Fuente: RealPolitik.com.ar
En primer lugar, los Vitale se fundaron en el artículo 200 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina que refiere al delito de intimidación pública. “Esto se ve configurado porque la mecánica utilizada por el gobierno nacional y el ministerio (de Salud) es crear miedo, aumentar los contagios y las muertes sin rigor científico, sin aplicar medicina tradicional en estos casos. La cual refiere al análisis clínico del paciente, a su contención e informar adecuadamente a la población”, explicaron.
“Dando soluciones contra la salud integral de las personas. Dicho miedo produce baja de defensas en las personas, aumento de otras patologías, aparición de cuestiones psiquiátricas y psicológicas, demora en prevención de enfermedades, suspensión de tratamientos preexistentes”, agregaron. En cuanto al “envenenamiento por medicinas”, indicaron: “En caso de confirmarse que las vacunas son experimentales y que no se le ha dado a la población la debida información al respecto. No solo sobre su fase experimental sino sobre sus graves consecuencias por inoculación, también se encontraría configurado este delito”.
La violación de los deberes de funcionario público fue otro de los presuntos delitos que atribuyeron a Alberto Fernández, Carla Vizzotti y Ginés González García. “Han tomado medidas extremas que restringen derechos y garantías constitucionales como ser: transitar, trabajar, estudiar, a la salud misma, reunión y demás. Sin tener un debido fundamento y asesoramiento científico, convocando a distintos médicos que no tienen la misma posición que el gobierno nacional pero que han sido cercenados en su libertad de expresión que pudieron o podrían evitar males mayores para la sociedad Argentina”, argumentaron.
Por otra parte, entre los interrogantes que se planteó la parte que busca constituirse como querellante, esgrimieron en el expediente judicial: “¿Las medidas de restricción favorecen la disminución de contagios?”. De esta manera, objetaron: “Desde el mes de Marzo de 2020 se nos ha intimidado con el miedo y el terror hacia toda la ciudadanía, privándoselos de absolutamente todos los derechos inalienables pero a su vez, generándoles otro tipo de enfermedades propias del encierro y el aislamiento. Como así también han generado un detrimento patrimonial a la Nación y a cada uno de los habitantes de este país, llevando a un porcentaje altísimo a niveles de pobreza, indigencia y desempleo nunca visto”.
En tanto, también cuestionaron las evidencias científicas con las que se cuenta hasta al momento para implementar el barbijo en espacios abiertos, cerrados, en niños y en adultos. “¿Cómo es posible que el gobierno, cuando se le pregunta la tasa de mortalidad en relación al año 2019, recién se tendrán en diciembre de 2021? ¿De qué forma se pueden aplicar medidas y acciones careciendo de estadísticas veraces? Día tras día se cambia de opinión sobre las acciones a realizar pero siempre privando a la población de sus derechos inalienables”, señalaron en la presentación judicial radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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