Por Julio M. Shiling

Cuba, una forma ingeniosa de tráfico de esclavos y explotación humana, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) están entrelazados. Desde 1963, el régimen comunista cubano ha utilizado su mano de obra con fines de exportación de seres humanos, sobre todo en el ámbito médico. Alabada como solidaridad socialista “internacionalista”, la verdad es que siempre se ha tratado de dinero para una dictadura parasitaria incapaz de fomentar un sistema que pudiera atender las necesidades más básicas de su ciudadanía.

A lo largo de este camino de arrendamiento de capital humano, se produjo un mercado de trabajo esclavo que se profundizó con la colaboración de organizaciones internacionales y gobiernos, muchos de ellos, representantes de sociedades democráticas.

El sector de los servicios médicos ha sido particularmente aprovechado. Llamándolas “brigadas médicas”, el comunismo cubano ha tenido, en cualquier momento de la historia reciente, más de 30,000 profesionales de la medicina en más de 70 países. Los “trabajadores” cubanos nunca contratan directamente con las entidades contratantes. Todos los acuerdos son entre el régimen marxista y la organización internacional, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) o con gobiernos extranjeros.

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La OPS y la OMS, como parte de una agencia internacional (o regional) de salud pública, son extensiones directas de las Naciones Unidas (ONU). Su asociación para negociar, asignar y, a menudo, financiar directamente la utilización de los servicios médicos cubanos, proporciona a la dictadura comunista un escudo de validez en el trabajo que se realiza. Sin embargo, ¿Qué ocurre cuando la propia naturaleza de estas asignaciones viola derechos humanos y laborales elementales? En la mayoría de los casos, lamentablemente, nada. Al menos hasta hace poco.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se fundó en 1919 como parte de la Sociedad de Naciones, se incorporó y forma parte de la ONU. Es, de hecho, la primera y más antigua agencia que presta servicios en un campo especializado. Su tarea es promover y supervisar las normas laborales básicas y mínimas esenciales. En otras palabras, establece un conjunto de reglas estandarizadas a nivel mundial en cuanto a las normas laborales que deben ser respetadas universalmente. A través de los instrumentos jurídicos denominados convenios, el derecho internacional se extiende a las naciones que los ratifican y se comprometen a cumplirlos. Aunque existen 8 convenios fundamentales, desde su creación, la OIT ha adoptado aproximadamente 190 de estas codificaciones.  

Independientemente de cuántos o cuáles de los 187 Estados miembros de la OIT hayan ratificado algún convenio, estos se consideran normas laborales internacionales establecidas para el mundo. Recientemente, la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) obtuvo una victoria sin precedentes para los derechos humanos y laborales al aprobar un informe contra el castrocomunismo basado en la prohibición del régimen a los sindicatos independientes. Iván Hernández Carrillo, secretario general de la agrupación, declaró a Radio y Televisión Martí el 26 de marzo lo siguiente: “Es la primera vez, en estos 60 años, que el Consejo de Administración de la OIT apruebe un caso relacionado con la dramática situación de los derechos sindicales y laborales en Cuba… Es un verdadero triunfo para ASIC en su lucha por la legítima representación de los trabajadores”.

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Esta importantísima victoria, obtenida a pesar de las enormes presiones que ejerció La Habana sobre la OIT para que no aprobara la medida, no es más que un charco en el inmenso mar que suponen las violaciones agregadas de las normas de decencia estandarizadas en el mundo para la protección laboral y fijadas por los convenios y protocolos de la OIT. El negocio de arrendamiento de servicios médicos del Gobierno de Castro ofrece un caso estelar del más flagrante abuso de las leyes laborales internacionales, así como de los códigos penales de la mayoría de las democracias.

Entre el 75 % y el 90 % de la remuneración que los gobiernos extranjeros y/o la OPS/OMS pagan por los servicios de los profesionales médicos cubanos es expropiada por el régimen comunista. Esta actividad ilícita viola los convenios número 100, 111 y 131 de la OIT. Las directivas del gobierno comunista que se hace obedecer irrefutablemente a los médicos cubanos pisotean los números 9, 29, 105 y 190. El incumplimiento de sus propios acuerdos internos firmados por el Estado cubano y el personal médico es habitualmente tergiversado para ganar voluntarios y luego se convierte en secreto de Estado, y el “acuerdo” no puede ser divulgado.

Mucho se ha hecho para develar la verdad sobre la culpabilidad que las principales organizaciones sanitarias del mundo, como la OPS y la OMS, tienen en este vergonzoso empeño y su papel cómplice en preparar el terreno para que la dictadura marxista cubana se mantenga a flote, en gran parte, por el capital que confisca por la mano de obra cautiva que arrienda. La exportación de capital humano de servicios laborales es la principal fuente de ingreso de divisas declaradas del comunismo cubano. Los gobiernos democráticos que importan y alquilan esta fuerza de trabajo también son culpables y cómplices de esta parodia de tráfico de esclavos y personas del siglo XXI.

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Es una grave contradicción moral que un organismo de la ONU condene a un régimen por crímenes que otros entes de esa misma organización ayudan a llevar a cabo. Esto es inaceptable. Sin embargo, nadie debería sorprenderse. Después de todo, si la OMS fue capaz de encubrir a China comunista y la bárbara dispersión de su virus Made in China por el mundo, es comprensible que suscriba un sistema de comercio de esclavos para los comunistas en el Caribe. 

Fuente: elamerican.com 

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