defensa, sin embargo, la Procuraduría de Bolivia ha recurrido esta decisión y ha solicitado que la valoración médica de Añez sea dispuesta por personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), dependiente de la Fiscalía, o médicos especialistas de un hospital público trasladados a la cárcel para valorar la salud de la expresidenta.
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“En atención al informe de la Directora del COF de Obrajes de la fecha y los informes médicos adjuntados al mismo, se dispone que por personal del IDIF Especializado y/o personal médico especializado de un hospital público se constituya al COF de Obrajes a verificar el estado de salud de la imputada”, sostiene la resolución judicial y “deja sin efecto el oficio de salida judicial”, según recoge el diario local ‘La Razón’.
Áñez guardaba cama debido a una descompensación por la hipertensión que padece. Las autoridades penitenciarias habían asegurado que la salud de la exmandataria se encontraba “estable”, por lo que habían rechazado la solicitud para trasladarla a un centro médico.
La hija de Áñez, Carolina Ribera, ha calificado como “ridícula” esta nueva resolución y ha dicho que es un abuso que no tiene límites.
“Me parece que ellos quieren ver muerta a mi madre, no tienen voluntad de nada, traje un cardiólogo, pero tampoco lo dejan ingresar. Estoy muy indignada y sé que mi madre tiene otra crisis”, ha denunciado Ribera según ha recogido ‘El Deber’.
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La exmandataria, encarcelada de forma preventiva y acusada de presuntamente cometer sedición, conspiración y terrorismo en el marco de la crisis postelectoral de 2019, se declaró el jueves en huelga de hambre porque “no quiere luchar”. Fue detenida el sábado pasado y se encuentra a la espera de juicio.
Mientras, el presidente de Bolivia, Luis Arce, ha sostenido que “no nos mueve el odio ni la venganza” para pedir justicia por lo ocurrido “antes y después del golpe de Estado” y ha advertido de que no se permitirá que “los que perdieron las elecciones” pretendan “disputar el poder del pueblo”. “No nos mueve el odio, no nos mueve la venganza, lo que nos mueve es un afán inquebrantable de justicia en el país”, ha defendido.
Nuevas detenciones por parte del régimen
Un exjefe militar de Bolivia, Franco Orlando Suárez, ha sido enviado a la cárcel este viernes por homicidio y agresiones en los sucesos ocurridos en Senkata en noviembre de 2019.
La defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, había apuntado el pasado febrero a la expresidenta Jeanine Áñez como la “principal responsable” de las muertes acaecidas en Sacaba y Senkata, ubicadas en Cochabamba y El Alto, respectivamente, y registradas en el marco de las protestas postelectorales de 2019.
Asimismo, este viernes el fiscal de Bolivia, Juan Lanchipa, ha ratificado a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados del país, que todas las víctimas de las “masacres” de Sacaba y Senkata perdieron la vida por impactos de bala, según recoge ‘La Razón’.
Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se desplazaron al país latinoamericano en noviembre de 2020 para investigar las muertes de Sacaba y Senkata. En un informe preliminar, la CIDH ya calificó la represión en ambas ciudades de “masacres”.
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