Por Mauricio Ríos García – gaceta.es
Es definitivamente interesante lo que está sucediendo en Bolivia. La semana pasada Arce Catacora decidió dirigirse a la nación boliviana en la cadena nacional por primera vez desde que asumió el máximo cargo del país en noviembre de 2020.
Las expectativas sobre lo que anunciaría fueron creciendo durante las dos horas y media de retraso para entrar al aire, pues las dificultades para encarar la crisis, tanto de la pandemia como de la economía, crecen con el pasar de los días. Hay escasez de vacunas y las pocas a incipientes señales de mejora económica se derivan únicamente del abandono de los confinamientos masivos y forzosos.
Sin embargo, Arce solamente anunció que ya llegarían las vacunas prometidas hace meses, y que en el entretanto algunas primeras dosis podían ser aplicadas como segundas, y algunas segundas como primeras, y que se vacunaría a todo aquel que tenga más de 18 años.
Y no solamente eso, sino que inmediatamente después intensificó la persecución política añadiendo causas contra la expresidenta Jeanine Añez y su exministro de Justicia, Álvaro Coimbra, y además ha decidido mandar a detener a otros dos excomandantes (ya han detenido a seis) de las Fuerzas Armadas: el almirante Gonzalo Jarjuri Rada, de la Armada, y el general Jorge Gonzalo Terceros Rada, de la Fuerza Aérea.
El Gobierno de Arce también ha detenido a siete jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista, y vuelve a perseguir al líder cocalero opositor de Los Yungas, Franklin Gutiérrez, al exviceministro del Tesoro y Crédito Público del gobierno de Añez, Carlos Schlink, y probablemente también apresen más adelante a Rosario Baptista, vocal del Tribunal Supremo Electoral, por afirmar que existe al menos un millón de votos falsos en el padrón electoral.
Como dato curioso, en estos días también se ha tenido conocimiento que el exgeneral durante el Gobierno de Morales –y afín a su ideología-, Williams Kaliman, se ha dado a la fuga, pues guardaba prisión preventiva.
De forma simultánea, las declaraciones tanto de Morales, como de García Liera, el exministro de Defensa, Javier Zavaleta, son contradictorias entre sí en varios puntos.
En este mismo sentido, este jueves 8 de julio, el actual canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, acusó al Gobierno de Mauricio Macri de haber enviado material presentando una nota remitida por el general Jorge Terceros a Normando Álvarez García, embajador argentino en Bolivia en 2019, en la que agradece la provisión “munición letal para romper el orden constitucional en Bolivia”.
Al respecto, Alberto Fernández pidió disculpas a Arce “por la colaboración del Gobierno del Presidente Mauricio Macri con las fuerzas que perpetuaron el Golpe de Estado contra el Gobierno Constitucional del presidente Evo Morales”.
Desde luego, Arce Catacora siguió en la misma línea: «Repudiamos el apoyo del gobierno del expresidente de Argentina», escribió en Twitter.
No obstante, cabe destacar el hecho de que Mayta afirma en su carta de denuncia, que el envío que habría hecho el gobierno de Macri fue de “material bélico”, pero en la misma carta se refiere a gases lacrimógenos.
Más aún, el general Terceros puso en conocimiento público su carta de renuncia, que data del 12 de noviembre de 2019, poniendo en evidencia que la carta de agradecimiento que habría enviado data del 13 de noviembre, y que, por tanto, sería falsa.
Si la denuncia de Mayta no se comprueba, al haber pedido perdón al gobierno de Arce por lo que habría hecho Macri en ese entonces, Luis Arce y Alberto Fernández podrían haber empezado a causar serios conflictos diplomáticos entre ambos países.
De hecho, tanto Álvarez García como Patricia Bullrich, ministra de Seguridad durante el gobierno de Macri, lo han confirmado. El primero ha dicho “en ningún momento la Embajada Argentina en Bolivia, cuando yo la presidía, recibió ningún pedido de esta índole (material) y la nota publicada (por Mayta) nunca fue recibida por mí».
Y Bullrich ha afirmado que “se hizo todo lo contrario a lo que manifiesta el presidente Fernández: se ayudó a los funcionarios de Evo Morales, se resguardó la Embajada Argentina y a los periodistas que estaban bajo el asedio de los manifestantes. Nunca pasó por mis manos pedido alguno de material para la Fuerza Aérea Boliviana”.
Desde luego, todo esto complica la credibilidad del gobierno de Fernández sobre el caso de manera significativa, sin mencionar el refugio que otorgó a Morales, García Linera y Montaño antes de que retornaran a Bolivia.
En definitiva, y como se advirtió, a la vez que intensifica la persecución política -probablemente porque es incapaz de encarar la severa crisis que el país atraviesa-, el al gobierno de Arce se le hace cada vez más difícil sostener la narrativa de que la rebelión pacífica ciudadana de finales de 2019 fue un golpe de Estado contra Morales y el Movimiento al Socialismo.
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