Por Corina Cortés
No nos habíamos recuperado del titular de este fin de semana que reseñaba entre los temas internacionales el juicio en China contra dos canadienses acusados de espionaje, cuando recibimos el lunes otra noticia de una tesitura similar y es que ahora ha sancionado a diez europeos, entre ellos parlamentarios, como forma de retaliación por las sanciones aplicadas por la Unión Europea a cuatro funcionarios chinos y una entidad estatal, quienes han sido denunciados por grupos de activistas por atentar contra los derechos humanos de la minoría uigur —etnia musulmana— que se identifica más con Asia Central que con China.
Pareciera que con el proyecto OBOR y la expansión del gigante asiático en los últimos años ha nacido también una nueva confianza y con ella el fortalecimiento de medidas que irónicamente, fueron motivo de críticas por parte del gobierno durante muchos años. Recordemos que justo a principios de año, China habría bloqueado a la BBC de Londres y ya en el 2020 había tomado medidas parecidas con varios medios de información occidentales con la excusa de que esas informaciones … “son mentiras infundadas, desinformación y hechos distorsionados que atentan contra la seguridad nacional”.
El tema de China es peliagudo desde la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional en el año 2017. Cabe destacar que la información que se puede obtener en cualquier archivo es en base a traducciones realizadas por expertos; sin embargo las imprecisiones no son tantas y es fácil de comprender.
Formulada con base a la Constitución busca fortalecer y salvaguardar la seguridad nacional, así como promover el trabajo de los servicios de inteligencia en temas de intereses de Estado. Con ella, China procura implementar una serie de estrategias y permitir la toma de decisiones basado en el apoyo a la nación y la prevención de cualquier amenaza que pueda atentar contra la soberanía, unidad, integridad territorial, bienestar de los pueblos, desarrollo sostenible y desarrollo económico.
El problema no es en cuanto a redacción porque pareciera que todo esto se encuentra perfectamente fundamentado a lo que se conoce como soberanía estatal. La interrogante surge cuando de manera directa el Estado decide crear un sistema de inteligencia centralizado y coordinado donde se asume lo que debe realizar un servicio de inteligencia y desde esa visión tomar decisiones para un aparente beneficio ulterior.
Esto, apoyado como se establece en uno de sus artículos por una seguridad nacional donde los servicios secretos son reconocidos y se les permite actuar… «de todas las formas, tácticas y medios necesarios tanto a nivel interno como a nivel internacional para la recolección e interpretación de información…».
No pareciera representar ningún peligro salvo que dentro de la misma normativa no se establece ningún tipo de limitación o restricción a las actuaciones de estos servicios de inteligencia. Por lo tanto ¿en qué parte de la norma se puede identificar el respeto y reconocimiento de los derechos y garantías fundamentales? ¿Dónde se establece en alguno de los articulados que será en sujeción y respeto a protocolos internacionales?
De hecho, solo en uno de sus artículos, específicamente el artículo 27 se habla acerca del derecho que tienen los individuos y las empresas que sientan que las instituciones de inteligencia han actuado con abuso de poder, pero en violación de los códigos de conducta no en cuanto a vulneración de ningún tipo de derecho.
No menos relevante resulta el apartado de la ley que hace referencia a la “Responsabilidad Legal” donde se establece que cualquier obstrucción a las actividades de los grupos de inteligencia por parte de cualquier persona natural o jurídica nacional o internacional dentro del territorio incurrirá en responsabilidad penal.
El gran detalle en este caso es que en ninguna parte de la ley se establece cuáles son las actuaciones susceptibles de ser imputadas o se establece lo que, a título general se puede considerar una amenaza a la seguridad a la nación.
¿Esto que puede significar? Significa que dependerá directamente de la administración y el gobierno la interpretación de los mismos y por ende una amenaza a la seguridad de la nación puede ser desde la adquisición de armamento hasta un video en Tik Tok.
La confiscación de bienes, el pago de multas por cifras exorbitantes, 5 días de detención en caso de inspección, cancelación de las actividades comerciales, suspensión de licencias, cancelación de licencias para la realización de actividades económicas hasta prisión son solo algunas de las medidas establecidas en esta Ley de Seguridad Nacional.
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Lo anterior es lo que ha permitido el despliegue de las acciones represivas en Hong Kong, la censura, la eliminación de material informativo, la detención y la posterior condena a determinados años de prisión de defensores de derechos humanos, la imputación y juicio abierto de ciudadanos extranjeros acusados de espionaje y lo último la aplicación de sanciones.
Todo un entramado de medidas de un país que irónicamente ha criticado la política norteamericana y que en estos momentos quiere ser un modelo para el mundo. En fin, la hipocresía.
Fuente: panampost.com
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