Por Sabrina Martín Rondón – El American
Una nueva demanda pesa sobre la administración de Joe Biden por ordenar que se reduzcan las detenciones contra migrantes ilegales con «delitos menores».
Un grupo de alguaciles y agentes activos de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) demandaron a la administración demócrata por impedirles detener y deportar a “ciertos extranjeros ilegales”. Aseguran que los nuevos requisitos establecidos por el Gobierno “son ilegales e inconstitucionales”.
“El alivio que buscamos es que la Corte ordene a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional que simplemente sigan la ley”, dijo el abogado principal Kris Kobach después de presentar la demanda en el Tribunal Federal de Galveston el 1 de julio.
Aseguran que un Memorando del 18 de febrero ordena a los oficiales de ICE a “violar términos específicos de la ley federal de inmigración”.
Los alguaciles de Texas que se unieron a la demanda alegan que “ya no pueden presentar a los extranjeros ilegales arrestados por actividades delictivas a ICE para su expulsión”.
La demanda sostiene que “muchos extranjeros ilegales extremadamente peligrosos que habrían sido detenidos antes del Memorando del 18 de febrero ahora no están siendo detenidos, en contra de los deseos de los oficiales de ICE que buscan detenerlos, y en violación de las leyes federales que requieren su detención y/o expulsión”.
Según la ley de inmigración, cualquier persona que se encuentre en el país sin un estatus legal puede ser deportada, pero bajo la administración de Biden-Harris no se cumple esta normativa y, por el contrario, se establecieron prioridades sobre a quién se puede o no detener.
Para el Gobierno demócrata si un inmigrante ilegal solo cometió «delitos menores», no merece ser deportado ni detenido, a menos que cumpla con las nuevas directrices de haber ingresado recientemente.
El pasado 18 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ordenó a los oficiales de ICE que se concentraran en solo tres grupos prioritarios de inmigrantes ilegales, incluidos los considerados como amenazas a la seguridad nacional, como terroristas conocidos o presuntos; aquellos que cruzaron la frontera ilegalmente después del 1 de noviembre de 2020; y los que son considerados como una amenaza a la seguridad pública condenados por delitos graves agravados o miembros de pandillas.
La demanda describe varios casos proporcionados a través de una declaración jurada por agentes de ICE que se vieron obligados a liberar a delincuentes extranjeros ilegales en la comunidad.
Parte del trabajo de ICE es rastrear y remover a los 672,000 fugitivos a quienes un juez federal de inmigración ordenó detener pero que aún se encuentran en los Estados Unidos.
Pero la nueva directiva del DHS dice que los agentes del ICE primero deben obtener la autorización de los supervisores si se encuentran con inmigrantes ilegales que no son criminales condenados durante las operaciones.
Ahora que el ICE no tiene como prioridad detener a migrantes con delitos menores, se registró un mínimo histórico de 2,962 deportaciones en abril, en comparación con un promedio de 8,634 deportaciones de inmigrantes ilegales por mes durante el año fiscal 2020.
ICE: liberan a agresores sexuales y micro traficantes de droga
La demanda de los agentes reseña un caso en el que los oficiales del ICE buscaron la aprobación para arrestar a un extranjero ilegal deportado dos veces que además había sido condenado por agresión sexual contra un niño. La gerencia del ICE rechazó la solicitud y debió liberarlo.
Otro caso relatado en la demanda señala que la policía local inició el arresto de un extranjero ilegal deportado dos veces por vender heroína. Sin embargo, funcionarios no obtuvieron la aprobación para detenerlo y se vieron obligados a dejarlo libre.
La demanda arguye que los oficiales del ICE se ven obligados a elegir entre seguir el Memorando del 18 de febrero o seguir las leyes federales.
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