Centros de aislamiento insalubres, hacinados, sin atención médica y con menores y embarazadas que ni siquiera habían dado positivo en las pruebas de Covid-19 encerrados bajo llave, así lo denuncia en un informe Human Rights Watch y responsables políticos locales. Son algunos ejemplos del trato abusivo que han recibido ciudadanos de la provincia de Formosa, en el norte de Argentina, que con 600.000 habitantes no llega a los 2.000 contagios.
Fronteriza con Paraguay, Formosa es una de las provincias argentinas que ha adoptado las medidas más duras por la pandemia y eso que registra una de las tasas más bajas de mortalidad por Covid -19. Hasta el 25 de marzo se habían reportado 1.769 casos y 28 muertes.
Desde abril del año pasado, 24.000 personas han sido obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena por periodos muy superiores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Centros en estadios, escuelas o en hoteles donde en ocasiones las habitaciones estaban cerradas con llave y no había ningún tipo de personal médico o paramédico.
El caso de Zunilda, 26 días encerrada con PCR negativa
“Hubo el caso de una mujer en Florinda con la que yo pude hablar, se llama Zunilda, que la encerraron con sus tres hijos y ella estaba embarazada. Tuvo pérdidas y se la llevaron al hospital y a los hijos los dejaron encerrados con la policía. Eso tipifica dentro de varias figuras que vulneran derechos humanos como apropiación de menores. Perdió el embarazo y aunque usted no lo crea, después la volvieron a encerrar 14 días más”, afirma a RFI el diputado Waldo Wolff de la coalición política Juntos por el Cambio, que ha estado tres veces en la zona este año.
Muchas mujeres embarazadas, por miedo a ser separadas de sus hijos, se esconden de las autoridades. “Se esconden para parir porque si se les tiene que practicar una cesárea, les sacan al bebé y las mandan 14 días al centro de reclusión”, añade el diputado.
Según Human Rights Watch, las medidas adoptadas por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, que lleva 25 años en el cargo incluyen detenciones arbitrarias. “Si la policía piensa que tuviste contacto estrecho con un, por ejemplo, compañero de trabajo que ha dado positivo, te llevan detenido, no te piden que te aísles, te llevan dos semanas a un centro de confinamiento sin atención médica. Esto es consecuencia de 25 años de gobierno sin sistema sanitario. Hay solo un centro de neonatología en toda la provincia”, denuncia Wolff.
Las fuertes restricciones que han aislado a la provincia del resto del país han provocado protestas entre la población. La concejala Gabriela Neme, que había denunciado las condiciones en los centros, fue detenida y acusada por la policía de “instigación a cometer un delito, atentado y resistencia contra la autoridad y lesiones”.
Fuente: rfi
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