Fuente: es.sott.net
A pesar de la pandemia de COVID-19 en América Latina, durante la segunda mitad del 2020 los Gobiernos se las arreglaron para aumentar sus capacidades de vigilancia mediante tecnologías de reconocimiento facial e ir a contracorriente del norte del continente.
Se trata de una tecnología “altamente intrusiva”, que “obliga la recolección y almacenamiento de un dato sumamente íntimo, como es nuestro rostro”, junto a otros datos biométricos, se explica en el proyecto Reconocimiento Facial.Info que llevan adelante varias organizaciones sociales latinoamericanas.
Los datos biométricos son particularmente delicados: a diferencia de otros datos como la dirección o el nombre, no se pueden cambiar fácilmente. Son datos que remiten al cuerpo como signo identificador, desde el rostro y la huella dactilar, hasta la voz y forma de andar.
En América Latina y el mundo, los Gobiernos implementan estas tecnologías principalmente bajo la premisa que que servirá para prevenir delitos y capturar a personas en conflicto con la ley. Pero ahora también alegan que es necesaria para controlar la posibilidad de contagios de COVID-19 y cuarentenas en las ciudades, y para fiscalizar el tránsito entre países. Pues ya se utilizan tecnologías que son capaces de reconocer a personas con barbijo.
Sin embargo, el argumento de seguridad es desmentido por organizaciones de derechos humanos — entre ellas Privacy Savvy, que asegura que “más cámaras de videovigilancia no se traducen en menos delincuencia y más seguridad” — , y el de sanidad pública, para muchas, implica una vulneración continua al derecho a la privacidad.
Detrás del uso estatal de tecnologías de vigilancia a través de reconocimiento facial yace un gran dilema de proporcionalidad: ¿existe un equilibrio entre lo que el Estado necesita para, en este caso, darnos seguridad, y lo que nos quita, nuestro derecho a la privacidad?
¿Se justifica que la Policía monitoree a todos los que circulen por las ciudades constantemente, que obtengan datos biométricos, en pos de encontrar una determinada cantidad de personas en conflicto con la ley, ínfima en comparación a la población total vigilada?
El problema es que este dilema muchas veces no es siquiera planteado ni debatido en las sociedades. Cuando las hay, las regulaciones de este tipo de tecnologías son aprobadas sin discusión política. Los habitantes de las ciudades desconocen cuánto dinero se invirtió — porque la mayoría de las veces son compras secretas — , cómo funciona el algoritmo, o bajo qué protocolos se utilizan, porque no existen o no son públicos.
El paradigmático caso de Uruguay
Pese a ser uno de los países más seguros de la región, Uruguay avanza con fuerza el uso de reconocimiento facial con fines de seguridad en el espacio público. Desde 2010 el Ministerio del Interior (MI) apuesta por la videovigilancia. En 2019 contabilizaba más de 8.400 cámaras en todo el país que eran controladas por “visualizadores”, personas que se encargan de identificar a quienes circulan, pero en febrero de 2020 dio un salto y compró un software de reconocimiento facial para vigilar de forma automatizada.
Para poder cotejar los rostros captados por las cámaras, la cartera introdujo en la ley de Presupuesto Nacional 2020-2024 — promulgada en diciembre de 2020 bajo el Gobierno de Luis Lacalle Pou — , dos artículos que le permiten acceder a la base de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), donde está la información biométrica de todas las personas que tienen documento de identidad uruguayo.
Se trata de — tal como la DNIC dice en su descripción — , “el Banco de Datos más grande del país”, que a finales de 2020 fue hackeada. Según el MI, no se detectaron pérdidas de información, pero las organizaciones civiles advierten que nada indica que no hayan ocurrido otro tipo de acciones, por ejemplo, la copia de la base de datos.
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Más de 20 organizaciones de Uruguay y de la región enviaron una carta a la Cámara de Senadores de Uruguay pidiendo que se retiren los artículos del proyecto de Ley de Presupuesto.
“Resulta un hecho lamentable que el parlamento uruguayo, a pesar del gran nivel de sensibilidad de este tema y de la posible afectación de derechos humanos, haya aprobado esta ‘carta en blanco’ al MI. El asunto merece un debate parlamentario profundo y necesario, algo que fue imposible de lograr en el marco de una Ley de Presupuesto que incluyó más de 700 artículos de los más diversos temas”, escribió Patricia Díaz, coordinadora del el Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc) de Uruguay.
El caso estadounidense: reconocimiento facial en discusión
Las continuas denuncias y persistente preocupación por temor a violaciones de los derechos civiles, prejuicios raciales o denuncias de invasión de privacidad de las personas, llevó a unos siete estados y una veintena de ciudades estadounidenses — entre ellas San Francisco, Boston y Minneapolis — , a prohibir o poner límites al uso que hace la Policía del reconocimiento facial.
Los Gobiernos constataron que, por ejemplo, la tecnología confunde a personas latinas y afroamericanas con personas registradas en el sistema de prófugos, con el que se cotejan las imágenes obtenidas por las cámaras.
Ante la aplastante evidencia de la problemática, algunos gigantes tecnológicos suspendieron el uso y venta de tecnologías de reconocimiento facial a las fuerzas policiales.
En junio de 2020, Amazon se convirtió en la primera compañía en vetar a la Policía el uso de sus herramientas. En ese entonces alentó al Congreso estadounidense a promulgar salvaguardias contra el mal uso de la tecnología, tras enterarse de que la Policía la había estado usando, sin conocimiento público, para vigilar, procesar imágenes y arrestar personas durante las protestas antirracistas. Las empresas IBM y Microsoft adoptaron iguales medidas poco después, y por los mismos motivos.
El tema continúa en debate en el Congreso, y este 18 de mayo Amazon anunció que continuará con la prohibición por tiempo indeterminado.
¿Es peligroso el uso de reconocimiento facial en vigilancia?
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que la recopilación y el uso de datos biométricos sólo debe afectar a personas relacionadas con la delincuencia y no a la población en general.
Sin embargo, cuando las policías y otros organismos gubernamentales utilizan tecnologías de reconocimiento facial para vigilar el espacio público, recolectan de forma “masiva e indiscriminada” información altamente sensible, aseguran las organizaciones de derechos digitales.
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Entonces sí, puede ser peligroso porque, entre otras cosas, se vulnera el derecho a la privacidad; un derecho “esencial para el desarrollo de la personalidad y la protección de la dignidad humana”, según Naciones Unidas.
Según Reconocimiento Facial.Info, su uso implica un riesgo potencial en la creación de perfiles detallados de todas las personas, incluyendo sus rutinas. Con ello, uno de los peligros implícitos es que las bases de datos sean vulneradas, filtradas o robadas, “lo que equivale a despojar a todas las personas afectadas del control sobre su propio cuerpo”, advierten.
Pero quizá lo más riesgoso es que se trata de una tecnología con altas tasas de falsos positivos. Además, tiene sesgos: las identificaciones erróneas se incrementan drásticamente cuando las personas vigiladas no son hombres blancos. Quienes pertenecen a grupos históricamente vulnerados, como mujeres, trans y personas de piel oscura, son las personas que más padecen las fallas de este tipo de sistemas.
“Así, la implementación de sistemas de reconocimiento facial conlleva la reproducción técnica de los sesgos de exclusión social y, cuando son utilizados con fines de vigilancia, amenaza el derecho a la dignidad, al debido proceso y la presunción de inocencia”, aseguran las organizaciones.
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