Fuente: LaTribunadelPaisVasco.com
“Hoy por hoy, no hay razones epidemiológicas ni éticas que
justifiquen la obligatoriedad de la vacunación. Todo lo contrario.
Desde el punto de vista epidemiológico, la población española
acepta estas vacunas mayoritariamente, más del 80% en las
últimas encuestas, porcentaje que probablemente sería suficiente
para conseguir inmunidad de grupo”. Esta es una de las
informaciones realizadas por la Sociedad Española de
Epidemiología (SEE) en un reciente comunicado en el que explica
su posición sobre las intenciones de “algunas autoridades
sanitarias” que están planteando modificaciones en su normativa
“encaminadas a sancionar económicamente a las personas que no
se vacunen contra el Covid-19″.
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La SEE explica que cuando una persona se vacuna se protege a sí
misma y, a la vez, protege a los demás. Pero, añade, que desde el
punto de vista ético, “la obligatoriedad de la vacunación solo tiene
sentido si hay un rechazo importante de la población a recibir una vacuna para la que hay pruebas fehacientes de su eficacia y
seguridad y si ese rechazo impide que se pueda lograr la
inmunidad colectiva necesaria para frenar la circulación del agente
infeccioso. La obligatoriedad solo tiene sentido si la protección del
bien común tiene que hacerse a costa necesariamente de no
respetar las decisiones individuales de los contrarios a vacunarse.
Pero ese no es el caso de la vacunación frente al Covid-19″.
La vacunación es una actividad preventiva que se aplica a personas
sanas pero que supone ciertos riesgos y ciertas molestias, aunque
sean pequeños. No es una actividad terapéutica que se aplica a
personas enfermas para curar o aliviar su enfermedad. Tanto en
las actividades preventivas como en las terapéuticas se debe
aplicar todo lo que sea posible el principio de respeto a las
personas —que supone que las personas deciden libremente si
reciben esas medidas—, siempre que ello no ocasione un perjuicio
a terceros. Por este motivo, “mientras el porcentaje de personas
que rechazan la vacunación sea relativamente pequeño, las
políticas de salud pública más razonables aconsejan armonizar la
búsqueda del bien común y de la solidaridad con el respeto a las
decisiones individuales, libres y sin coacciones. Con ello se aplica el
consejo de recurrir a las medidas de apoyo a la salud pública que
sean menos restrictivas de las libertades individuales”.
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“En cualquier caso, la obligación de las autoridades sanitarias
estatales y autonómicas es persuadir y convencer a todos aquellos
que puedan tener reservas contra la vacunación de los enormes
beneficios que aportarán a todos frente a unos riesgos muy
pequeños a que se exponen. El recurso a medidas punitivas u
obligatorias puede generar en la población, además, una
desconfianza en las autoridades muy poco aconsejable para la
gestión de la pandemia. Las autoridades deben ganarse la
confianza aplicando medidas basadas en la mejor ciencia, con rendición de cuentas y transparencia. La obligatoriedad, aunque
sea relativamente encubierta, solo puede ser un último recurso
cuando la situación así lo exige y no quedan otras alternativas”.
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