Por Nitu Pérez Osuna
“Si hubo golpe Arce no es presidente, sino Evo”. Esta frase del escritor y analista boliviano, Emilio Martínez, publicada en su cuenta Twitter es el quid del asunto.
Entendamos pues que Evo –asesorado por Maduro y el Foro de São Paulo– trabaja en una narrativa en la que él no hizo fraude para participar en las elecciones de 2019 y durante las mismas, sino que Añez le dio un golpe. Para quien pudiera creer en esta versión la transición y las nuevas elecciones de 2020 habrían sido ilegales, por ende quedan anuladas y Arce tendría que devolver la silla y la banda presidencial a Morales, señalado de delitos de lesa humanidad y estrupo.
La maniobra es tan clara que el Washington Post ha publicado un editorial donde se dicen las cosas como son: Evo Morales cometió fraude electoral y Arce sigue el estilo vengativo de su predecesor.
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El escrito señala que “Morales perdió el poder debido a su propio intento de subvertir las elecciones de 2019 –confirmado en ese momento por los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA)– y al rechazo masivo del pueblo boliviano en las calles”.
“El curso sin ley del gobierno boliviano amenaza con un mayor caos, sino una guerra civil y una dictadura absoluta, en un momento en que el país, uno de los más afectados por el covid-19 en el mundo, debería estar luchando contra la pandemia”, dice el editorial.
La Conferencia Episcopal de Bolivia, por su parte, emitió un duro comunicado referido a las denuncias de supuesto golpe de Estado. En el mismo, hace una detallada cronología de los hechos luego de la renuncia de Evo Morales y de las reuniones sostenidas en el 2019 –en las cuales la Iglesia fungió de mediadora–.
Todas las propuestas apuntaban a una salida constitucional en la Asamblea Legislativa controlada por el MAS y se acordó la vía constitucional y la sucesión presidencial en cabeza de Jeanine Áñez, con el aval de los negociadores del MAS.
Dicha sucesión fue reconocida no solo por Luis Arce y el partido MAS, sino tambien por la Unión Europea, la ONU, OEA, Grupo de Lima, y un importante número de gobiernos.
El encarcelamiento de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Añez, desde el punto de vista diplomático, está trayendo reacciones de toda la región.
La Organización de Estados Americanos (OEA), por ejemplo, publicó un comunicado condenando la detención de Añez. El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, recordó al gobierno boliviano la importancia “de respetar las garantías del debido proceso y la plena transparencia en todos los procedimientos judiciales”. Estados Unidos y Brasil deben haber reclamado fuertemente al gobierno boliviano, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia convocó el jueves 18 de marzo –por separado– a la Encargada de Negocios de los Estados Unidos, Charisse Philips, y al Embajador de Brasil en La Paz, Octavio Henrique Dias, para pedirles que “no intervengan en los asuntos internos del país” en lo referente al proceso judicial contra Añez.
Por otra parte, el quiebre dentro del sistema judicial es evidente. Cinco días después del encarcelamiento de la expresidenta, el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, renunció a su cargo.
Mientras que el Tribunal Décimo de Sentencia de la ciudad de La Paz admitió un recurso de libertad para Jeanine Áñez interpuesto por su hija, Carolina Ribera, se negaron a excarcelarla. Antes bien, fue trasladada al Centro Penitenciario Femenino Miraflores –a escasos 5 kilómetros de la cárcel para mujeres de Obrajes–, donde se encontraba recluida. Además, le fue ampliada la medida de prisión preventiva por seis meses.
La Unión de Militares del Servicio Pasivo del departamento de Santa Cruz, también se ha pronunciado. Declaran estar en estado de alerta y cierran filas junto con la sociedad civil para programar y activar acciones “contra las recientes detenciones de exjefes de las Fuerzas Armadas y de los planes de instaurar en el país una ideología progresista foránea”, que adelanta “una facción política, brutal y reaccionaria”, al tiempo que exhortan al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas a que “haga cumplir las leyes y reglamentos existentes respecto a juzgamiento del personal militar”.
La Oficina Jurídica para la Mujer se ha sumado a las decenas de organizaciones internacionales que han denunciado el maltrato judicial contra Jeanine Añez, presa política del gobierno.
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La venganza del MAS, partido de Gobierno cuyo líder fundamental es Evo Morales, no cesa. El pasado 22 de marzo, la Fiscalía General del Estado admitió tres de las cuatro nuevas proposiciones acusatorias para juicios de responsabilidades en contra de la expresidenta y enviados al Tribunal Supremo de Justicia. Dichas acusaciones podrían obedecer a lo expresado por el ministro de Justicia Iván Lima, quien admitió: “Recurriremos a la justicia ordinaria porque no tenemos dos tercios en la Asamblea Legislativa y hay que armar un caso. No puedes ir con una acusación tan grave el día uno, hay que construir la legitimidad y la prueba”, declaró Lima al ser entrevistado por la radio Deseo.
La liberación de la expresidenta Áñez debe convertirse en un motivo de lucha nacional e internacional. Si se permite esta grave violación a los derechos humanos y a las libertades, el gobierno boliviano seguirá encarcelando gente. La lista es larga y sin duda incluye al expresidente Carlos Mesa y al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Fuente: gaceta.es
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