Por Julio M. Shiling
La izquierda, completamente en control del Partido Demócrata y al unísono con los medios de comunicación, las Big Tech y los conglomerados corporativos woke, está haciendo agresivamente todo lo posible para convertir a Estados Unidos en un estado unipartidista y autoritario.
El Gobierno de Biden-Harris, que cada día adquiere más características de un régimen que de una Presidencia, es el vehículo ideal del izquierdismo para hacer que Estados Unidos sea menos libre y más a imagen y semejanza del socialismo del siglo XXI. El último frente en este empeño liberticida es la propuesta de apropiarse de dos escaños permanentes en el Senado para los demócratas.
El lunes 22 de marzo, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes celebró una audiencia sobre el tema para conceder al Distrito de Columbia (Distrito) la condición de estado y motorizó oficialmente la H.R. 51, también conocida como la Ley de Admisión de Washington, D.C., en acción legislativa.
El Senado tiene una versión complementaria, la S.B. 51. Este no es el primer intento de otorgar al hogar de la capital de la nación el estatus de estado. De hecho, ésta ha sido una campaña continua, por parte de los demócratas, para conseguir la condición de estado para el Distrito y obtener de facto dos escaños en el Senado y uno en la Cámara Baja. Todos los intentos anteriores han fracasado.
Esta vez, la izquierda va a por todas y encabeza esta acusación ampliando sus reclamaciones de legitimidad de la condición de Estado basadas en la percepción de la discriminación de los derechos civiles y las reclamaciones de agravio de la “justicia social”, que están subrayadas por la Teoría Crítica de Raza (TCR).
Este punto ha sido establecido claramente por algunos defensores como Stasha Rhodes, directora de campaña del movimiento 51 por 51, un grupo de defensa del estado de DC. “Desde nuestra perspectiva”, cita Rhodes, “dejar a 700.000 residentes, en su mayoría negros y morenos, sin voto en el Congreso es racismo”. “Es una injusticia”, añade, “y honestamente, una mancha en la democracia americana”.
El remate marxista cultural de la CRT, que hace gala de la racionalidad de la estadidad del Distrito, no podía ser dejado pasar por la izquierda, dados todos los dividendos que “Black Lives Matter”, “Antifa” y otros insurrectos comunistas han obtenido de la diatriba de la CRT.
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El Federalista No. 43, escrito por James Madison, dejó clara la lógica de los Forjadores para establecer la capital de la nación dentro de un ámbito territorial de autonomía, no conflictivo con los intereses de un estado. La tarea de llevar a cabo las funciones del gobierno federal no debía enredarse con las complejidades de ningún estado en particular. Madison reflejó la voluntad y la sabiduría colectiva de los Padres Fundadores en este punto.
El factor de la “representación” para los residentes del Distrito fue claramente contemplado, por el coautor federalista (junto con Alexander Hamilton y John Jay) y el subsiguiente 4º presidente, como cumplido satisfactoriamente por la proximidad de los habitantes del Distrito al Congreso y a la oficina del presidente. El argumento de la izquierda de “no impuestos sin representación” para los residentes del Distrito es una locura y resta importancia a la sagacidad de los Forjadores en esta cuestión.
El hecho de que dos estados, Maryland y Virginia, cedieran territorio en 1790 al gobierno federal para que se pudiera fundar el Distrito, añade clarividencia a la separación necesaria de estatus legal entre un estado y la capital de la nación.
La claridad que ofrecen los Ensayos Federalistas contradice sólidamente la pretensión de la izquierda de que el Distrito sea un estado. Además, la Constitución presenta una serie de obstáculos para el sueño demócrata de obtener un nombramiento, de hecho, de dos miembros en el Senado. El artículo I, sección 8, otorga al Congreso la responsabilidad de supervisar el Distrito.
Si el Distrito adquiriera el estatus de estado, se produciría una abrogación constitucional de poderes. La 23ª Enmienda es otro obstáculo para los demócratas. Esta adición de 1961 a la Constitución delineó una especificidad mayor a la condición legal del Distrito y los derechos de sus residentes. La idea de que el Distrito se convierta en un estado parece inviable, constitucionalmente, si se mantiene la 23ª Enmienda.
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Rasmussen Reports realizó una encuesta entre el 22 y el 23 de febrero y descubrió que el 55% de los americanos se oponen a la estadidad del Distrito. Esto refleja un patrón histórico que parece concluir que la conversión de la capital de la nación en un estado no goza de apoyo popular. Las ONG de apoyo a la izquierda, como “Data for Progress and Democracy for All 2021 Action”, han alabado pseudo encuestas que alegan el apoyo a la estadidad del Distrito. Sin embargo, estos “sondeos” carecen de credibilidad y transmiten un formato de promoción de agenda preestablecido.
El hecho de que el Distrito se convierta en un estado supone un avance en la confección de la izquierda para el control político monolítico. Fiel a la esencia del izquierdismo y del Partido Demócrata de Barack Obama, el movimiento para hacer que Estados Unidos sea socialista está incrustado funcionalmente en este esquema grotesco, estructurado para anular el diseño de los Padres Fundadores de la república americana. Esto es realmente una guerra: las élites de la izquierda contra el pueblo americano.
Fuente: elamerican.com
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