Por Mauricio Ríos García – gaceta.es

Bolivia está empezando a atravesar la tercera ola de la pandemia del covid-19, pero no parece estar preparada para encararla con Luis Arce Catacora dirigiendo sus destinos desde hace seis meses.

El presidente, quien culpa de todo mal a los once meses durante los que Jeanine Añez gobernó el país, no ha sido capaz de solucionar o mitigar el impacto del problema más importante que aqueja a los bolivianos.

Lo cierto es que, a juzgar por la capacidad de gestión de las vacunas, los países vecinos le llevan una distancia considerable a Bolivia. Mientras Uruguay ha vacunado al 35% de su población y Chile nada menos que al 45%, Bolivia ha vacunado apenas al 5,5% de su población.

Debido a la realidad por la que el país atraviesa, Jeyson Auza, ministro de Salud, ya había manifestado a principios de abril su frustración culpando al capitalismo y los países que producen las vacunas “por acapararlas”.

La frustración de Auza –a la que ahora también se suma el propio Arce Catacora-, sería más comprensible si el público tuviera conocimiento sobre los detalles de los contratos del gobierno firmados con los gobiernos ruso y chino -que no son precisamente quienes más presumen de ser capitalistas- que producen y proveen las vacunas, pues acaban de establecer un repentino cambio en el intervalo de aplicación entre la primera y segunda dosis de la Sputnik V, pero la confidencialidad se mantiene.

Ante las quejas de la ciudadanía y observaciones de los analistas al respecto, Arce Catacora ha anunciado la llegada de un millón y medio de nuevas dosis hasta el domingo 16 de mayo, para empezar a vacunar a las personas mayores de 50 años de edad.

Ante tal anuncio, Carlos Valverde, reconocido periodista del medio, sostuvo este lunes en su programa diario que el proceso de vacunación “sigue siendo lerdo”, y además agregó “nos están arriesgando la salud, nos están arriesgando la vida, Presidente”.

Sin embargo, mientras el sector sanitario lleva a cabo una huelga a nivel nacional desde el pasado viernes 7 de mayo, Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de Bolivia, manifestó su temor por el agravamiento del impacto de la tercera ola que podría generar la falta de vacunas: “según el Gobierno, hay una vacunación masiva, pero de masiva sólo tiene el nombre. No hay las dosis suficientes. Eso es un engaño, es mentirle a la población”.

Pero no sólo esto, el Colegio Médico de Bolivia aún demanda modificaciones al proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria, cuya discusión sigue pendiente al menos desde el mes de febrero.

Además, Larrea también afirma que las demandas urgentes del sector sanitario encierran falta de recursos humanos, falta de insumos falta de equipos de protección de personal sanitario, falta de medicamentos, además de la infraestructura apropiada para encarar la tercera ola, pues hasta el momento han fallecido alrededor de 400 profesionales que trabajan en primera línea a causa del virus, además de que también hay muchos que se han contagiado a pesar de haber sido vacunados.

De igual forma, Larrea afirma que el gobierno de Arce tampoco ha cumplido la promesa de indemnizar con Bs. 100.000 (alrededor de $14.360) a los familiares del personal del personal sanitario que ha fallecido por covid-19.

Desde luego, ante tal escenario, es difícil olvidar que exactamente el 13 de enero de este año, Arce pidió a la población “aguantar un par de meses más hasta que se concrete la llegada del primer lote de vacunas contra el covid-19”, y que, en el entretanto, había que “fortalecer y reforzar las medidas preventivas”.

También sostuvo que “cuando lleguen cantidades mayúsculas de las dosis, vamos a poder vacunar y darles a los bolivianos este importante producto que va a resolver de manera estructural el problema del coronavirus”.

Entonces, claramente, dado que luego de casi cinco meses después de realizada su promesa todavía no llega la cantidad suficiente de vacunas (al menos 5 millones) para resolver el problema del coronavirus de manera estructural en el país, la responsabilidad de la extensión de la crisis ya no podría ser ni del gobierno de Jeanine Añez ni del capitalismo, sino solamente de su propio gobierno.

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