Por Daniela Carrasco – gaceta.es

El jueves 10 de junio, el Ministerio de Salud chileno anunció que su cartera decidió poner a la Región Metropolitana, y otras 7 comunas del país, en completa cuarentena por el aumento de contagios de covid-19. No obstante, Chile se ha posicionado como uno de los países que lidera el proceso de vacunación, por lo que continuar restringiendo las libertades se presenta como contraproducente.

Esto podría vaticinar que, ad portas del término del período de estado de excepción decretado por el presidente chileno, se pueda prorrogar nuevamente por 3 meses y los chilenos continúen presenciando el giro autoritario del gobierno en un año profundamente electoral.

Las libertades de los chilenos se han visto drásticamente restringidas. El 18 de marzo de 2020, el presidente Sebastián Piñera decretó “Estado de catástrofe”, uno de los cuatro estados de excepción establecidos en la Constitución aún vigente. En un inicio, esto permitió que se cerraran las fronteras a extranjeros, imponer cuarentena obligatorias a todo viajero que retorne al país –las que se cumplían en el propio domicilio- y toque de queda a todo el territorio nacional. Asimismo, esta herramienta constitucional permitió al gobierno financiar ayudas sociales y económicas por las numerosas pérdidas de empleo producto de la revuelta del 18-O de 2019, las que se agravaron con la pandemia.

En consecuencia, el país lleva más de un año con toque de queda, el que se ha modificado en varias ocasiones su horario de inicio. En un momento, empezaba a la media noche. Luego se alargó su duración y comenzó a las 21 horas. En la actualidad, el toque de queda inicia a las 22 horas y finaliza a las 05:00 horas del día siguiente.

Por otro lado, se presentó el plan “Paso a paso” -que establece 5 etapas para que cada comuna retorne a la normalidad bajo normativas sanitarias- que tiene como propósito otorgar libertades progresivamente, según cómo se controlen los contagios. A su vez, se estipuló que ninguna comuna podría permanecer más de 4 semanas en cuarentena para no afectar la economía y el empleo, pero esto en la práctica no se ha cumplido.

La Región Metropolitana, que concentra un poco más de 7 millones de habitantes, desde este sábado 12 de junio vuelve en su totalidad a la Fase 1, que impone confinamiento obligatorio. Las personas pueden obtener dos permisos semanales para realizar compras de insumos básicos, por un periodo máximo de 2 horas. Empero, numerosas comunas de la capital de Santiago están en cuarentena desde finales del año pasado, pasándose a llevar la normativa impulsada desde el Ejecutivo.

Igualmente, en el comunicado por parte de la cartera de Salud, se señaló que las fronteras se mantendrán cerradas hasta el 30 de junio. Esta medida fue decretada inesperadamente a comienzos del mes de abril del presente año, e incluso establece que chilenos y extranjeros residentes no pueden salir del país sin la autorización del Estado chileno.

Solo se otorga permiso exclusivo a los viajes que tengan carácter humanitario, por motivos de salud o aquellos chilenos o residentes que emigran del país. Al retorno, todo viajero deberá hacer cuarentena obligatoria en una residencia sanitaria durante 10 días, a pesar de contar con PCR negativo, y el costo de su estadía en la residencia lo debe asumir el propio viajero, que supera los $1.000 USD.

La restricción de libertades, además, preocupa en el contexto de un año fuertemente electoral para el país. En las pasadas mega-elecciones del 15 y 16 de abril, la participación electoral fue preocupantemente baja, pues solo el 41% del electorado asistió a las urnas. Situación que probablemente se repita, con mayor abstención, este domingo 13 de junio en las segundas vueltas de los Gobernadores Regionales. En el caso de la Región Metropolitana se disputará el cargo entre Claudio Orrego (Democracia Cristiana) y Karina Olivo (Frente Amplio).

El anuncio del Ministerio de Salud ha vuelto a instalar la idea de que Chile está pasando por una “Dictadura Sanitaria”, tal como lo señaló el exministro de Salud, Jaime Mañalich, en septiembre de 2020. Mañalich, lideró la cartera de Salud en la primera etapa de la pandemia, no obstante, reconoce que por excusas sanitarias se han pasado a llevar fuertemente las libertades de los chilenos.

La idea de una “Dictadura Sanitaria” es compartida por varios sectores dentro de las derechas chilenas. Por ello, la UDI llama a terminar con las cuarentenas porque afecta a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y ha señalado que están evaluando rechazar la extensión del estado de excepción en el Congreso, que finaliza este 30 de junio.

El Partido Republicano también ha apostado por esta línea, pues el candidato presidencial, José Antonio Kast, afirmó que no es aceptable que toda la Región Metropolitana vuelva a cuarentena, enfatizando que “llegó la hora de terminar con esta verdadera dictadura sanitaria que está ahogando el emprendimiento, liquidando negocios, impidiendo los aprendizajes y estancando el país”.

Estos dichos se han sumado al polémico viaje del presidente Piñera al extranjero, mientras 19 millones de chilenos continúan encerrados en sus casas. Por este motivo, el presidente postergó su gira por Europa  -que contemplaba reuniones con el Papa Francisco en el Vaticano, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson; en el Reino de España con el Rey Felipe VI y el presidente del gobierno Pedro Sánchez; en Francia con el presidente Emmanuel Macron; y en Ginebra con altas autoridades de oficinas de las Naciones Unidas – para evitar manifestaciones en su contra.

Claramente, la pandemia es una situación difícil de controlar y, sin duda, uno de los roles de los gobernantes es tratar de paliar esta situación. No obstante, pasar a llevar las libertades civiles y económicas no parece ser el camino, en especial cuando en Chile más del 45% de la población se ha vacunado. A su vez, a pesar que el Gobierno decrete cuarentenas estas en la práctica no se cumplen, pues hay necesidades básicas, como trabajar, que se deben cumplir.

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