Por Sabrina Rondon Martín – El American
Mientras se recrudece la crisis en la frontera sur del país, el Gobierno de Joe Biden destruye el sistema migratorio debilitando las leyes. Esto al tiempo en que empieza a perder apoyo sobre su política de fronteras abiertas.
Un estudio de Rasmussen Reports revela que el sentimiento público se está alejando de Biden y de su partido en materia de inmigración. De hecho, a medida que pasan los días los americanos se muestran a favor de aumentar los controles en este sentido.
El estudio consta de diez preguntas sobre inmigración realizado durante meses, y las gráficas expuestas por National Review demuestran cómo los americanos fueron cambiando de opinión. De respaldar fuertemente a Biden, ahora están a favor de mayores controles migratorios.
Según Steven Camarota, director de investigación del Centro de Estudios de Inmigración, las respuestas habían sido generalmente estables hasta finales del año pasado, cuando comenzaron a cambiar marcadamente a favor de una mayor aplicación de la ley fronteriza, oposición a la amnistía y menos inmigración legal.
Camarota señala que «una proporción mucho mayor del público ahora piensa que debemos hacer más para detener la inmigración ilegal».
Como candidato, Biden comprometió su administración a reducir la aplicación de la ley de inmigración, aumentar la inmigración legal y otorgar estatus legal a los inmigrantes ilegales.
Su política de “fronteras abiertas“, que él califica como compasiva, ha generado un aumento récord de inmigrantes y de niños abandonados en la frontera. A esto se le suma el aumento del tráfico humano controlado por cárteles de drogas y otras organizaciones criminales.
La pieza central de los esfuerzos legislativos de la administración de Biden sobre inmigración es la propuesta Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos de 2021, con la cual otorgaría amnistía a todos los inmigrantes ilegales, reduciría la aplicación de la ley de inmigración y aumentaría significativamente la inmigración legal. Queda esperar si el presidente recibirá el apoyo de su partido, tomando en cuenta que algunos legisladores demócratas ya han calificado el aumento de los migrantes como una «crisis humanitaria sin precedentes».
De acuerdo con funcionarios de la administración, casi el 30 % de los inmigrantes detenidos en la frontera ya habían intentado cruzar.
La Customs and Border Protection (CBP) detectó a más de 172,000 personas que intentaban cruzar la frontera entre USA y México en marzo, lo que supone un aumento del 71 % con respecto a febrero.
Mientras que la mayoría de la gente que se encuentra en la frontera son adultos solos, que están siendo rechazados bajo el decreto de salud pública, en marzo la CBP retuvo un número récord de menores migrantes no acompañados: 18,890. Casi el doble que en febrero.
El sistema migratorio de USA «está quebrado»
Un reportaje del The Wall Street Journal (WSJ) reveló que las políticas de fronteras abiertas de Biden ocasionaron que el Immigration and Customs Enforcement (ICE) se enfoque en buscar migrantes ilegales que hayan cruzado recientemente la frontera. Razón por la cual las cifras de deportaciones y detenciones disminuyeron.
Según la ley de inmigración, cualquier persona que se encuentre en el país sin un estatus legal puede ser deportada, pero bajo la administración de Biden-Harris no se cumple esta normativa y, por el contrario, se establecieron prioridades sobre a quién se puede o no detener.
Según el WSJ, para el Gobierno demócrata si un inmigrante ilegal solo cometió «delitos menores», no merece ser deportado ni detenido, a menos que cumpla con las nuevas directrices de haber ingresado recientemente.
Los funcionarios del ICE tienen la directriz exclusiva de detener a personas que cruzaron recientemente de manera ilegal y a quienes consideran «amenazas para la seguridad nacional». Si se quisiera detener a alguien fuera de esa línea de acción se debe solicitar la previa aprobación por escrito de altos funcionarios del ICE.
Toda esta situación deja en evidencia cómo se ha quebrado y pisoteado el sistema migratorio de Estados Unidos, donde ahora se selecciona a conveniencia cuáles son los delitos graves que merecen detención y cuáles son los delitos “leves” que no ameritan aprehensión.
«Las estadísticas del artículo sugieren que la administración Biden simplemente está intentando su política de no deportación por otros medios, añaden burocracia, aumentan los trámites modifican las normas», explicó a El American David Grantham, experto en seguridad nacional y antiterrorismo en crisis fronterizas.
«Por ejemplo, se deportará a menos gente cuando se utilice una rúbrica intencionadamente vaga, lo que probablemente se convertirá en un objetivo móvil, como “antecedentes penales graves” para determinar quién tiene que irse. Se podría argumentar que el sistema migratorio está tan roto que puede ser manipulado por quienes llegan a la frontera y por quienes están en el Gobierno», denunció.
«Ahora vienen de forma coordinada, entrenados para solicitar asilo porque probablemente les hará entrar con una cita en el juzgado. Aproximadamente el 90 % de las personas no se presentan a esa cita judicial y se quedan en Estados Unidos. Esta vez es diferente porque saben mejor cómo manipular con éxito el sistema», explicó.
Las declaraciones de Grantham coinciden con las del fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, quien emitió una demanda contra la administración Biden-Harris.
«Realmente está destripando nuestras leyes de inmigración y es parte de una agenda radical de la administración Biden».
Brnovich al WSJ.
Demanda contra Biden por impacto ambiental tras aumento de migrantes
Este lunes 12 de abril se conoció que Brnovich demandó al Gobierno Biden por frenar la construcción del muro fronterizo y terminar con el programa conocido como Permanecer en México.
El fiscal argumenta que Departamento de Seguridad Nacional no proporcionó declaraciones del impacto ambiental cuando se detuvo abruptamente la construcción del muro fronterizo. Señala que estas decisiones aumentan el flujo migratorio y, por lo tanto, aumenta la población, indicando en la demanda que «el crecimiento de la población tiene impactos ambientales significativos».
El fiscal considera que la presente administración no ha tomado en cuenta las necesidades de vivienda, infraestructura, hospitales y escuelas de estos migrantes y el impacto que tendrá en el medioambiente.
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