Por Marcelo Duclos – Panampost

Con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, y una inflación de marzo que arrojará un número crítico, el Gobierno argentino decide profundizar los controles de precios para “bajar la inflación”. Sin una reforma monetaria a la vista, con el déficit y la emisión sin control, lo único que conseguirá Alberto Fernández será el desabastecimiento. Mientras más a fondo vayan con esta locura, más vacías quedarán las góndolas. No es opinión, es análisis económico básico, respaldado por cuatro mil años de historia en la humanidad.

“En marzo la inflación va a ser la más alta del año, pero esperamos una reducción a partir del mes de abril”, dijo hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, que también participó de un encuentro con el papa Francisco. Seguramente, los argentinos estuvieron conversando iniciativas para una “intervención divina”, impulsada por el Santo Padre, para conseguir facilidades de pago con el Fondo Monetario Internacional, que ya dijo que no piensa tocar ni los vencimientos ni el interés de la deuda argentina.

Pero, ¿en qué se basa el ministro como para asegurar que el mes que viene los precios serán más bajos? En el eventual éxito del poder policial de la agencia recaudadora de impuestos. Sí, leyó bien. Además de cobrar los tributos, los hombres de la AFIP saldrán a las calles para controlar que se cumpla al pie de la letra el programa de “Precios Máximos” impulsado por el Gobierno argentino, con la excusa de la pandemia del coronavirus.

El conflicto que comenzará a verse próximamente en los comercios viene a complementar el que el Gobierno ya tiene con las empresas productoras de alimentos. Esta semana, la Secretaría de Comercio del Interior, acusó a las empresas de lanzar al mercado productos similares a los del precio regulado, para que la gente pueda acceder a ellos una vez que se acaban las unidades disponibles con “Precios Máximos”. Las autoridades también intimaron a las empresas a producir “al máximo de la capacidad”, también amparándose en la legislación de emergencia aprobada al inicio de la pandemia con apoyo de la oposición. Claramente se tratan de proyectos de ley violatorios a la propiedad privada.

Argentina no aprende de la historia del mundo, ni de la propia. El nivel de fracaso y de desabastecimiento, como dijimos, será directamente proporcional a la intensidad con que se realicen estas delirantes políticas de controles de precio y producción.

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