Por Rodrigo Saldarriaga – gaceta.es
La elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), para reemplazar a los seis tribunos con mandato vencido, ha provocado un enfrentamiento entre el Congreso de la República, que tiene entre sus prerrogativas constitucionales la ejecución de este procedimiento, y el Poder Judicial, luego que la jueza Soledad Amparo Blácido Báez ordenó suspenderlo provisionalmente en atención a una demanda cautelar y acción de amparo que presentó el abogado Walter Ayala para paralizarlo, pues considera que el proceso debe ser anulado.
La demanda pide la nulidad de todos los actos realizados en el Parlamento y la comisión especial, así como la convocatoria de los plenos para los días miércoles 7 y jueves 8 de julio -fechas en las que se incluyó oficialmente el debate para votar la selección de los nuevos miembros del TC entre los quince candidatos que superar las etapas del proceso de la comisión especial- y cualquier otro acto parlamentario que tenga como finalidad “nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional hasta que sea el nuevo Parlamento quien lleve a cabo dicha tarea”.
A pesar de esta resolución judicial, el Congreso inició la mañana de este miércoles la sesión plenaria para elegir a los magistrados del TC, pues la Junta de Portavoces acordó continuar con el proceso de designación de los nuevos integrantes del tribunal.
“Me parece una decisión cuestionable que tiene una clara injerencia de una de las atribuciones del Congreso. Nos parece que adolece de motivación, no ha valorado el principio separación de poderes. Es una decisión que genera un precedente peligroso para la labor del Congreso. Eso se defiende”, dijo durante su intervención en el Pleno la presidenta del Legislativo, Mirtha Vásquez, quien bajó a su escaño para cuestionar la decisión del Poder Judicial, aunque también aseguró en que no se debería desacatar los mandatos judiciales porque “estamos jugando con el Estado de derecho”, y “el Poder Legislativo no está exento del control [constitucional]”.
En esa línea, Walter Ayala, expresidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL), advirtió que si el Congreso rechaza la resolución sobre la suspensión de la elección de magistrados del TC, cometería el delito de desacato.
“Si los congresistas llevan adelante la elección cuando el juez está diciendo que no, entonces estarían cometiendo delito de desacato y en flagrancia. Cuando hay flagrancia, un congresista puede ser detenido y no solo eso, puede ser hasta condenado. Estos señores se están ganando un problema por desconocimiento jurídico”, dijo a Radio Programas del Perú.
Frente Amplio y Partido Morado se oponen a elección
Las bancadas del Frente Amplio (izquierda) y el oficialista Partido Morado (centroizquierda) han sido acusados por sus colegas de “petardear” el trabajo de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos aptos para la elección de magistrados al TC.
En un audio publicado recientemente en su cuenta de Twitter, el congresista Ricardo Burga (Acción Popular), hizo un llamado a “los peruanos de bien” para que respalden al Congreso en la elección de los nuevos magistrados, señalando la importancia de este proceso.
“Somos conscientes que la izquierda y el Partido Morado quieren impedir esta elección a toda costa a fin de que la ola comunista se apodere del Perú”, sostuvo.
La izquierda teme perder el control político del TC
Esta jugada, que, de acuerdo a algunos analistas políticos, vendría de la izquierda, se habría dado en desesperación tras conocerse que el perfil de la mayoría de juristas que integrarían el próximo TC sería conservador, muy crítico a la implementación de políticas “progresistas” como el matrimonio gay y el aborto -que siguen detenidos en procesos judiciales- y, sobre todo, afín a partidos de derecha como Fuerza Popular.
“La izquierda teme perder el control político del órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, que es el TC”, opina Hugo Guerra, abogado y analista político.
De acuerdo a Guerra, la denominada “izquierda caviar” -término que se refiere a los burócratas de izquierda que tienen una posición socioeconómica acomodada- está en contra de la renovación de los magistrados del TC porque perdería su hegemonía en el sistema que le tomó tanto tiempo infiltrar para apalancar su proyecto ideológico.
“La reticencia y las manipulaciones judiciales vienen esencialmente de la izquierda caviar, como llamamos en el Perú. Es el lado de la política peruana que está en contra de una renovación del TC, puesto que ese órgano, por la mayoría izquierdista que tiene, ha venido jugando en pared, avalando todos los actos irregulares desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pero, sobre todo, con el gobierno de Martín Vizcarra, al punto que estos miembros, que han excedido su mandato, fueron quienes validaron el golpe de estado que dio Vizcarra en setiembre de 2019 al cerrar el Congreso. La izquierda no quiere perder su poder en el sistema judicial, fiscal ni en el Tribunal Constitucional. La alianza entre la izquierda marxista y la izquierda gramsciana quiere impedir a toda costa un Tribunal Constitucional independiente y desvinculado a sus ideologías”, asegura.
Según Alberto Gonzáles Cáceres, abogado por la Universidad de Lima y máster en Bioética y Biojurídica por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, por la celeridad en que se admitió la demanda y se concedió la medida cautelar, es válido presumir que ha habido un “direccionamiento” y “manipulación” para detener el funcionamiento del Congreso y su prerrogativa constitucional de elegir a los miembros del TC. Pero, lo más importante, evidencia la politización del Poder Judicial, de larga data.
“Un poder del Estado no puede interferir en las actividades o acciones que le competen al otro. Es competencia del Congreso de la República la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Lo que ha sucedido con esta demanda, que ha emitido una jueza supernumeraria completamente prevaricadora, porque va más allá de las facultades que tiene un juez, pues viola la Constitución al tratar de sujetar o coaccionar la libertad que tienen los congresistas en atributo de mandato constitucional. Pero esto va más allá, porque lo que estamos viendo es la politización del Poder Judicial, una situación que ya habíamos denunciado hace más de dos años, a propósito de la demanda que hicimos como colectivo ‘Padres en Acción’ contra el currículo educativo que distorsionaba la educación de los niños y adolescentes peruanos e incorporaba la ideología de género, y de alguna manera también, impedía el ejercicio de la libre potestad que tenemos los padres de educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestras creencias. En esa oportunidad, nosotros advertimos que lamentablemente el Poder Judicial está secuestrado políticamente por un grupo ideológico, por la izquierda progre, la izquierda caviar, quienes, a través de mecanismos de carácter legal, han logrado colocar jueces protegidos por un órgano superior, la Junta Nacional de Justicia, que evita que sean sancionados, y expectorar del Poder Judicial, Ministerio Público, etcétera, a personas que no sean favorables a su pensamiento. Lo que nosotros denunciábamos en el 2019, hoy en día lo vemos de manera concreta. Este secuestro ideológico de los juzgados constitucionales favorece a las demandas con tintes izquierdistas o liberales progresistas, en desmedro de aquellas que vienen de personas que se juzgan como de derecha o conservadores, que terminan siendo rechazadas. Bajo esa mirada, no tiene más sentido litigar en el Perú. Lo que ha ocurrido es escandaloso. Han presentado la demanda el día jueves de la semana pasada, y en tres días han admitido la demanda y han concedido una medida cautelar. Eso es completamente vergonzoso e irregular. Normalmente, cuando uno presenta una demanda de amparo, un juez demora en calificarte la demanda por lo menos un mes. En este caso esta se concedió en cinco días. Una medida cautelar te demora seis meses. Esta ha sido concedida en horas. No cabe duda que podemos presumir con bastante seguridad que ha habido un direccionamiento, una manipulación, para lograr esa medida cautelar para detener el funcionamiento del Congreso y su prerrogativa de elegir a los miembros del TC”, asegura.
Congreso suspendió sesión y reanudará este jueves
Con 61 votos a favor, 13 en contra y 5 abstenciones, el Pleno del Congreso acordó continuar el debate para elegir a seis nuevos tribunos este jueves 8.
El pedido fue solicitado por el congresista Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso) al ver que no se había logrado consenso para lograr la elección de algunos de los postulantes seleccionados por una comisión especial del Parlamento.
Los postulantes deben lograr 87 votos para ser elegidos como magistrados del Tribunal Constitucional.
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