Fuente: Mamela Fiallo Flor para Panam Post
La persecución legal contra simpatizantes del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, deberá llegar a su fin, por pedido de la Procuraduría General del Estado. Desde diciembre del 2020 la Policía Federal ha dejado en claro que no existen pruebas que vinculen a diputados y senadores oficialistas con los «actos anti-democráticos».
Por sus críticas a la «dictadura de la toga», el creciente poder de la rama judicial que ha perseguido penalmente a los los seguidores del mandatario brasileño. Por ejemplo, varios parlamentarios han sido privados de su libertad e investigados como presuntos delincuentes.
Luego de cinco meses de tener las pruebas de su inocencia, el fiscal general adjunto de la República, Humberto Jacques de Medeiros, pidió archivar los casos. El texto señala que las investigaciones de la Policía Federal no señalaron la participación de diputados y senadores en los presuntos delitos investigados.
«Esta inadecuada dirección de la investigación impidió la identificación de vacíos y los medios necesarios, adecuados y proporcionales para lograr su propósito, imposibilitó la delimitación del problema, e hizo que los pasos de todo el equipo policial aceptaran los alcances de registros e incautaciones”, escribió Medeiros en el dictamen.
Todos los parlamentarios investigados forman parte del partido que llevó a Bolsonaro al poder (PSL), sus nombres son:
- Alê Silva, diputado (PSL-MG)
- Aline Sleutjes, Diputada (PSL-PR)
- Arolde de Oliveira, senadora (PSD-RJ)
- Bia Kicis, Diputado (PSL-DF)
- Carla Zambelli, Diputada (PSL-SP)
- Caroline de Toni, MP (PSL-SC)
- General Girão, diputado (PSL-RN)
- Guga Peixoto, diputado (PSL-SP)
- Junio Amaral, diputado (PSL-MG)
La solicitud del fiscal general aplica para ellos. Sin embargo, también existen varias excepciones, como los casos de los diputados Daniel Silveira (PSL-RJ) y Otoni de Paula (PSC-RJ), ambos denunciados ante el Supremo. Sus expedientes no deberán ser archivados. Siguen en proceso.
El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinó que el diputado federal Daniel Silveira debía ser detenido la noche del martes 16 de febrero.
Pese a que el legislador contaba con inmunidad parlamentaria, en su decisión, Moraes definió que la orden podría ejecutarse “de inmediato y sin importar el tiempo, por tratarse de un delito flagrante de detención”.
Su «delito», según el magistrado, fue la divulgación de un video en el que el diputado defendió el cierre de la Corte Suprema.
Criticar el accionar del Supremo Tribunal Federal le ha costado la libertad a innumerables brasileños. Curiosamente, todos ellos son simpatizantes del presidente.
El poder judicial, encabezado por el Supremo Tribunal Federal (el equivalente brasilero de la Corte Suprema), emprendió una campaña que ha llevado a quienes más respaldan al mandatario a la cárcel, al exilio, a prisión domiciliaria e incluso al hospital tras amanecer inmóviles en su celda.
Tal fue el caso del periodista Oswaldo Eustaquio, fue detenido y apareció en su celda aparentemente parapléjico, con su quinta vértebra fracturada.
El detenido es presidente del Consejo Latinoamericano de Periodismo y acusa ser un preso político por denunciar un golpe contra Bolsonaro.
Lentamente ha recuperado el movimiento en sus extremidades, superando el temor de quedar permantemente inmóvil. El periodista fue trasladado al hospital como un criminal, esposado a la camilla.
Sus opositores llaman a Bolsonaro «dictador» y «fascista» pero, lo cierto es que el poder judicial ha pasado por encima del ejecutivo e incluso ha emprendido una campaña para perseguir a quienes lo apoyan.
Frente a esto muchos seguidores suyos incluso se han sentido abandonados.
En comunicación con PanAm Post, Sara Winter agradece y señala que la presión a nivel hispanoamericana logró presionar lo suficiente para lograr esta reacción.
Pese a que no existe una acusación formal en su contra, la activista provida ha sido privada de su libertad hace un año.
Por medio de redes sociales, hubo una campaña de apoyo para ella puesto que por el encierro no puede trabajar y el Supremo Tribunal Federal le negó acceso a redes sociales, con lo cual le impide generar ingresos y tiene un hijo pequeño al cual alimentar.
Hace un año que está bajo prisión domiciliaria y con un grillete en la pierna, por ello cree que no es coincidencia que justo ahora se haya pronunciado la Procuraduría General de la República.
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Explica que la solicitud de la PGR reduce la gravedad de la acusación en su contra y su caso podrá ser evaluado por un tribunal de primera instancia, lo cual permitirá que le quiten el grillete.
Si bien los medios masivos señalan que la medida aplica para poner fin a las investigaciones contra los legisladores investigados, Sara destaca que para quienes no tienen impunidad parlamentaria el PGR pide su libertad.
Indica que no hay un plazo para que el STF conteste. Pero ve con esperanza que el PGR se haya pronunciado. Pues significa que pronto podrían recuperar su libertad.
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