Traducido de miamiherald.com por TierraPura.org

Al declarar el fin de la emergencia de COVID-19 en Florida, el gobernador Ron DeSantis firmó el lunes una orden ejecutiva que invalida todas las órdenes locales de emergencia de COVID restantes y firmó un proyecto de ley que prohíbe a las empresas, las escuelas y las entidades gubernamentales en toda Florida pedir a cualquier persona que proporcione un certificado de vacunación de COVID-19.

«Creo que es lo que hay que hacer basado en la evidencia», dijo DeSantis en un restaurante de San Petersburgo donde firmó el proyecto de ley con el presidente de la Cámara Chris Sprowls y el presidente del Senado Wilton Simpson a su lado. «Creo que la gente que está diciendo que es necesario vigilar a la gente en este momento, si usted está diciendo eso, realmente está diciendo que no cree en las vacunas, que no cree en los datos, que no cree en la ciencia. Ya no estamos en estado de emergencia».

La disposición que regula los llamados «pasaportes de vacunas» está metida en el SB 2006, un proyecto de ley que pretende actualizar los poderes de emergencia del estado ante una futura emergencia de salud pública. La nueva ley entra en vigor el 1 de julio, pero DeSantis también dijo el lunes que firmaría una orden ejecutiva para invalidar todas las órdenes locales de emergencia COVID restantes que sigan en vigor después del 1 de julio y suspender inmediatamente cualquier orden relacionada con COVID-19 ahora.

La medida dificultaría la respuesta de los gobiernos locales a las emergencias públicas al requerir que cualquier orden de emergencia futura se adapte estrictamente y se extienda solo en incrementos de siete días hasta un total de 42 días, y otorga al gobernador la autoridad para invalidar una orden de emergencia. En la actualidad, estas órdenes pueden prolongarse indefinidamente.

En virtud de la nueva ley, las empresas, los centros escolares y las administraciones públicas no pueden exigir pruebas de vacunación y, si lo hacen, pueden ser multados con hasta 5.000 dólares por incidente. Sin embargo, pueden instituir protocolos de detección si son «coherentes con las orientaciones autorizadas o de control emitidas por el gobierno para proteger la salud pública».

Los proveedores de servicios sanitarios autorizados son las únicas entidades exentas de la disposición sobre documentación de vacunas.

Las empresas privadas pueden seguir exigiendo el uso de mascarillas, pero los gobiernos no pueden imponerlo, según la ley.

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El domingo, Florida registró 3.841 nuevos casos de COVID-19, 31 muertes y 6,3 millones de personas totalmente vacunadas, alrededor del 30% de la población. Florida ocupa el puesto 38 en cuanto a tasas de vacunación en el país.

El gobernador defendió su decisión de suspender las órdenes de emergencia locales relacionadas con las mascarillas y el distanciamiento social.

«Si tenemos una vacunación generalizada con una eficacia superior al 99%, ¿en qué se basa la evidencia para que alguien lleve una máscara ahora?», preguntó.

También el lunes, el gobernador ordenó que el Capitolio del estado, que había sido cerrado al público desde marzo del año pasado, incluso cuando ordenó que el resto del estado estuviera abierto al público, se reabriera al público el viernes.

Los funcionarios del gobierno local criticaron inmediatamente la decisión del gobernador.

LA RESPUESTA DE LOS ALCALDES

En el condado de Miami-Dade, la alcaldesa Daniella Levine Cava dijo que el levantamiento de las normas locales del COVID ignoraría los peligros que siguen existiendo para la seguridad pública.

«Seguimos en una situación de emergencia», dijo Levine Cava, demócrata en un cargo no partidista, tras una conferencia de prensa sobre los deportes juveniles. «Tenemos menos de la mitad de nuestra población vacunada. Tenemos nuevas variantes que nos amenazan».

El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, dijo que espera que la orden suspenda la capacidad de la ciudad para cerrar negocios cuando los clientes o empleados no lleven mascarillas, justo cuando los populares locales nocturnos de la playa, como LIV y Mango’s Tropical Cafe, han empezado a recibir de nuevo a la multitud.

El mandato de mascarillas de la ciudad, que toma prestado de una orden de emergencia del condado de Miami-Dade, faculta a los funcionarios de Cumplimiento de la Ley a cerrar un negocio durante 24 horas si el funcionario observa que los clientes o el personal no llevan mascarillas en el negocio.

«El gobernador parece estar haciendo todo lo posible para convencer a la gente de que no lleve mascarillas», dijo Gelber el lunes.

El condado de Broward sigue teniendo una orden detallada que exige llevar el rostro cubierto en lugares públicos cerrados y establece normas de distanciamiento social para los negocios, y el alcalde del condado, Steve Geller, dijo el lunes que estaba «extremadamente descontento» con la decisión del gobernador.

«Pero seguiremos las órdenes del gobernador porque él es el gobernador», dijo Geller al Miami Herald. «La orden del gobernador esencialmente está afirmando que la crisis del COVID ha terminado en el estado de Florida. Bajo ningún criterio objetivo estamos a salvo todavía».

Levine Cava ya ha levantado la mayoría de las normas de COVID impuestas por su predecesor, Carlos Giménez, en 2020. A principios del mes pasado, consolidó las normas de Giménez en una orden de emergencia que, en su mayor parte, obliga a usar máscaras en muchos espacios interiores y al aire libre si las personas se encuentran a menos de 3 metros de distancia. Los restaurantes siguen enfrentándose a restricciones de capacidad y a la obligación de mantener las mesas separadas.

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Los informes de la oficina del secretario del condado muestran que la policía local y los encargados de la aplicación de los códigos en Miami-Dade dejaron en gran medida de emitir citaciones por violaciones del COVID después de que DeSantis detuviera el cobro de multas contra individuos el pasado otoño. El informe del último fin de semana mostró cero citaciones emitidas a individuos o negocios.

«Nuestras manos han estado atadas de muchas maneras», dijo Levine Cava.

Al comparecer ante la Junta Editorial del Miami Herald después de la conferencia de prensa, Levine Cava dijo que el condado continuará promoviendo la importancia de usar mascarillas y dijo que esperaba que DeSantis enviara ayuda estatal para acelerar las vacunaciones si obliga al condado a dejar de imponer normas de seguridad.

«No estamos siguiendo el ritmo de la tasa de éxito nacional», dijo. «Realmente debemos tener un enfoque de todas las manos en la cubierta».

LO QUE SIGNIFICA A NIVEL LOCAL

En Miami Beach, otras medidas de emergencia que pueden verse afectadas por la orden del gobernador incluyen el cierre de Ocean Drive a los vehículos, una restricción en toda la ciudad de la venta de alcohol al por menor después de las 10 p.m. y el cierre de Monument Island.

Gelber, que se ha enfrentado a DeSantis por su recorte de los poderes locales de emergencia, dijo que el uso de la mascarilla sigue siendo necesario porque sigue habiendo hospitalizaciones y muertes por COVID en el condado de Miami-Dade.

«Se siente un poco como si el gobernador estuviera clavando la pelota en la línea de 10 yardas», dijo. «Obviamente, el virus sigue con nosotros. Y los gobiernos locales deberían poder exigir el uso de mascarillas en interiores cuando sea apropiado».

Las autoridades de Broward dijeron el mes pasado que no pensaban flexibilizar sus normas hasta que al menos el 50% de los adultos del condado hubieran recibido al menos una inyección de la vacuna -esa cifra se sitúa actualmente en torno al 43%, un hito que el condado dice haber alcanzado el lunes para los residentes mayores de 16 años- y hasta que la tasa media de positividad en las pruebas de cinco días se sitúe por debajo del 5% durante una semana o la tasa de nuevos casos diarios caiga por debajo de 15 por cada 100.000 personas.

La tasa de positividad del condado se ha mantenido ligeramente por encima del 5%, con unos 29 casos diarios por cada 100.000 personas.

La nueva ley llega apenas unos días después de que el CDC comunicara al sector de los cruceros que puede acelerar el plazo para que éstos se reanuden, pero solo si los barcos pueden demostrar que la mayoría de los pasajeros y la tripulación están vacunados contra el COVID-19.

«La legislación crea una presunción legal por defecto de que durante cualquier emergencia nuestros negocios deben estar libres de los mandatos del gobierno para cerrar, y nuestras escuelas deben permanecer abiertas para la instrucción en persona para nuestros niños», dijo DeSantis, elogiando su decisión de abrir el estado a pesar de las advertencias de los funcionarios federales de salud. «Queríamos que la gente fuera feliz viviendo en Florida. Era el camino menos transitado en ese momento».

Los críticos dijeron que la prohibición de la certificación de las vacunas fue escrita para atraer a los opositores a las vacunas y obstaculizaría los esfuerzos de la industria de los cruceros y otros que han luchado por traer de vuelta a los turistas a Florida.

DeSantis emitió el 2 de abril una orden ejecutiva que bloquea los pasaportes COVID-19, que dijo que crearía «enormes» problemas de privacidad que podrían dar lugar a que la gente entregue información médica a una «gran corporación». La ley convierte ahora la orden ejecutiva en permanente.

El gobernador apareció en el programa de Laura Ingraham de Fox News el jueves, poco después de que los legisladores aprobaran la medida, y proclamó que era «el primer, creo, funcionario electo del país, ciertamente gobernador del estado, en decir que no vamos a tener pasaportes de vacunas».

«Tienes derecho a participar en la sociedad sin que te pidan que divulgues este tipo de información de salud como si fuera para ir al cine, para ir a un partido de béisbol», dijo DeSantis a la audiencia de Fox News. «Nuestra Legislatura ha aprobado lo que pedí, y lo firmaré muy pronto».

Ingraham preguntó qué pasará si los aeropuertos o las aerolíneas empiezan a exigir certificados de vacunas.

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«Bueno, no van a poder hacerlo en el estado de Florida», respondió DeSantis, mientras la multitud en el ayuntamiento al aire libre en Orlando aplaudía.

Florida ya requiere otros tipos de vacunas para que los estudiantes asistan a las escuelas públicas, pero la restricción para las vacunas COVID-19 se aplica a las escuelas, así como a las empresas privadas.

Simpson, un republicano de Trilby, dijo que apoyaba la acción del gobernador ante la continua pandemia.

«No nos equivoquemos, las familias siguen lidiando con el COVID, donde hay miembros de la familia que siguen muriendo de COVID, pero en última instancia, hay que considerar el equilibrio de la vida de las personas y su salud mental y, y la cantidad de suicidios y todas las cosas que van mal al encerrar a nuestros ciudadanos», dijo Simpson.

TRATANDO DE LOGRAR UN EQUILIBRIO

El representante Tom Leek, republicano de Ormond Beach, que dirigió el Comité de Pandemias y Emergencias Públicas que redactó el proyecto de ley, dijo que el objetivo de la medida era lograr «un delicado equilibrio entre la protección de las personas y la protección de las libertades civiles».

«Lo que hace esta legislación es asegurar que el estado de Florida planifique y se prepare para la próxima emergencia de salud pública», dijo en la firma del proyecto de ley. «Financia la respuesta de emergencia. Protege las libertades individuales. Limita a los actores del gobierno, y proporciona transparencia y responsabilidad para aquellos que quieren tomar sus libertades».

Leek defendió la restricción de las autorizaciones de vacunas durante el debate en la Cámara de Representantes, diciendo que las vacunas COVID-19 «no tienen el mismo historial probado de las mismas vacunas que exigimos que reciban nuestros niños en la escuela. Debemos reconocer que las dudas sobre las vacunas son reales y comprensibles».

Dijo que aunque insta a todo el mundo a «vacunarse, por favor», sigue habiendo resistencia entre la comunidad minoritaria, y el proyecto de ley dice a las empresas «que no pueden promulgar políticas que discriminen injusta y disparmente a nuestras poblaciones minoritarias».

Pero los legisladores críticos con la medida señalaron que los legisladores no hicieron nada en esta sesión para cerrar la brecha de la indecisión sobre las vacunas, animar a la gente a vacunarse o educar a la gente sobre las vacunas.

La pandemia mundial expuso lo poco preparada que estaba Florida para una emergencia de salud pública. Aunque las asignaciones son la prerrogativa constitucional de la Legislatura, el gobernador controló la mayor parte de los fondos de emergencia durante la pandemia sin autoridad legislativa ni supervisión.

El proyecto de ley trata de abordar esto imponiendo una supervisión adicional, al tiempo que otorga al gobernador una autoridad adicional y también le permite anular las órdenes locales si se determina que «restringen innecesariamente los derechos o las libertades individuales».

CUESTIONES JURÍDICAS

Pero los opositores advirtieron que la disposición también abre la puerta a posibles impugnaciones legales porque delega en el gobernador un poder que debería residir en el Legislativo.

Los opositores también advirtieron que el proyecto de ley podría dar lugar a impugnaciones de la Primera Enmienda porque despoja a las empresas privadas y a las instituciones educativas de su capacidad para controlar su derecho a asociarse con personas no vacunadas, que según la ley no son una clase protegida.

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«No conozco a mucha gente que vaya a subir a un crucero si no tiene la seguridad de saber que las otras personas que están en ese crucero con ellos, y en ese entorno cercano con ellos, también han sido vacunadas», advirtió el representante Omari Hardy, demócrata de West Palm Beach, durante el debate en la Cámara la semana pasada.

Entre otros aspectos del proyecto de ley, las agencias estatales estarían obligadas a desarrollar antes de finales de 2022 planes de emergencia de salud pública y la División de Gestión de Emergencias tendría que almacenar equipos de protección personal.

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